La reunión de la Convención de Cambio Climático celebrada recientemente en Argentina es una buena oportunidad para poner de relieve el tema de los bosques y las plantaciones forestales en América Latina. Es por ello que hemos destacado ese tema en esta edición del Boletín, incluyendo algunos ejemplos representativos de los problemas y las luchas que se están dando en nuestra región.
El doble discurso de los gobiernos está ejemplificado –aunque no exclusivamente- por Brasil. En tanto aboga por la protección de los bosques en los foros internacionales, sus políticas y acciones a nivel interno siguen provocando ulteriores pérdidas de bosques. La migración hacia los bosques, la sustitución de bosques por agricultura y ganadería, los incendios forestales, la construcción de represas hidroeléctricas y el madereo ilegal, que el propio gobierno ha promovido, siguen sin disminuir. Su discurso a nivel internacional pertenece a una realidad virtual, que poco tiene en común con lo que está pasando realmente a nivel de terreno.
Las plantaciones forestales a gran escala –una de las soluciones más preciadas por los tecnócratas para enfrentar el cambio climático- están recibiendo una creciente oposición por parte de las poblaciones locales afectadas por sus impactos sociales y ambientales, así como por parte de la mayoría de las ONGs ambientalistas. Las luchas contra este modelo están multiplicándose desde México hasta Argentina, pero los gobiernos parecen sordos y mudos frente a esta oposición. “Estamos mejorando el ambiente” dicen; “estamos plantando bosques y contrarrestando el efecto invernadero” agregan. Los impactos sobre la gente, el agua, los suelos, la biodiversidad son rápidamente descartados, como datos no comprobados científicamente. Apoyados por instituciones multilaterales de desarrollo, agencias de ayuda bilateral, consultoras y proveedores de maquinaria del Norte, los gobiernos de América Latina subsidian en grado creciente a las transnacionales de la madera con dinero de los contribuyentes –tanto del Norte como del Sur- para así aumentar el área de monocultivos forestales con especies de rápido crecimiento. En la mayor parte de los casos, esta política provoca la sustitución de ecosistemas forestales por plantaciones (transformándose así en causa directa de la deforestación). En otros países, especialmente aquellos localizados en las áreas templadas, como es el caso de Uruguay y algunas zonas de la Argentina, las plantaciones sustituyen a las praderas, lo que implica la completa destrucción del ecosistema nativo de pradera.
Los proyectos de “desarrollo” promovidos por los gobiernos, terminan por provocar ulterior deforestación y degradación de los bosques. La mayoría de las veces el único cambio visible ha sido incluir la palabra “sustentable” en el mismo tipo de proyectos que en el pasado han demostrado ser negativos para los bosques.
Las selvas de Guyana y Surinam, por ejemplo –que se incluyen entre las mejor preservadas del continente- están siendo destruidas por companías mineras y madereras extranjeras, mediante concesiones otorgadas por sus respectivos gobiernos, sin la correspondiente aprobación y con la oposición de los pueblos indígenas y otras comunidades locales que luchan por la preservación de esos bosques.
Continúa en la región la destrucción de los manglares –también apoyada por los gobiernos- a manos de la industria camaronera, con el fin de aumentar las exportaciones que permitan al país obtener divisas para pagar los préstamos concedidos por las instituciones internacionales de crédito. A las poblaciones locales, cuya vida material depende en gran medida de los productos obtenidos de los manglares, se les prohibe el acceso a los mismos y lo único que reciben es un ecosistema completamente degradado cuando las granjas camaroneras son abandonadas.
La extracción de petróleo y la creciente explotación de gas están siendo promovidas en América Latina, tanto a nivel gubernamental como por parte de instituciones multilaterales. Ello implica la destrucción de los bosques y de los medios de vida de la gente, además de contaminación del agua y del aire y pérdida de biodiversidad. Las comunidades locales se están oponiendo a esta actividad y existen ya numerosos casos de luchas para frenarla. Entre ellos deseamos destacar la exitosa acción de los indígenas Cofanes en el Ecuador (ver articulo al respecto en esta edición), quienes recientemente clausuraron un pozo petrolero ubicado en su territorio.
La deforestación está agravando las consecuencias de los desastres naturales. La tragedia que recientemente afectó a Honduras y Nicaragua con el paso del huracán Mitch, pudo haber sido mucho menor si no hubieran desaparecido los bosques por acción de la tala. Los gigantescos deslizamientos de barro y las mortales inundaciones fueron el resultado de años de deforestación. El aclareo de tierras forestales en la región es siempre resultado directo o indirecto de las políticas gubernamentales y no –como ellos intentan mostrarlo- consecuencia de la ignorancia y la pobreza. Injustas políticas de tenencia de tierras, la promoción de la talarrasa y la eliminación de los bosques para dar lugar a actividades “más productivas”, orientadas a la exportación, así como otras medidas que conducen a la deforestación, son el resultado del “desarrollo” que los gobiernos impulsan.
La apertura de carreteras, ahora reconocida como una de las más importantes causas subyacentes de la deforestación, sigue siendo promovida tanto por los gobiernos como por las agencias multilaterales. En Ecuador, por ejemplo, una vasta zona de bosque primario, perteneciente a los indígenas Chachi, será pronto afectada por un nuevo tendido carretero que unirá la región con el sur de Colombia y con otras provincias ecuatorianas.
Incluso en aquellos casos en que los gobiernos parecen finalmente haber decidido proteger los bosques, creando reservas, ellos mismos rompen sus propias reglas toda vez que la política económica decide que la economía viene primero que la conservación. Tal es el caso de la lucha de un conjunto de comunidades locales en Venezuela, que están luchando por proteger la reserva forestal de Imataca. La misma está siendo destruída por el gobierno para exportar electricidad al Brasil y para producir energía barata para las compañías mineras, que habrán de completar la obra de aniquilamiento del bosque.
Los pueblos indígenas están bregando en América Latina para que sus territorios sean oficialmente reconocidos, lo que sería un paso fundamental para asegurar la conservación de los bosques. Su lucha ha conseguido exitos importantes en casos específicos, pero casi siempre en el marco de una falta de voluntad política oficial y con frecuencia debiendo afrontar una violenta oposición por parte de intereses económicos locales y transnacionales.
En términos generales, tanto la protección de los derechos humanos de las comunidades locales como la conservación de los bosques y otras actividades, siguen siendo actividades peligrosas en el continente latinoamericano. La larga lista de personas asesinadas por su involucramiento en estas actividades crece año a año y lamentablemente debemos informar que este Boletin recoge información sobre recientes asesinatos en Colombia.
En este contexto existen, sin embargo, signos positivos. Tanto a nivel de países como a nivel internacional, cada vez son más quienes realmente se dan cuenta de la vital necesidad de proteger los bosques y están haciendo algo para apoyar los derechos de los pueblos que en ellos habitan y de ellos dependen, como forma de alcanzar dicho propósito. A nivel local, más y más comunidades se están poniendo de pie para defender sus derechos y sus bosques. Si bien el discurso oficial está claramente divorciado de sus acciones, el propio hecho de que los gobiernos hayan adoptado ese discurso señala claramente que la situación es propicia para inaugurar un tiempo de cambios.