La apertura de Guyana a las compañías extranjeras iniciada a mediados de la década de 1980 ha dado lugar a un proceso de destrucción de sus bosques tropicales (hasta entonces un raro caso de ecosistemas virtualmente intocados), ignorando por completo a los pueblos amerindios que han habitado esas selvas durante siglos, utilizando sus recursos en forma sustentable. Este proceso continúa, en desmedro de los intereses de los bosques de Guyana y de los pueblos indígenas, quienes están llevando adelante acciones para revertir dicha situación.
El 2 de noviembre pasado, el gobierno de Guyana y la compañía minera Vannessa Ventures Ltd., con sede en Vancouver, Canadá, firmaron un acuerdo por el que se garantiza a Vannessa el acceso a más de dos millones de hectáreas de tierras en las que realizarán, durante los próximos dos años, prospecciones geofísicas y geológicas en busca de fuentes de oro y diamantes. Ese territorio incluye la cordillera Kanuku, densamente poblada de bosques, y alcanza la cuenca alta del Río Corentyne, ubicada en la frontera con Surinam, al este de Guyana. El área es parte del territorio ancestral de los pueblos Wai Wai, Wapisiana y Macusi. Los mismos han objetado duramente la apertura de sus tierras a cualquier compañía minera o maderera y están reclamando el reconocimiento legal y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales. El área se superpone también a la superficie asignada para la creación de un Parque Nacional, en el marco de un Sistema Nacional de Areas Protegidas a ser implementado en el país.
El Primer Ministro de Guyana señaló que, si bien la Comisión de Geología y Minas tiene autoridad legal para otorgar permisos de explotación de todo tipo de minerales –incluyendo aquellos cuyos yacimientos se encuentran en territorios indígenas- el gobierno ha adoptado una política según la cual primero debe obtenerse el permiso expreso de las comunidades afectadas. Tal posición puede parecer positiva y progresista respecto de los derechos de los indígenas. No obstante, varios aspectos quedan en el tintero y mueven a preocupación.
Dado que la política señalada no está institucionalizada en una ley, no existe apoyatura legal como para suponer que la misma no será ignorada por la Comisión de Geología y Minas, tal cual ha sucedido en el pasado. Por otra parte, las tierras sobre las que los amerindios poseen títulos de propiedad constituyen sólo una pequeña parte de auqellas sobre las cuales los pueblos indígenas de Guyana han reclamado derechos. Hoy en día, los poblados indígenas han recibido títulos solamente sobre una cuarta parte del área recomendada por la Comisión de Tierras –establecida en 1967 de acuerdo con una condición establecida legalmente para que el país obtuviera su independencia- y sobre aproximadamente un séptimo de la superficie que los propios amerindios han identificado como suya.
La incapacidad del gobierno para abordar el tema de los derechos territoriales indígenas está causando problemas también en relación con el establecimiento de un sistema de áreas protegidas. Varias comunidades –como las Patamona y Rupununi- ha rechazado la creación de Parques Nacionales en sus tierras hasta tanto sus derechos territoriales sean totalmente reconocidos por las autoridades nacionales.
El pleno reconocimiento de los derechos que los amerindios tienen sobre sus tierras es una medida imprescindible para detener las actividades depredadoras de las compañías mineras multinacionales (mayormente canadienses) y las compañías madereras asiáticas que operan en el país. El caso de Vannessa es tan sólo un ejemplo de tal estado de cosas. Los pueblos indígenas de Guyana se han movilizado mucho con ese propósito. Por ejemplo, en octubre de 1997, todos los líderes comunitarios de los pueblos Wai Wai, Wapisiana y Macusi formaron el Consejo Amerindio de Touchau de la Región 9, para defender sus territorios ancestrales de las empresas mineras y madereras. El mes pasado, seis líderes aborígenes Akawaio y Pemón, del Alto Mazaruni, presentaron ante la Alta Corte de Guyana la primera demanda en la historia del país por derechos territoriales. “Nuestras comunidades han estado solicitando la titulación de estas tierras, que reconocemos como nuestras, desde que la Comisión de Tierras amerindias visitó nuestras comunidades en 1967. Desde entonces hemos intentado en muchas ocasiones discutir el problema, siempre infructuosamente” se lee en el escrito presentado a la Corte. El tiempo de la paciencia parece haberse agotado. Ahora es tiempo de acción.
Fuentes: Guyana Information Update, Forest Peoples Programme, 5/11/98 and 13/11/98.