En el Boletín nro. 14 del WRM (Agosto de 1998) informábamos sobre el bloqueo de la carretera Venezuela-Brasil por parte de un grupo de indígenas de las regiones de Imataca y la Gran Sabana, con el fin de frenar el tendido de una línea eléctrica de alto voltaje (Macagua II-Santa Elena de Uairén), que
está realizándose a través de la Reserva Forestal de Imataca. Es ésta un área especialmente vulnerable y rica en biodiversidad, amenazada por proyectos de minería promovidos por el controversial Decreto nro. 1850, que ha sido muy resistido por comunidades indígenas, ONGs ambientalistas y el sector académico (ver Boletín del WRM nro. 12).
A pesar de los esfuerzos realizados frente a sucesivos gobiernos para que se reconozcan sus derechos sobre los territorios ancestrales, las comunidades indígenas de este país han sido siempre ignoradas y engañadas, en tanto su deseo de que la sociedad venezolana se convierta en multicultural y multiétnica está todavía lejos de materializarse. De acuerdo con organizaciones locales, la legislación venezolana es incluso menos progresista que la de otros países latinoamericanos a ese respecto.
Un grupo de representantes de las comunidades indígenas de Imataca, Gran Sabana y Paragua envió una carta, fechada 3 de octubre, al Embajador de Brasil ante Caracas, denunciando frente al pueblo y las autoridades brasileñas los términos del Protocolo de Guzmania –firmado por Brasil y Venezuela en 1994- que promueve la minería, el turismo y la silvicultura en Imataca y Gran Sabana, ignorando así los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre esos territorios e induciendo consecuencias ambientalmente negativas. Los firmantes de la misiva expresan que el Protocolo de Guzmania viola el Artículo 77 de la Constitución de Venezuela, donde se reconoce la existencia de un régimen de excepción para los pueblos indígenas a efectos de garantizar sus derechos territoriales.
Continuando con su movilización, el 22 de octubre un grupo de líderes indígenas, representantes de varios pueblos aborígenes de las regiones de Imataca y Gran Sabana, presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia, reclamando la suspensión definitiva de la construcción del tendido eléctrico, argumentando que el mismo habrá de afectar negativamente el ambiente, sus medios de vida y su cultura. Los reclamantes aducen que, en tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos –cuyo 50 aniversario se celebra este año- establece que todo pueblo tiene derecho a crear y disfrutar de su propia cultura y que la Constitución de Venezuela garantiza un régimen de excepción para los territorios de los pueblos indígenas, los mismos están actualmente sufriendo condiciones de pobreza material y espiritual. La tenencia de la tierra está en el meollo del problema. Los derechos territoriales ancestrales de los pueblos indígenas, al igual que su régimen de propiedad comunal, no son reconocidos. Mientras tanto, sus tierras son vendidas a compañías transnacionales, dilapidándose el patrimonio nacional. Existen numerosos ejemplos de esta depredación, además del de Imataca. Es así que los territorios indígenas del Delta del Amacuro, Monagas y Anzoategui han sido ocupados por compañías petroleras, en tanto los Bari y los Yukpa, en el Estado de Zulia, están afrontando la explotación de carbón en sus territorios tradicionales.
Sin voluntad de proteger ni a los bosques ni a quienes hacen de él un uso sustentable, el estado venezolano está sin embargo promoviendo activamente el consabido modelo de plantaciones forestales. El denominado Programa Nacional para el Desarrollo de los Recursos Forestales establece una zonificación para las plantaciones, en suelos considerados marginales para otras actividades. Dejando de lado la cuestión de si esta zonificación es o no adecuada (zonas que el estado califica como “marginales”, son muchas veces consideradas como muy útiles por las poblaciones locales), el hecho es que existen casos en los cuales la propia ley ha sido ignorada, y se han establecido plantaciones forestales en tierras consideradas aptas para la agricultura y la ganadería. Un ejemplo paradigmático es el de la compañía Smurfit – establecida en 27 países en cuatro continentes- que ha ocupado tierras fértiles en el estado de Portuguesa, plantando pinos, eucualiptos y gmelinas, provocando así graves conflictos con los campesinos locales.
Desgraciadamente, el caso venzolando no es una excepción en América Latina: represión para quienes protegen el bosque y beneficios para quienes los destruyen.
Fuentes: Alfredo Torres (com.pers); AMIGRANSA, 7/11/98; “Contra los pinos, eucaliptos y melinas de Smurfit”, Ecología Política, 14, 1997