La prohibición de la actividad de tres ONGs ambientalistas –LBBJ, Plasma y SHK Kaltim- en el distrito de Kutai, Kalimantan Oriental, ha generado gran preocupación. LBBJ (más conocida como PutiJaji) lleva adelante un trabajo de empoderamiento de la comunidad mediante educación en derechos legales; Plasma es una organización que hace camapaña sobre bosques, en tanto SHK Kaltim es una rama de una red de carácter nacional, que promueve sistemas de manejo forestal de base comunitaria. Estas han jugado un muy importante papel a favor de la lucha de los pueblos Bentian contra las compañías de Bob Hasan, así como en otros conflictos, tales como los provocados por la actividad de Rio Tinto en la mina de carbón de Kaltim Prima y en la mina de oro de London-Sumatra, los incendios forestales acaecidos el año pasado y a comienzos de este año y la sequía y el consiguiente aumento del precio de los alimentos, los que han causado problemas a nivel de las comunidades locales.
La prohibición (Nro. 200-209/330/IV/1998, de fecha 26 de mayo de 1998) fue impuesta por la oficina local de Asusntos Sociales y Políticos, fundamentándose en que las afectadas eran organizaciones ilegales, puesto que no se encontraban registradas en dicha oficina. Es de hacer notar que la prohibición llega incluso después de la caída de Suharto. Ello puede ser un indicador de la actitud del nuevo gobierno hacia las ONGs que se oponen a la explotación comercial a gran escala de los recursos naturales de Indonesia, que coincide con la estrategia del Presidente Habibie para superar la crisis económica mediante la promoción de exportaciones.
WAHLI (Foro Ambiental de Indonesia) considera que:
1) la orden que prohibe la actividad de las referidas ONGs es una expresión arrogante de poder, que contraviene la claúsula número 28 de la Constitución nacional, la cual garantiza el derecho a asociación, reunión y expresión. La prohibición de estas actividades humanas viola también los Derechos Humanos, que han despertado un renovado interés en Indonesia.
2) Esta resolución demuestra asimismo que las autoridades implicadas son incapaces de comprender cabalmente las aspiraciones que provienen de todos los rincones del país. Demuestra claramente el superficial entendimiento de lo político que prima entre los responsables de este acto, de cara a la ola de reformas que se están expandiendo por todo el país. Revela que dichas autoridades se encuentran todavía atrapadas en la retórica política paranoica y contraria al cambio, propia del régimen de Suharto.
3) Las autoridades implicadas no reconocen ni comprenden la existencia de ONGs –su historia, visión y propósitos- así como tampoco su estatus legal, ni el lugar que ocupan y la experiencia que han conquistado en el seno de una sociedad cambiante.
ONGs nacionales e internacionales exigen que la referida orden de prohibición sea inmediata e incondicionalmente retirada.
Fuente: Down to Earth, 6/8/98.