La situación en Uruguay, país en el que el Parlamento aprobó unánimemente una ley forestal en 1987 con el objetivo de promover las plantaciones forestales a gran escala y que en su momento no despertó oposición alguna de parte de la sociedad civil, ha cambiado radicalmente desde entonces. A pesar del apoyo casi total del gobierno y del sector académico hacia las plantaciones de eucaliptos y pinos, la acción de la oposición, dirigida desde las ONGs, ha modificado totalmente el escenario. Como informáramos en el Boletín nro. 3, el secretariado del Movimiento Muindial por los Bosques facilitó la creación de una coalición de ONGs (el Grupo Guayubira), que desde entonces ha estado en el centro de un conjunto de actividades contra las plantaciones y la instalación de nuevas plantas de celulosa.
El Grupo Guayubira apoyó activamente una lucha local en el densamente forestado departamento de Río Negro contra la instalación de una planta de celulosa cerca de la ciudad de Fray Bentos, que ha dado lugar a la detención de un proceso que parecía imparable. Los requerimientos crecientes en materia de control ambiental (resultantes fundamentalmente de la presión popular) parecen haber hecho desistir a la empresa de la construcción de la planta de celulosa proyectada.
En el área forestal, el incremento exponencial del area forestada (que pasó de unas 2.000 hectáreas anuales a principios de los 80 a las más de 50.000 hectáreas anuales actuales), la creciente presencia de empresas transnacionales e inversores extranjeros y los impactos sociales y ambientales de tales plantaciones, han dado lugar a un creciente (aunque en gran medida descoordinado) frente opositor, que incluye a ONGs, sindicatos, parlamentarios, ganaderos, agricultores, poblaciones locales y personas individuales. Tal situación ha dado lugar recientemente a contradicciones dentro del propio gobierno, donde el lobby forestal está perdiendo terreno. Hace pocos días, el Ministro de Medio Ambiente formuló declaraciones en el canal estatal de televisión, sosteniendo que las plantaciones parecían estar teniendo fuertes impactos negativos sobre los suelos y el agua y que su ministerio iba a presentar una iniciativa al Parlamento para eliminar todos los subsidios que actualmente se brindan al sector plantador. Un importante, aunque aún insuficiente paso adelante.