En el poblado de Rosita, ubicado en la costa atlántica de Nicaragua, tuvo lugar un importante foro en febrero último, que reunió a representantes de las comunidades indígenas (Sumus y Miskitos), autoridades locales y regionales, ONGs, dirigentes comunitarios y religiosos y muchos otros. El motivo de tal reunión fueron las actividades ilegales de la empresa transnacional coreana Kimyung, que en 1994 recibió una concesión del gobierno central de Nicaragua (entonces encabezado por la Presidenta Violeta Chamorro) para explotar un área de 62.000 hectáreas de bosque en territorio indígena. Kimyung opera bajo la empresa subsidiaria SOLCARSA (Sol del Caribe S.A.) y su objetivo es el de producir contrachapados a partir de los bosques latifoliados de la región.
Esta concesión, la mayor concedida por el gobierno nicaragüense a una empresa extranjera, fue otorgada en violación de la constitución, que requiere que toda concesión debe ser aprobada por el Consejo Regional Autónomo correspondiente, disposición que no fue cumplida por el gobierno de Chamorro. Pese a ello, la empresa inició sus actividades de corta de bosques y producción industrial, lo que inmediatamente resultó en un conjunto de problemas para las comunidades locales, tanto para quienes pensaron que podrían beneficiarse de la presencia de SOLCARSA (en particular por la generación de empleos), como para quienes se opusieron a sus actividades.
A medida que miles de árboles fueron siendo cortados y que la gente observó que los empleos generados eran pocos y mal pagos y que la empresa no daba cumplimiento a sus promesas iniciales, fue creciendo la oposición. La gente apeló a la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo fue que la concesión era inconstitucional y que debía ser revocada. Un año más tarde, como resultado de más presiones contra las maniobras del gobierno, la Corte confirmó su fallo inicial y la concesión fue abolida.
Sin embargo, los problemas aún no han terminado. Aunque la empresa coreana ya no tiene más la concesión, ahora está intentando obtener madera para su planta de contrachapado de madereros locales. A raíz de ello, las comunidades locales y sus aliados organizaron el Foro del Atlántico Norte en Rosita, donde analizaron el problema y emitieron una declaración de 14 puntos que inluye:
- Demandar al Consejo Regional Autónomo una resolución que suspenda la entrega de avales para la concesión de recursos naturales, mientras las autoridades competentes no hagan efectiva la demarcación y titulación de los territorios indígenas
- Que se agilice la salida de SOLCARSA del territorio
- Exigir que el gobierno central no haga concesiones en tierras comunales, debido a que éstas pertenecen a las comunidades indígenas y no al Estado.
Estas demandas son cruciales. Como dice María Luisa Acosta, representante legal de una de las comunidades: “SOLCARSA queda sin concesión y, por tanto, se ha desvanecido la amenaza contra Awastingni, de que le expropiaran su tierra y la entregaran a un extranjero para que la explotara. ¿Cuánto va a durar la desaparición de esa amenaza? Prevalecerá sobre todas las comunidades mientras no haya una demarcación, un reconocimiento del Estado de cuál es la tierra de las comunidades y qué derechos tienen sobre ella”. A continuación agregó: “Según la ley, SOLCARSA puede seguir comprando madera. Es necesario, por tanto, que las comunidades indígenas estén alerta, igual que las autoridades y la sociedad civil, para vigilar que nuestros derechos sean respetados”.
Pese a que el Foro destacó la necesidad de “promover en la región alternativas de producción que diversifiquen el uso de los recursos naturales a favor de las comunidades”, el sentimiento generalizado es que el gobierno central sólo está interesado en recolectar impuestos de los inversores extranjeros. En lo referente a los bosques, tal enfoque es el opuesto al de las comunidades indígenas, que ven a los bosques bajo una perspectiva diametralmente distinta. Como dice el dirigente sumu Charles McKlean: “Tocar la vida de nuestros árboles es como que estamos tocando la vida nuestra. Estamos tocando la vida de todos . . . Sentimos que si despalamos, ya no habrá alimentos, ni pescaditos ni animales como el jabalí”. En el mismo sentido Julio Bocardo, dirigente miskito afirma: “Nosotros, los indios miskitos, hemos dejado de comer por conservar nuestros bosques”.
Fuente: “Monitoreo Ambiental” Febrero 1998; “Foro sobre Concesiones , Caso SOLCARSA, Rosita, Febrero 1998.