Durante las últimas décadas se han dado en Tailandia muchas iniciativas en relación con los derechos de los pueblos tribales que habitan en todo el país, en especial en la región norte. Dado que estos pueblos viven actualmente en los jirones de bosques que han permanecido en pie, han terminado cargando sobre sus espaldas la responsabilidad por las dificultades que enfrenta el país, originadas realmente en un mal manejo ambiental. Sin embargo, cabe preguntarse si el supuesto básico manejado en ese sentido es correcto. Ese supuesto es que los escasos bosques remanentes deben permanecer libres de toda presencia humana. En realidad eso significa que sus actuales ocupantes sean trasladados para que la vida silvestre se mantenga en un estado pristino y aislado, para poder así ser utilizada por los ricos durante sus excursiones. ¿Es ésta la estrategia conservacionista más efectiva que puede adoptarse? Resulta fácil demostrar que esta filosofía occidental de la conservación no es adecuada para Tailandia. Lejos de proteger los valiosos y vulnerables recursos naturales del bosque, tal concepción destruye un invalorable patrimonio cultural y priva a estos delicados ecosistemas de las estrategias de manejo de los recursos naturales practicadas por los pueblos que han protegido los bosques durante siglos.
Entonces: ¿cuál sería un enfoque adecuado a adoptar? La lucha por los derechos territoriales desarrollada por los pueblos indígenas tribales del norte de Tailandia, que ha sido larga y difícil, está vinculada con esta interrogante. La misma pone en el tapete el aspecto más controversial de esa lucha. Por un lado está la gente que alega haber preservado las tierras que ocupan desde tiempos inmemoriales y reclaman su derecho a continuar haciéndolo. Por otro están aquellos que sostienen estar trabajando por el bien de toda la sociedad tailandesa, protegiendo un recurso fundamental y delicado, que resulta esencial para la prosperidad y el bienestar de la nación. ¿Cómo decidir frente a estos dos aparentamente compatibles pero polarizados puntos de vista? El secreto está en algo obvio: combinarlos, permitiendo a quienes tienen el conocimiento y la experiencia imprescindibles conservar lo que han estado protegiendo durante siglos.
El desarrollo económico ha sido una meta del gobierno de Tailandia desde 1961. Una forma de desarrollo que pone énfasis en el aumento de la producción agrícola de exportación, sustituyendo así la agricultura tradicional sustentable tailandesa. Ello determinó inmediatamente un drástico aumento en la superficie cultivada, que se sumó a los ya serios problemas provocados por la deforestación. En Mae Hong Son, donde la población de las tribus de montaña se estima en un 80% del total, la cubierta forestal es significativamente mayor que en otras provincias de similares características. Un daño ambiental de tal magnitud no podía pasar desapercibido, de modo que el gobierno empezó a prestarle atención al problema. Es así que en 1992 el Gabinete declaró que el territorio nacional debía ser dividido en zonas donde el uso del suelo estuviera controlado. Las categorías utilizadas fueron: áreas económicas, agrícolas y de conservación, cuya superficie es respectivamente de 52 millones de rai, 7 millones de rai y 88 millones de rai (6,25 rai equivalen a 1 hectárea).
La decisión del Gabinete incluye normas para incrementar el área de conservación con el propósito de alcanzar la meta establecida de 88 millones de rai. Las mismas ilustran de manera inequívoca de qué forma el Real Departamento Forestal de Tailandia ha adoptado una visión occidental de la conservación. Una vez que un área ha sido clasificada como “de conservación”, las comunidades que en ella residen deben ser, en lo posible, desplazadas de la misma. Si no es posible proceder inmediatamente al desalojo, el gobierno asumirá el control de todas las tierras utilizadas por las comunidades y controlará estrictamente las actividades que impliquen el uso del suelo. Las comunidades deberán ser convencidas de abandonar las tierras y en el área desalojada deberán plantarse árboles.
Este sistema de recuperación de tierras muestra el enfoque adoptado por el gobierno respecto de la conservación. La selva debe ser mantenida en estado prístino, vacía de toda presencia humana, lo que implica una situación que es al fin de cuentas obviamente insustentable.
Antes de referirnos a la reacción de las comunidades frente a estas amenazas a sus estilos de vida, vale la pena echar una ojeada a la realidad del uso del suelo en estas áreas. El área de conservación, planeada para 88 millones de rai, comprende actualmente como máximo 68 millones de rai, dado que en los 20 millones restantes el gobierno ha otorgado concesiones mineras; el mismo gobierno que ha quitado los títulos de propiedad de la tierra a las comunidades que viven en las áreas de conservación, con la excusa de aumentar el área de bosques conservados. Pero esto no es todo. También han sido otorgados permisos de madereo. Por otro lado. el gobierno ha sancionado la tala de bosques que se ha incrementado en los últimos 30 años de creciente prosperidad material del país. La misma ha provocado un enorme daño ambiental, daño que alcanzó su punto más alto con las mortales inundaciones que afectaron el sur de Tailandia a principios de la década de 1990. Esto es lo que tuvo que pasar para que el gobierno decidiera prohibir la corta legal de madera. ¿Qué tendrá que suceder para que pnga un alto a la minería?
Sin embargo, a pesar de estas pruebas que muestran que el gobierno es culpable por los problemas ambientales ocasionados, existe una campaña para echar la culpa a los pueblos indígenas del norte de Tailandia. Más adelante veremos en detalle esta campaña, pero ya puede advertirse que el hecho que la misma se haya vuelto tan sucia revela el alto grado de corrupción imperante en el país.
¿Cuál ha sido entonces la respuesta? ¿Cómo ha reaccionado la gente cuando vio que sus tierras ancestrales y sus únicos medios de vida estaban amenazados? Un resultado claro de esta situación ha sido el sorprendente crecimiento de los niveles de organización. El pueblo se organizó tanto en las tierras altas como en las bajas. Sus voces se han juntado en redes, como la Red de Campesinos del Norte, para protestar contrar las decisiones del gobierno que los perjudican. En la ya muy conocida Asamblea de los Pobres se juntó una multitud dispuesta a presentar sus testimonios y a mostrar la verdad acerca de la situación que está atravesando el norte del país.
Ante esta masiva muestra de fuerza, el gobierno dio dos respuestas. La primera de ellas fue el encuentro con delegados, celebrado los días 17 y 29 de abril de 1997, para comenzar a redactar una Ley Forestal Comunitaria, que devolvería a las comunidades el derecho al manejo de los recursos de los bosques que rodean sus poblados. Estos encuentros se celebraron en la época en que el Primer Ministro era Chavalit Yongchaiyudh y con los cambios que se dieron después en el Gabinete el proceso se enlenteció. La segunda fue una fuerte reacción por parte del gobierno y de ONGs “verdes” contra las organizaciones populares. El gobierno ha pretendido usar a las comunidades montañesas como chivo expiatorio de una serie de problemas. Pero sus argumentos no resisten el análisis y se tornan dificilmente creíbles.
Antes de eso veamos cómo se llevaron cabo estos dos encuentros del 17 y 29 de abril de 1997. El borrador de un texto de ley preparado por el Gabinete fue debatido por las ONGs verdes, las organizaciones populares y el gobierno.Se llegó a una solución no plenamente satisfactoria para todos, pero finalmente aceptada. Se designó un comité que se ocuparía de los reclamos de legitimidad de propiedad de la tierra, aceptándose como criterio que el poder probar la ocupación previa a la declaración de “área protegida” en 1993 permitiría el acceso a los derechos territoriales. El 22 de abril se celebró otro encuentro, al cual los delegados de las organizaciones comunales no fueron invitados. En esta reunión se esbozaron los procedimientos para la demarcación y la titulación de tierras. El mapeo estaría a cargo de personal militar, utilizándose técnicas de sensoreamiento remoto, en tanto que el Real Departamento Forestal de Tailandia sería el responsable del proceso de delimitación. Durante la demarcación surgieron problemas. El mapa puede decirse que, en el mejor de los casos, fue confeccionado de manera descuidada y algunos de lo poblados ni siquiera aparecían en él.
Estos acuerdos peligraron varias veces. Recientemente, tal como se señaló, debido a la calumniosa campaña llevada adelante por el gobierno y las ONGs verdes, varias de ellas fundadas por miembros retirados de las Fuerzas Armadas y del Departamento Forestal. Para afrontar la creciente popularidad de las organizaciones comunitarias, la alianza entre el gobierno y este tipo de ONGs se ha fortalecido. La actitud de las ONGs verdes en favor de las selvas vacías de gente llevó a una sectorización de la comunidad de ONGs en Tailandia. A partir de esta sectorización pudo culparse más facilmente a los indígenas por el daño ambiental. Por ejemplo, las tribus Hmong y Karen fueron inmediatamente responsabilizadas por los incendios que se desataron en la zona de Doi Inthanond. En la consiguiente batalla para extinguir el fuego participaron día tras día miles de Hmong y Karen, quienes luego también vigilaron cuidadosamente de que no aparecieran nuvos focos ígneos. Sin embargo, el trabajo de esta gente fue ignorado, destacándose por el contrario acciones similares emprendidas por un pequeño grupo de habitantes de las tierras bajas, que ayudaron a apagar el fuego. Este tipo de información tendenciosa es extremadamente dañina para la imagen de las tribus montañesas ante la opinión pública. Esto debe modificarse si realmente se desea que a nivel político las cosas cambien.
El caso de Doi Inthanond no es poco común. La muy publicitada y desastrosa tala de bosques en Salaween y, más recientemente, la reacción suscitada por la creciente deforestación en las provincias de Chiang Dao y Chaing Mai constituyen claros ejemplos de las tendenciosas informaciones que se divulgan respecto de la problemática ambiental en el norte de Tailandia. Ultimamente, sin embargo, ha comenzado a manifestarse un reconocimiento de la verdadera naturaleza del problema por parte del público. Se está percibiendo de qué manera las organizaciones populares han sido tomadas como chivos expiatorios y crece la opinión pública favorable a las mismas.
Sin embargo, el proceso de demarcación y de reconocimiento de los derechos territoriales resultantes de dicha demarcación, que se acordó y comenzó en abril de 1997, se encuentra ahora severamente amenazado. A partir del 21 de abril de este año el gobierno discutirá la viabilidad futura de este proceso. Existe la posiblidad real de que la decisión final del gobierno sea contraria a los intereses de las organizaciones populares. De ahí la necesidad de lograr el apoyo de la comunidad internacional. ONGs, organizaciones populares y alianzas internacionales de todo el mundo deben ahora hacer oir su voz al Gobierno de Tailandia. Los derechos de los pueblos indígenas de Tailandia no pueden seguir siendo ignorados. Se sabe cuál puede ser la incidencia de la opinión pública internacional en ese sentido.
Fuente: The Corner House.