El objetivo de la firma privada de inversión Terra Global Capital es “facilitar el mercado de créditos de carbono resultantes del uso de la tierra y otros créditos ambientales... aportando pericia técnica para medir y monetizar los créditos de carbono y el financiamiento del carbono a través de un fondo de inversión específico...”.
Terra Global se ha asociado con la Administración Forestal Camboyana y con la ONG internacional Pact Cambodia para realizar el primer proyecto REDD del país, en la profundidad de los bosques de la provincia de Oddar Meanchey, en el noroeste de Camboya. Oddar Meanchey tiene una de las tasas de deforestación más altas del país, provocada por proyectos mineros, plantaciones agroindustriales, asentamientos militares en respuesta a conflictos sobre fronteras, tala ilegal y otros conflictos que aquejan a las comunidades locales.
El proyecto apunta a obtener ingresos por la venta internacional de créditos de carbono forestal, supuestamente generados por la garantía que da la firma inversora de que el carbono, que corría el riesgo de ser liberado por medio de la deforestación, permanecerá almacenado (“emisiones de carbono evitadas”) en los árboles de las 64.318 hectáreas de bosques durante los 30 años de duración del proyecto.
Según afirma la compañía, dichos ingresos serán usados para “financiar actividades que disminuyen la deforestación, como patrullas forestales comunitarias, control de incendios, proyectos comunitarios de desarrollo de recursos hídricos, fortalecimiento y clarificación de la tenencia de tierras, sistemas agrícolas sostenibles, intensificación de la agricultura y cocinas de bajo consumo”.
En noviembre de 2011, una agencia del gobierno de Estados Unidos, la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), que financia y asegura a inversores estadounidenses que participan de proyectos en países del Sur, otorgó a Terra Global Capital un seguro contra riesgos políticos por US$900.000.
OPIC siempre se dedicó principalmente a financiar y asegurar directamente a inversores privados con proyectos en países del Sur pero, desde 1987, dicha agencia colabora cada vez más con fondos de inversión en acciones, muchos de los cuales sirven de intermediarios financieros que, a su vez, financian proyectos en el Sur. OPIC ya ha dedicado al menos 3.600 millones de dólares a más de 50 fondos de inversión privados. Quienes critican los proyectos REDD dicen, entre otras cosas, que dichos fondos suelen exigir una ganancia demasiado alta para convenir a proyectos de desarrollo, y que buscan realizar beneficios en pocos años, en detrimento de un desarrollo sostenible a largo plazo.
OPIC está transfiriendo su cartera energética de los grandes proyectos de combustibles fósiles hacia los proyectos de supuesta energía renovable, a los cuales agrega ahora lo que la agencia denomina “recursos renovables”, entre los cuales figuran los proyectos REDD y proyectos agrícolas. Las asignaciones de fondos de OPIC a los “recursos renovables” pasaron de 10 millones en 2008 a 1.100 millones en 2011.
El Gobierno de EE.UU. cuenta ahora con los proyectos de “recursos renovables” financiados y asegurados por OPIC para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de “financiación del clima”, referentes al compromiso de los países del Norte de proveer fondos para ayudar a los países del Sur a enfrentar el cambio climático. Sin embargo, la financiación y los seguros de OPIC están dirigidos principalmente a clientes del sector privado, entre los cuales figuran inversores estadounidenses. Así, en materia de clima y desarrollo Estados Unidos elige una senda cada vez más definida por intereses privados y para provecho de éstos.
OPIC está usando el seguro contra riesgos políticos, es decir contra acciones políticas ilegales, para proteger a quienes invierten en REDD, en el caso de que el país (Camboya en este caso) adoptara en el futuro reglamentaciones de alcance nacional o regional que rijan las actividades REDD. Dichas reglamentaciones podrían incluir la definición de objetivos nacionales o provinciales de reducción de emisiones, sistemas de contabilización y supervisión, e incluso formas de determinar la propiedad de los créditos y la distribución de los beneficios. Estos requisitos podrían cambiar la forma de llevar a cabo un proyecto REDD y tener grandes consecuencias financieras para quienes hacen inversiones de futuro en estas negociaciones, aceptando que su inversión esté regida por una serie de condiciones que pueden llegar a ser diferentes.
El respaldo de OPIC al proyecto REDD de Oddar Meanchey en Camboya sienta un precedente mundial, pues se trata de la primera póliza de seguro contra riesgos políticos para un proyecto de este tipo.
OPIC y los promotores del proyecto REDD de Oddar Meanchey afirman que éste será muy beneficioso para el clima, el desarrollo y el medio ambiente locales. Sin embargo, la viabilidad de los proyectos REDD depende en gran medida del mercado de carbono, que no es confiable. El seguro contra riesgos políticos de OPIC protege a los inversores del proyecto, y no necesariamente a las comunidades locales, en caso de que los riesgos cubiertos se manifiesten. De hecho, parecería que las comunidades que residen en torno a los bosques figuran últimas en la lista de beneficiarios del proyecto, en la toma de decisiones y en la protección contra riesgos políticos y comerciales.
Contra toda lógica, el respaldo que da OPIC a proyectos REDD y otros sobre recursos renovables cuenta como parte de los compromisos financieros contraídos por el gobierno de EE.UU. con los países en desarrollo, a pesar de que quienes lo reciben son entidades privadas y no los gobiernos de esos países, y de que puede impedir al gobierno camboyano defender sus intereses en el caso de que el proyecto no produzca los beneficios prometidos.
Artículo basado en pasajes editados de: “Precedent-Setting Insurance for REDD Project in Cambodia Raises Concerns”, documento redactado por Pacific Environment, FERN y Focus on the Global South; enviado por Shalmali Guttal, Focus on the Global South, s.guttal@focusweb.org
