En diciembre pasado, cuatro personas (un camerunés, una pareja suiza y un uruguayo), recorríamos el camino público que atraviesa las plantaciones de palma aceitera de Socapalm (Société Camerounaise des Palmeraies) en la región de Kribi. Al llegar a la barrera de control instalada por la empresa –que ya habíamos atravesado más temprano en el día- fuimos detenidos por un guardia de seguridad privada, que nos exigió nuestros documentos de identidad. Al preguntarle el porqué de tal demanda, nos informó que así se lo habían exigido “agentes secretos” de Socapalm que estaban al tanto de nuestra visita. Agregó que también se le había dicho que tenía que llevarnos a la oficina de información de la empresa. Por supuesto que ni le entregamos nuestros documentos ni aceptamos que nos llevara a la tal oficina de información porque la empresa no tiene derecho legal a exigirlo. Sin embargo, la anécdota sirve para ilustrar el poder de la empresa y el control de tipo policial que ejerce sobre los pobladores de la zona.
A pesar de su nombre, Socapalm no es una “sociedad camerunesa”, sino que pertenece al poderoso grupo francés Bolloré, que también es propietario de otra gran plantación de palma aceitera en la región de Kribi (Ferme Suisse), que en conjunto totalizan 31.000 hectáreas.
En el boletín del mes pasado publicamos un artículo sobre los graves impactos sociales y ambientales de una plantación de caucho en la misma región de Kribi (perteneciente a la empresa Hevecam). Lo interesante es que el presente artículo es casi igual al anterior, con la única diferencia de que el nombre de las empresas es distinto.
En efecto, los indígenas Bagyeli (“pigmeos”) que viven en las inmediaciones de las plantaciones de palma dijeron prácticamente lo mismo que los Bagyeli afectados por las plantaciones de caucho. Socapalm los desalojó de sus viviendas, prometiéndoles casas modernas. Las palmas fueron plantadas, crecieron, dieron fruto, fueron cosechadas, pero la empresa no construyó ni una sola casa.
Ahora estos Bagyeli están rodeados de plantaciones, a las que no se les permite ingresar. En caso de hacerlo, si los guardias los agarran los expulsan a latigazos. Están forzados a vivir en una zona inundable donde abundan los mosquitos y las enfermedades asociadas a los mismos.
En cuanto a medios de vida, apenas pueden sobrevivir. Por un lado, la empresa no les da trabajo y las pocas veces que lo hace les paga mucho menos que a otros trabajadores. Lo único que queda para cazar dentro de la plantación son ratas. Solo se caza algo en las márgenes de la plantación y más lejos en la montaña.
Todo ello es consecuencia de la destrucción del bosque tropical llevado a cabo por la empresa para convertirlo en plantaciones de palma. Antes los Bagyeli (expertos cazadores y recolectores), encontraban en el bosque todo lo necesario para vivir (carne, fruta, etc.). Ahora ni siquiera cuentan con agua limpia, ya que la misma está contaminada por fertilizantes químicos y por sedimentos resultantes de la erosión. En materia de salud, los problemas vinculados a la mala alimentación, el agua contaminada y el sitio malsano donde viven se agravan por no contar más con las plantas utilizadas en su medicina tradicional. El hospital es propiedad de Socapalm y como no están en la plantilla de la empresa, deben pagar en caso de ser hospitalizados.
Con respecto a los trabajadores de la empresa la situación tampoco resultó ser diferente a la de las plantaciones de Hevecam. También aquí habitan hacinados en viviendas propiedad de la empresa, también trabajan bajo subcontratistas, también tienen problemas de la vista por la inexistencia de protección frente al polvo que cae del racimo de frutos, también aplican agrotóxicos sin el necesario equipo de protección, también tienen problemas con el agua potable y el saneamiento.
En materia sindical, trabajadores de la empresa nos contaron que no existe sindicato independiente y que es muy difícil que lo vaya a haber. En 1992 hubo una huelga reivindicando mejores condiciones de trabajo y aumento del “salario miserable” que percibían. El resultado fue que los dirigentes de la huelga fueron presos y despedidos.
En momentos en que se promueven las plantaciones de palma para abastecer de combustible a los países del norte, es necesario que los consumidores de esos países sepan que éste no es de ninguna manera un combustible “verde”, sino que su verdadero color resulta de la combinación de explotación social, violación de derechos humanos y destrucción ambiental.
Por: Ricardo Carrere, en base a información recopilada durante la recorrida realizada en la región en diciembre de 2006 con los investigadores Sandra Veuthey y Julien-Francois Gerber. El autor agradece el apoyo recibido del Centre pour l'Environnement et le Développement (CED), que hizo posible la recorrida.
