El pueblo costero de Mehuín está ubicado en la zona noroeste de la Provincia de Valdivia, en los límites de las IX y X regiones y se encuentra en una pequeña bahía donde desemboca el río Lingue, rodeado de cerros de la cordillera costera. Tiene una población de aproximadamente 1.700 personas pero convive con 13 comunidades de unos 3.000 indígenas mapuches-lafkenche que bajan al pueblo a vender sus productos y a abastecerse. Existen además sectores muy definidos en Mehuín, con sus propias particularidades culturales. Uno de ellos son los pescadores artesanales que habitan preferentemente un sector del pueblo llamado "la caleta", al lado del río Lingue, y donde se desarrolla gran parte de la vida cotidiana del pueblo.
Hace casi 10 años, la empresa celulósica chilena Celco S.A. comenzó a hacer estudios en secreto para instalar allí una fábrica y construir un ducto que llevaría a la bahía 900 litros por segundo de residuos industriales líquidos (Riles). El proyecto fue aprobado en mayo de 1996 y la resolución ambiental le daba la posibilidad a Celco de elegir entre dos alternativas para los residuos líquidos: vaciarlos en un río, instalando un sistema más moderno, o en el mar distante a 35 kilómetros.
Para la empresa, la alternativa más barata era llegar al mar, pero se encontró con la oposición al proyecto de la comunidad de Mehuín, la cual desde un principio se opuso a la realización de los estudios convencida de que eso aseguraría su aprobación y ejecución y la consiguiente contaminación del mar. Se organizó una campaña de rechazo al uso del mar como basurero de residuos contaminantes que se llamó NO AL DUCTO.
Ante esta oposición Celco reaccionó con los mismos argumentos utilizados en otros conflictos en el país. Lo primero era tratar de imponer el proyecto como una decisión de la autoridad, y asustar a la comunidad de que oponerse era un delito. La prepotencia y el autoritarismo fueron herramientas fuertes y validadas. El segundo paso era convencer a la gente de los beneficios del proyecto, desprestigiando todo argumento y grupo que estuviera en contra, en especial a los grupos ambientales a los cuales se acusaba de terroristas y manipuladores. El tercer paso era ofrecer dinero, lo cual era fácil para un proyecto que invertía US$1.400 millones. Se ofreció una escuela nueva, materiales de trabajo a los pescadores, hasta un muelle para cubrir el ducto que entraría al mar. También dinero para algunos dirigentes, si terminaba el conflicto. Además Celco se apoyó en el poder de los medios de comunicación afines al empresariado, siendo el diario de Valdivia el más decidido defensor del proyecto.
El gobierno intentó imponer el proyecto como una decisión tomada por equipos técnicos, y que cualquier oposición de la comunidad debía hacerse en el marco de la legislación vigente. Para el gobierno lo importante era reafirmar su política de crecimiento económico y ello significaba apoyar toda inversión privada, y el modelo forestal era parte de este proceso.
Celco trató de ingresar por mar y tierra a Mehuín para hacer los estudios, pero se encontró con una comunidad ya muy organizada y que había logrado sensibilizar a gran parte de la opinión pública. El gobierno estaba expuesto a la mirada del país y de parte de la comunidad internacional que miraba con preocupación lo que pasaba en los conflictos ambientales e indígenas, así como la fuerte represión que se había visto en algunas zonas mapuches. Ante la inminente derrota, la empresa y el gobierno negociaron una salida al conflicto: aprobar el proyecto con la alternativa inicial propuesta en el primer proyecto: vaciar los residuos líquidos en el río Cruces con un tratamiento ambiental más moderno, y que garantizaría la menor contaminación.
Pero a poco de iniciadas las actividades de la fábrica, con su vaciamiento en el río Cruces, los valdivianos comenzaron a sentir olores pestilentes que generaron una serie de medidas de reclamo. Peor aún, una amenaza silenciosa descendía por el río Cruces, un caldo químico conformado por metales pesados, sulfatos y compuestos organoclorados, alimentados por un millón de litros diarios de residuos industriales líquidos, que inundó las aguas del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter (30 kilómetros aguas abajo de la Planta de Celulosa), provocando la muerte y migración de miles de cisnes de cuello negro.
La crisis ambiental despertó la conciencia de miles de habitantes de la provincia y del país. Después de meses de movilización, el entonces Presidente Ricardo Lagos, planteó la “solución” a la crisis: verter los residuos de Celco al mar.
Nuevamente los mehuinenses --quienes le habían doblado la mano al grupo económico más poderoso del país y a esa idea de desarrollo nacional que en forma simplista considera que el crecimiento del país necesita del sacrificio de algunos, aunque eso signifique la muerte de pequeños ecosistemas del país-- están en pie de resistencia. Su objetivo sigue siendo evitar la contaminación de sus aguas y salvar así su única fuente de sustento. Están convencidos de que basta la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por parte de un gran conglomerado económico como Celco, para que éste sea aprobado, por lo cual están dispuestos a impedir su realización en la zona. El principio preventivo y las posibilidades de revertir una decisión de la autoridad, utilizando los mecanismos de participación ciudadana, son nulas. Históricamente sólo un 4% de los proyectos sometidos a este instrumento de gestión han sido rechazados y de los aprobados no más del 25% son sometidos a una mínima fiscalización, por lo que no es aventurado concluir que los Estudios de Impacto Ambiental sólo recogen declaraciones de intenciones que en el mayor de los casos no se cumplirán.
En ese contexto ocurrió que la comunidad de Mehuín despertó el jueves 17 de agosto con la sirena activada por los vigilantes de los cerros, anunciando la llegada de embarcaciones al lugar donde Celco debía iniciar las mediciones. Dos remolcadores contratados por la empresa llegaron a las cercanías de Punta Chanchán, escoltados por lanchas patrulleras “Chiloé” y “Antofagasta” de la Armada y un buque de guerra con más de 100 marinos, entre los que se encontraban algunos hombres encapuchados y botes zodiac dispuestos para actuar.
En 20 minutos los botes de pescadores llegaron al lugar para enfrentar la iniciativa. Se sumaron otras 30 lanchas más de Queule, del sur de la Novena Región, quienes también se oponen al ducto. Los agentes públicos dispararon a los botes de pescadores en reiteradas oportunidades, todo lo cual está debidamente filmado. En la tarde, luego de la cerrada posición de los pescadores, los dos remolcadores se retiraron hacia el norte y las naves de la Armada regresaron a Corral y Valdivia.
El presidente de la Federación de Pescadores de Mehuín, Joaquín Vargas, expresó que defienden la fuente laboral de más de 400 familias que viven de la pesca. “Estamos defendiendo el derecho de trabajar en un ambiente libre de contaminación. Es lo que le corresponde al Estado, velar por un ambiente libre de contaminación, salvaguardar el patrimonio de todos los chilenos, como lo dice la Constitución”, dijo.
A juicio de Vargas, el estudio de impacto ambiental no es ninguna garantía para los pescadores, ya que siempre terminan aprobándolos. “Donde funcionan las plantas de celulosa con Estudio de Impacto Ambiental los resultados están a la vista. Cerquita lo podemos ver en Valdivia en el río Cruces. Ahí había cisnes que podían volar, nosotros, los pescadores, no tenemos alas para volar”.
Ver video en: http://www.mehuin-celco.blogspot.com/
Artículo elaborado en base a información obtenida de: “El conflicto de Mehuín”, José Araya Cornejo, http://www.wri-irg.org/nonviolence/nvse23-es.htm; y por información enviada por Vladimir Riesco Bahamondes, Acción por los Cisnes, correo electrónico: riesco@surnet.cl y por Lucio Cuenca, Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, correo electrónico: “Segundo intento de la empresa por iniciar estudios en la zona. Con presencia de buque de guerra y marinos encapuchados Celco no pudo iniciar estudio para ducto al mar”, Eliab Viguera, OLCA.
