Desde el inicio de la presente década, todas las áreas de expansión de las plantaciones de palma en Colombia han coincidido geográficamente con áreas de expansión y presencia paramilitar. Hasta tal punto que algunas de las nuevas plantaciones en desarrollo se han financiado como proyectos productivos para los mismos desmovilizados del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que antes incursionaron en esas mismas zonas.
Esta estrategia de control territorial mediante la expansión palmera tiene un aliado importante en las políticas gubernamentales de apoyo e incentivación a la siembra de palma aceitera que también buscan claramente el control económico, político y militar de grandes áreas de Colombia que escapan al control estatal.
Las políticas estatales están a su vez potenciadas por los lineamientos estratégicos de la inversión de los organismos internacionales. Un análisis de las propuestas inversoras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son ilustradoras al respecto: “A criterio del BID, los cultivos de mediano y largo plazo tienen mayor potencial exportador, mayor capacidad de supervivencia en una economía abierta, imprimen grandes beneficios en términos del proceso de pacificación y generan un crecimiento sostenido del agro, superando de esta manera los problemas de financiamiento agropecuario de largo plazo. (…) Y en concordancia con el Documento de País (BID), el programa focaliza sus actividades en las zonas y proyectos importantes desde el punto de vista del esfuerzo de pacificación. En general las inversiones en cultivos de mediano y largo plazo son vistas por el BID como estrategias de gobernabilidad o control territorial frente a problemáticas como el conflicto guerrillero, la violencia política, la delincuencia común y los cultivos ilícitos. La agricultura extensiva es una alternativa real para la ocupación del territorio y para la generación de empleo en áreas de conflicto.”
Finalmente, todos estos discursos confluyen en la idea de que los cultivos de palma son un medio de desarrollo económico útil para la pacificación del país. Esta confluencia de actuaciones ilegales y delictivas, de políticas gubernamentales y de inversiones internacionales conforma el modelo palmero colombiano.
Este modelo se puede generalizar en un esquema de 5 fases:
- Arremetida o conquista paramilitar.
- Apropiación ilegal de las tierras. Robo o compra con intimidación armada.
- Sembrado de palma.
- Complejo palmero = Plantaciones + Extractoras.
5a. Flujo del aceite hacia el mercado nacional y/o internacional.
5b. Dominio territorial.
Esta caracterización es una síntesis de los diferentes procesos que se vienen desarrollando en las zonas palmeras del país, pero es particularmente aplicable en su totalidad (de 1 a 5) a las nuevas plantaciones desarrolladas desde principios de la presente década.
En procesos anteriores como en Santander o Tumaco, el modelo se ha iniciado con complejos palmeros ya establecidos, siendo los empresarios palmeros los que conformaron o invitaron y financiaron a grupos paramilitares como cuerpos de seguridad privada frente a la guerrilla. En cambio en Casanare, las plantaciones de palma se expandieron al mismo ritmo que el accionar paramilitar, solapándose ambas expansiones. El caso que se ajusta perfectamente al modelo corresponde a las plantaciones del Chocó donde fueron los propios paramilitares los que invitaron a los empresarios palmeros a instalarse en sus zonas de control.
Según la Procuraduría General de la Nación, “la apropiación, usurpación y saqueo de las tierras por parte de grupos de autodefensas (33%), guerrillas (17%), narcotraficantes, esmeralderos [comerciantes de esmeraldas], terratenientes, algunos palmicultores y otros actores se ha denominado por analistas y medios de comunicación como la ‘contrareforma agraria’ y la ‘parareforma agraria’”.
En el estimado de entre 2,6 y 6,8 millones de has., hay muchas que actualmente están plantadas con palma. Esta ‘contrarreforma agraria’ denunciada por distintos analistas y medios de comunicación lleva siendo denunciada desde hace mucho tiempo por las propias víctimas, como en el caso de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó afectadas por las plantaciones de palma.
Las incursiones, arremetidas o la posterior conquista territorial han dejado un saldo macabro en las áreas rurales de Colombia. Los asesinatos o masacres, las desapariciones forzadas, las amenazas, los secuestros, las torturas y demás hostigamientos provocan el desplazamiento forzoso colectivo y/o individual de los habitantes de las tierras que se pretenden arrebatar.
Las dimensiones del desplazamiento forzoso en Colombia son alarmantes. Se estima que en Colombia han sido desplazadas por la violencia entre 1.874.917 y 3.832.525 personas según los diferentes registros. De este elevado número, dos de cada tres desplazados poseían tierras en el momento de ser desplazados.(Texto extraído y adaptado de “El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”).
Las denuncias continúan: la organización colombiana Salva la Selva (Rettet den Regenwald) denunció que los líderes comunitarios que se oponen a las plantaciones de palma y los que apoyan a comunidades desplazadas en posesión de títulos legales sobre sus tierras para que regresen a los lugares de donde fueron desplazados, han estado recibiendo amenazas de muerte. Otras personas de la zona han sido atacadas por miembros de fuerzas paramilitares y militares. En septiembre de 2007, dos personas fueron heridas de bala por hombres que se cree que eran miembros de un grupo paramilitar. También continúan las amenazas a las comunidades que ya han regresado a sus tierras.
Desde 2001, se han producido 113 asesinatos, 13 desplazamientos forzosos, y se ha sabido de numerosas amenazas de muerte y ocupaciones ilegales de tierras. El pasado diciembre, el Fiscal General de la Nación elevó un caso en contra de 23 representantes de compañías de palma de aceite, aunque esto no ha llevado a esfuerzos reales pordetener la expansión de la palma ni de la ganadería en tierras comunitarias.
El pasado mes de mayo los miembros de la comunidad de Caracolí, territorio colectivo de Curvaradó, Jair Barrera, Jonny Barrera y Devis Salas, y las defensoras de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, Elizabeth Gómez y Luz Marina Arroyabe,fueron detenidos ilegalmente por la policía con acusaciones dirigidas a criminalizarlos, y posteriormente sufrieron malos tratos, torturas y amenazas. Toda la actuación policial estuvo acompañada por beneficiarios del paramilitarismo y la palmicultura (ver http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255)
Por su parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) anunció nuevas políticas que incrementarán el apoyo gubernamental a la expansión de los agrocombustibles, con la intención de convertir a Colombia en una potencia exportadora de agrocombustibles.
Las violaciones de los derechos humanos en el Chocó y otras partes, y la destrucción acelerada de bosques tropicales y otros sistemas vitales y biodiversos, son el resultado directo de estas políticas del gobierno.
Artículo basado en: “El flujo del aceite de palma Colombia - Bélgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”, Fidel Mingorance, Estudio realizado por HREV para la Coordination Belge pour la Colombia, http://www.hrev.org/media/documentos/elflujopalmaes.pdf; “Colombia: agrocombustibles destruyen comunidades y biodiversidad”, Salva la Selva, http://www.salvalaselva.org/protestaktion.php?id=255
