Hace más de 20 años que en Colombia avanzan los monocultivos forestales para beneficio de empresas transnacionales, quienes han contando y siguen contando con políticas oficiales que los favorecen. Para analizar esta expansión que acapara territorios, viola derechos y desplaza comunidades, la organización CENSAT Amigos de la Tierra Colombia realizó en Bogotá, en el marco de las acciones por el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, 21 de setiembre, el foro “Plantaciones forestales en Colombia. Una mirada crítica”.
Entre las conclusiones del foro (1) se mencionan algunas de las “ayudas” que han recibido los monocultivos forestales, muy en especial la ley 1377, que reglamenta la actividad de reforestación comercial e incorpora el concepto de “vuelo forestal”. Esta figura, específica para el sector de plantaciones comerciales, separa los derechos sobre la tierra de los derechos sobre la cobertura forestal – es decir los árboles-. La figura del “vuelo forestal” da la posibilidad a las empresas de no tener que plantar en territorios propios para obtener financiamiento, negociar la madera en los mercados bursátiles o contabilizar esos árboles en sus activos y patrimonios, habilitándolas así a absorber la producción de las tierras de pequeños o medianos propietarios.
Otro impulso a la expansión de las plantaciones forestales vino dado por el decreto 125 de enero de 2011, emitido por el gobierno con motivo de lo que se denominó “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por razón de grave calamidad pública”, en referencia a las lluvias y crecidas que según cifras oficiales afectaron a 2.220.482 personas. El objetivo de este programa era el de “ejecutar proyectos de reforestación comercial en las áreas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 para rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación incluyendo las cuencas de los ríos y las áreas conectadas con ellas”.
De esta manera, las inundaciones, que entre otras cosas afectaron 925.000 hectáreas agrícolas, lecheras y ganaderas, se convirtieron en la justificación ideal para enmascarar la financiación a los monocultivos, como expresara Diego Rodríguez Panqueva en su presentación “Proyección de las plantaciones forestales en Colombia” que figura en las memorias del foro. En dicho trabajo Diego Rodríguez aclara que “el modelo de desarrollo con altos niveles de deforestación es la principal razón de los impactos de la crisis climática que atraviesa el país y en este sentido las plantaciones forestales poseen relación directa con el estado de emergencia, no por restablecer las coberturas de bosque natural destruidas y la estabilidad de suelos en laderas y cuencas hidrográficas, sino por ser una de las causas de la deforestación, pérdida de biodiversidad, perdida de fertilidad y propiedades del suelo”.
Las plantaciones forestales, que no solamente han agudizado la erosión de las laderas sino que realizan un uso intensivo de agrotóxicos, han afectado en algunos casos de modo irreversible la dinámica de los ecosistemas y las comunidades rurales. Aún así, las metas de reforestación propuestas por el gobierno son de 280.000 hectáreas para 2014, lo que implicaría que para esa fecha habría más de 1 millón de hectáreas de monocultivos de árboles en Colombia.
Los movimientos sociales han respondido a los megaproyectos y el agronegocio realizando el 29 de septiembre en la ciudad de Cali el Congreso Tierras, Territorios y Soberanía (CTTS) (2), al que asistieron 15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Como resultado del encuentro se elaboraron una serie de mandatos, uno de los cuales es “profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece”, expresaron.
Ese mandato es complementado por el que habla de “construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria”.
Y los pueblos se pronuncian: “Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!”
Artículo basado en información obtenida de: (1) Memorias del Foro “Plantaciones forestales en Colombia. Una mirada crítica”, 21 de septiembre de 2011, Bogotá, Colombia, http://wrm.org.uy/paises/Colombia/Memorias_Foro_21_9.pdf enviado por Diego Rodríguez de CENSAT, email: clima@censat.org; (2) Declaración Final del Congreso Nacional de Tierras,Territorios y Soberanías, 4 de octubre de 2011,http://tinyurl.com/3b7664q
