Bajo el sistema de justicia paralelo de ISDS (solución de controversias entre inversionistas y Estados), establecido para las empresas y los ricos, las compañías pueden demandar a los países cada vez que consideren que las decisiones de un gobierno o los fallos judiciales - incluso aquellos cuyo objetivo explícito es proteger a las personas o al medio ambiente - afectan sus ganancias. Estas demandas no tienen en cuenta a los tribunales nacionales y se llevan a cabo ante un tribunal internacional de árbitros: esencialmente tres abogados de inversiones que deciden qué son más importantes, las ganancias privadas o los intereses públicos. Un informe de Corporate Europe Observatory (CEO), Amigos de la Tierra y el Instituto Transnacional (TNI) describe 10 juicios del ISDS que las empresas han utilizado como arma contra las comunidades y las victorias de la resistencia. Pueden leer el informe aquí.
Cómo los ricos y poderosos se apropian de las victorias de la resistencia
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