La idea de una serie de áreas naturales protegidas que estén unidas por zonas aledañas de amortiguamiento donde se desarrollen actividades de baja intensidad resulta sin duda atractiva. Sería un esquema que podría llegar a garantizar la continuidad del paisaje o hábitat y evitar la fragmentación provocada por actividades industriales como la agricultura y la forestación en gran escala, la urbanización u obras como carreteras y represas. Eso es lo que pregona la letra del proyecto denominado Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).
Pero también es cierto que cuando ese proyecto se da en una Mesoamérica cuyo contexto es el de un avance feroz de los intereses empresariales hacia la captación de áreas que hasta ahora habían estado fuera del mercado --como los recursos genéticos o el agua--, de una gran desigualdad, del despojo cada vez mayor a las comunidades que fueron las que permitieron que perdurara toda la rica biodiversidad de la región, surgen serias dudas.
Los orígenes del CBM pueden rastrearse en 1992, cuando en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Cumbre de la Tierra) y del Convenio Centroamericano de Biodiversidad, se encomienda al Consejo Centroamericano de Areas Protegidas el desarrollo del Sistema Mesoamericano de Parques Nacionales y Areas Protegidas "como un efectivo corredor biológico mesoamericano". Luego, en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 1994, se menciona el desarrollo de corredores biológicos y de áreas protegidas y se establece el compromiso por parte de los presidentes de establecer el Corredor Biológico Centroamericano. También en 1994, la Universidad de Florida, Estados Unidos, bajo los auspicios del Proyecto Paseo Pantera, publicó un informe sobre la factibilidad de establecer un corredor biológico en Centroamérica.
El acuerdo estableciendo formalmente el concepto del Corredor Biológico Mesoamericano fue firmado en febrero de 1997. La región de Mesoamérica la constituyen los cinco estados sureños de México (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco) y los siete países centroamericanos: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. El proyecto se adopta oficialmente en la Cumbre de Presidentes de Centroamérica de julio de 1997, realizada en la Ciudad de Panamá, y su ejecución compete a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) (documento del proyecto en http://www.biomeso.net/GrafDocto/PRODOC-CBMESPAÑOL.pdf ).
El proyecto se circunscribe a una región especial de 768.000 km2 de tierras y paisajes considerada una de las regiones del planeta con mayor biodiversidad --10% o 12% de toda la biodiversidad del mundo, dependiendo de la longitud que se le reconozca --, habitada por más de 40 millones de personas. Se trata de un punto de encuentro de las dos biotas americanas (la neoártica que habita en el norte y la neotropical que habita en el sur del continente), con lo que el istmo se convierte en un embudo en el cual se condensa el movimiento migratorio de todo tipo de especies, individuos biológicos y genes.
El CBM surge en un momento en que el mundo empieza a reconocer en la biodiversidad un valor planetario. Pero también, ese reconocimiento se inserta en un contexto en el que todo es rápidamente convertido en mercancía. La captura de carbono y agua, la retención de suelos, la conservación de la biodiversidad, el filtrado de las aguas, todo eso es presentado como un "servicio ambiental" que puede ser rentable. El concepto de "servicios ambientales" redituables cumple la función de crear un marco económico amplio dentro del cual se pueda transitar de la propiedad colectiva fragmentada y de la pequeña propiedad de estos servicios a la privatización de las Areas Naturales Protegidas, las cabezas de cuenca, los cauces de los ríos y los mantos freáticos, los conocimientos, los códigos genéticos, etc., por parte de mega empresas. La propuesta de los servicios ambientales engloba también la bioprospección --para preservar in situ especies que pueden ser privatizadas o comercializadas por medio de las patentes--, y el ecoturismo.
Es así que la conservación pasa a ser un negocio más, pero también sirve como un pretexto atractivo para captar fondos destinados al "desarrollo sostenible", sea éste lo que sea. Se establece un ordenamiento territorial de Mesoamérica en función de los servicios y bienes ambientales que puedan brindar los ecosistemas que se pretende proteger. La idea podría parecer interesante si no fuera que hasta hoy no existe una definición exacta de lo que es el desarrollo sostenible; el término se ha convertido en una quimera que puede significar cualquier cosa dependiendo de quien la use.
Lo cierto es que, según testimonian varias organizaciones de la región, a 3 años de haber iniciado un proyecto de 16,6 millones de dólares, los resultados no son nada alentadores. Las áreas protegidas de la zona continúan estando altamente amenazadas y los proyectos piloto impulsados por el CBM no han provocado ningún cambio sustancial en esta situación. El hecho de que el diseño se haya planteado sin intentar enmendar problemas ya conocidos induce a pensar que por detrás hay otros intereses diferentes a los de la conservación, y que lo que se está intentando es maquillar de verde el "desarrollo" convencional.
La estrategia del pago por los servicios ambientales es presentada como una alternativa económica para los pueblos de Mesoamérica, agobiados por el peso de fuertes e históricas deudas externas. Pero, a su vez, no puede perderse de vista que el contexto en el cual se daría esa mercantilización es el de un mundo de "libre mercado" en el cual las transnacionales llevan todas las de ganar en la medida que la creciente acumulación de capital y poder les permite tener el control hegemónico de todo el ciclo de producción, transformación, comercialización, distribución. Esa dinámica es continua y por eso, en una nueva acometida, las transnacionales buscan ahora apropiarse de los códigos genéticos --materia prima del negocio de la ingeniería genética-- y del agua --cuya creciente escasez la convertirá en un recurso estratégico.
Por otro lado, es importante ubicar al CBM en el contexto del Plan Puebla Panamá (PPP), que fue propuesto por el presidente mexicano Vicente Fox y aceptado por los demás jefes de Estado de la región en 2001. El PPP contempla la construcción de carreteras, puertos marítimos, tendidos eléctricos y comunicaciones de fibra óptica, represas hidroeléctricas, oleoductos, gasoductos, ferrocarriles, aeropuertos, canales secos y de agua, así como corredores industriales y maquiladoras. Con ello se vincularía la zona a los requerimientos del comercio y el mercado internacionales.
En ese marco parecería que la implementación del CBM de alguna manera da el mensaje de que hay una zona protegida cuya conservación se garantiza, pero que el resto queda desprotegido y sujeto a una utilización insustentable, que es lo que ocurriría con el PPP. Pero tarde o temprano las actividades depredadoras terminan afectándolo todo, pues conservación y depredación son irreconciliables. Hay además una contradicción inherente a la coexistencia de los dos proyectos, en la medida que el PPP concibe una red de corredores de infraestructuras interoceánicos que interrumpen en varios puntos el flujo entre las biotas del norte y del sur que circulan en los corredores biológicos transmesoamericanos. Los cortes que imponen los megaproyectos e infraestructuras (en el Canal de Panamá, en Honduras y en el Istmo de Tehuantepec, principalmente) se suman además a todas las destrucciones ambientales que ya han venido ocurriendo previamente en la región mesoamericana. Y para aumentar la esquizofrenia, en convivencia con los corredores de conservación se promueve el establecimiento de corredores de plantaciones forestales, que se promocionan como zonas de reforestación y como sumideros de carbono.
Los pueblos de la región ya tienen una amarga experiencia con los megaproyectos, que han ocasionado problemas graves como la falta de reconocimiento de las asimetrías económicas y sociales, el debilitamiento de los Estados, la privatización de los bienes y servicios públicos, el aumento de la vulnerabilidad de indígenas, mujeres y jóvenes, la subordinación de la seguridad y soberanía alimentaria, el crecimiento del sector informal, la disminución de la protección social, el saqueo de los recursos naturales, la destrucción de los pequeños y medianos productores y de la producción nacional en general.
Tanto el CBM como el PPP cuentan con el financiamiento del Banco Mundial. En el caso del CBM, además del Banco Mundial, varios países donantes, principalmente de Europa, Japón y Estados Unidos, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han comprometido un aporte de 470 millones de dólares para la realización de proyectos de carácter nacional y regional. Es poco probable que la presencia de estos organismos y de estos gobiernos en el CBM sea casual. Es mucho el dinero que se mueve en torno a estos proyectos, que dan lugar a numerosos estudios, diagnósticos, consultorías y asesorías, y muchas veces de ahí a la asociación con empresas privadas para actividades de bioprospección e inversiones en Areas Protegidas. No puede desconocerse que hay fuertes intereses empresariales y geopolíticos interesados tanto en dar impulso al Plan Puebla Panamá como en apropiarse de una biodiversidad de la que se espera obtener elevadas ganancias.
Por otro lado, sin duda que existen intereses genuinos que apuntan a la conservación de la diversidad tanto biológica como cultural y que ven al CBM como una alternativa viable para lograr ese objetivo.
La discusión en torno a las bondades o maldades del CBM debe darse entonces en el marco del tipo de desarrollo que se implemente en la región. De triunfar el modelo del Plan Puebla Panamá, el CBM será simplemente parte del paquete de saqueo y degradación de los recursos de la región. De predominar una visión socialmente justa y ambientalmente respetuosa, resultado de la participación informada, real y libre de las poblaciones locales, la idea de un sistema de áreas protegidas que haga las veces de corredor biológico en la región podría ser un paso importante en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y en el uso adecuado de los recursos naturales.
Artículo basado en información obtenida de "PPP y corredor mesoamericano, otra forma de invasión externa", Angélica Enciso L., La Jornada, http://www.geocities.com/investigaccion_rural/ ; "Comunicado de prensa del IV Foro Mesoamericano Por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos", 9 de julio de 2003, http://www.4foromesoamericano.com/noticias.htm ; y comentarios de Andrés Barreda, UNAM - Universidad Nacional de Mexico, correo electrónico: barreda@laneta.apc.org ; Piedad Espinosa, Trópico Verde, correo electrónico: mailto@tropicoverde.org , http://www.tropicoverde.org ; Magda Lanuza, Fundación Hijas e Hijos del Maíz, correo electrónico: elia35@yahoo.com
