Los medios en la mira
El 6 de mayo último, el periodista Benoît Collombat y dos responsables de Radio France fueron condenados por difamación contra el grupo del empresario francés Vincent Bolloré. El reportaje por el cual fueron incriminados daba la palabra a la sociedad civil camerunesa sobre las prácticas de la empresa en los sectores ferroviario, portuario y de plantaciones, todos ellos privatizados en provecho de filiales del grupo Bolloré. Ante las acusaciones de explotación de los trabajadores, de colusión con el régimen, de deforestación y de contaminación, ningún responsable del grupo se mostró dispuesto a hacer declaraciones a tiempo para que éstas fueran incluidas en el reportaje. El tribunal condenó a los acusados a pagar una multa de 1000 euros más uno por daños y perjuicios, especificando sin embargo que la decisión se refería a los aspectos ferroviario y portuario pero no al manejo de las plantaciones.
El 2 de julio próximo, le habría tocado a la fotógrafa independiente Isabelle Alexandra Ricq el turno de ser juzgada por difamación. Vincent Bolloré había presentado una denuncia contra ella y dos responsables de Radio France luego de una entrevista de France Inter, en la cual ella expuso los problemas que había podido constatar en las plantaciones de palma aceitera de Socapalm y en sus inmediaciones mientras realizaba un reportaje gráfico (publicado en Le Monde Diplomatique y en Alternatives internationales, http://www.isabellericq.fr/socapalm.html). Invitada por Radio France a narrar su experiencia, describió las malas condiciones de vida de los pigmeos Bagyeli, los problemas vinculados con la deforestación y la falta de tierras, y la situación deplorable de los trabajadores que, según comentó, “se denominan a sí mismos esclavos de Socapalm”. Sin embargo, dos semanas antes de la audiencia Bolloré prefirió retirar la denuncia, probablemente por considerar que tenía pocas posibilidades de salir victorioso y que se exponía al grave riesgo de que se revelara al público su actuación en Camerún.
Estrategia de intimidación
¿Habrá algo menos transparente que las operaciones productivas y comerciales, las redes de influencias o las actividades de represión de los grandes grupos empresariales? Mientras las críticas se limitaron a publicaciones relativamente marginales, el grupo no consideró necesario reaccionar. Pero cuando la radio francesa estatal, Radio France, retransmitió ciertas opiniones discordes, el grupo decidió que ya era suficiente y que debía “atacar” a su vez, para que “sirviera de ejemplo”, pues “con el grupo no se juega”, como bien dijo el Sr. Dominique Lafont, número dos de Bolloré S.A., durante el juicio a Collombat. Lo que sucede es que el grupo Bolloré se ha vuelto muy consciente de su imagen. “En África, Bolloré es una empresa ciudadana. [...] Nuestra estrategia consiste en sacar al continente de su aislamiento” por medio de un “desarrollo sostenible”, especificó el Sr. Lafont. En cuanto a las opiniones críticas, se las calificó de “miserabilistas y altermundialistas”.
Cabe señalar que, en Francia, Bolloré dispone de otros medios para influir en su favor sobre la opinión pública. En efecto, es el principal accionista del gigante de la publicidad Havas, sexto grupo de comunicación mundial y principal anunciante de numerosos medios de prensa. Además, Bolloré es propietario del canal Direct 8 y de dos diarios gratuitos, Direct Soir y Direct Matin Plus. Es evidente que sus lectores no se enterarán en absoluto de las críticas que reciben los negocios africanos de Vincent Bolloré, de la connivencia de los regímenes locales, de la aniquilación de la resistencia en las plantaciones, o de la destrucción vinculada con el oleoducto Chad-Camerún... No, para el público en general, toda la actividad de ese grupo (una de las más diversificadas del mercado) se resumirá en su fachada más presentable, la del Bluecar, un automóvil eléctrico previsto para 2011, principal baza con la que cuenta Bolloré para lograr el “reposicionamiento” ecológico de su imagen.
¿Quién es Bolloré?
El grupo Bolloré figura hoy entre los 500 más importantes del mundo, con un volumen de facturación anual de más de siete mil millones de euros. Se expandió principalmente en África, donde está presente en 42 países. Vincent Bolloré – 18º entre los más acaudalados de Francia en 2009 – construyó un imperio mucho más extenso que las antiguas colonias francesas. Se apoderó no sólo de plantaciones y servicios públicos africanos sino, sobre todo, de los puertos (su negocio tradicional en África) y la industria petrolera. El grupo no vaciló en trabajar en estrecha unión con diversos dictadores como Denis Sassou Nguesso, Omar Bongo o Charles Taylor. Además, Bolloré es amigo del presidente Nicolas Sarkozy: éste viajó en el yate del empresario luego de su victoria en la elección presidencial y dijo de él que hacía “honor a la economía francesa”.
Gracias a la compra de antiguas empresas coloniales y aprovechando la oleada de privatizaciones impuestas por los “ajustes estructurales” del FMI, Bolloré se ha convertido en un protagonista ineludible de la estructura económica y la vida política de muchos países africanos. Su control de sectores estratégicos y la transferencia de parte de sus ganancias africanas a paraísos fiscales como Luxemburgo o las islas anglonormandas le permiten disponer del capital financiero que necesita para sacar adelante sus negocios bursátiles y su estrategia expansionista.
Las plantaciones de Bolloré en Camerún
Camerún, ex colonia francesa, sigue estando administrado por una oligarquía que se ocupa más de sus propios intereses y de los de Francia que del interés general (según Transparency International, 2009, Camerún es el país más corrupto del África subsahariana). En ese contexto, muchos cameruneses consideran que el control de los sectores estratégicos por parte de grandes empresas francesas es una forma de neocolonialismo. No es raro ver a dirigentes del grupo Bolloré pavonearse en público con el presidente Paul Biya, su esposa Chantal o los principales funcionarios gubernamentales. Para Pius Njawé, director del diario Le Messager, la ingerencia del grupo Bolloré en la vida política de Camerún es indudable: “es una suerte de Estado dentro del Estado. [...] un perfecto ejemplo de lo que se llama Franciáfrica”.
En Camerún, el grupo Bolloré controla en particular inmensas plantaciones de palma aceitera y de caucho, ya sea directamente a través de Safacam (que explota 8.400 hectáreas), o indirectamente a través de Socfinal (que administra 31.000 hectáreas), junto con las dos familias del grupo Rivaud (retomado por Bolloré en 1995): los Fabri y los de Ribes. Bolloré posee cerca del 40% de las acciones de Socfinal, uno de los holdings de Rivaud que cotizan en la bolsa de Luxemburgo. Una de sus filiales, Intercultures, dirige Socapalm (Société Camerounaise de Palmeraies), la compañía implicada en los dos juicios anteriormente mencionados. En el balance de Socfinal, no menos del 45% de las ganancias provienen de Socapalm. Esta última es el resultado de un programa gubernamental iniciado en 1963 con ayuda del Banco Mundial. En 2000 fue privatizada y pasó a pertenecer al grupo.
Socapalm es una fuente de problemas sociales y ecológicos dramáticos, como fuera denunciado por el WRM (Boletines 112, 116 y 134 y Colección del WRM sobre plantaciones nº 13). Cuando pertenecía al Estado, confiscó sin indemnización tierras que eran propiedad consuetudinaria de las poblaciones locales; actualmente se sigue expandiendo en detrimento de los ecosistemas adyacentes, poniendo así en grave peligro la soberanía alimentaria de esas mismas poblaciones. Además, los productos agroquímicos empleados para el monocultivo y los desechos vertidos por su fábrica de Kienké contaminan masivamente los cursos de agua de la zona. En la plantación, las condiciones de vida y de trabajo son execrables: barracas y letrinas colectivas insalubres, falta de acceso regular al agua y electricidad, trabajos mayormente temporarios con salarios miserables, etc. Cientos de obreros trabajan seis días por semana, en algunos casos desde las 6 hasta las 18, sin cobertura social ni protección adecuada, por aproximadamente 1,6 euros por día, siempre y cuando los subcontratistas no olviden pagarles. Ante esta situación, ha habido múltiples huelgas y protestas, pero cuando surgió en 2007 un movimiento de resistencia contra tales prácticas su líder fue inmediatamente arrestado por la policía y las autoridades le hicieron saber que “si seguía lo iban a matar”.
Las plantaciones de Bolloré en otras partes del mundo
El grupo Bolloré, a través de Socfinal, posee otras plantaciones de caucho y palma aceitera en África y Asia. Muchas de ellas originan problemas similares con los trabajadores y los pueblos vecinos. En Liberia por ejemplo, Socfinal es propietaria de la mayor plantación de caucho del país. En mayo de 2006, la Misión de Naciones Unidas (UNMIL) publicó un informe que describe la situación terrible que impera en dicha plantación en cuanto a derechos humanos: trabajo de niños menores de 14 años, recurso masivo a la subcontratación, uso de productos cancerígenos, sindicatos amordazados, despidos arbitrarios, mantenimiento del orden por milicias privadas, destierro de los campesinos que obstaculicen la expansión de la zona de explotación.
En Camboya, la situación no es mucho mejor (ver boletín nº 142 del WRM). Luego de vacilar durante meses, el gobierno otorgó una concesión para plantación de caucho a Socfin KCD, compañía que pertenece mayoritariamente a Socfinal. En diciembre del 2008, se hizo tan fuerte la tirantez que cientos de campesinos del grupo étnico bunongse juntaron para manifestar contra la compañía que ya había empezado a desbrozar la selva y los campos cercanos a los pueblos. Los manifestantes dañaron y quemaron entonces vehículos de la empresa en señal de protesta. Después del incidente, cerca de un millar de familias de siete comunidades vecinas declararon que la tierra les pertenecía, ya que la trabajaban desde hacía decenios, y que sus derechos colectivos, como autóctonos, estaban amparados por el Código de tierras. Esos campesinos acusaron también a las autoridades de favorecer a la compañía, mientras ella prometía empleos, hospitales, escuelas y casas. La situación no se ha pacificado aún.
Conclusión
El tema de los impactos sociales y ecológicos de los grandes grupos industriales se vuelve cada vez más impenetrable, conforme lo recalca el último informe de Reporteros Sin Fronteras titulado “Deforestación y contaminación: investigaciones de alto riesgo”. La decisión del Tribunal de París de mayo de 2010 es un mal presagio para la libertad de prensa: va a desanimar a los periodistas – y a la sociedad civil en general – a emprender investigaciones críticas y alentará a las empresas a recurrir cada vez más a la vía judicial para acallar cualquier intento de poner en claro sus prácticas a menudo escandalosas. Junto con otros grandes grupos como Wilmar o Unilever, Bolloré apuesta al desarrollo de los agrocombustibles, supuestos sustitutos “ecológicos” del petróleo. ¿Sucederá que, cuanto más razones haya de investigar acerca de esas actividades, más se intentará intimidar a quienes pretendan hacerlo? En todo caso, lo cierto es que los industriales tendrán sumo interés en cortar de raíz las críticas e impedir que prosperen.
