El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) y posteriormente en su versión ampliada de REDD+, que abarca los monocultivos de árboles, forma parte de las opciones “de mercado” para hacer frente al cambio climático que consideramos falsas, porque no abordan las verdaderas causas del problema. El concepto básico de REDD es que los gobiernos, o propietarios o concesionarios (empresas, grandes ONGs) de los bosques en el Sur deberían ser recompensados por mantenerlos en pie en lugar de cortarlos. La propuesta, además de convertir el carbono en una mercancía, tiene una serie de connotaciones con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre los bosques y su acceso a los mismos.
Aún así, siguen adelante los proyectos REDD+, con mucho dinero de por medio. Parte del proceso lo constituye la Disposición para la preparación de una propuesta – REDD+ – (Readiness PreparationProposal) (R-PP), un documento en el que un país desarrolla el marco de trabajo (tipos de estudio y preparación, su implementación, términos de referencia o trabajo) que le permitirá “estar preparado” para participar en los sistemas de incentivos financieros para REDD+. Los lineamientos para los documentos R-PP fueron creados por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), una alianza que promueve los proyectos REDD+ y es implementada por el Banco Mundial. Una vez más, el Banco Mundial es actor activo del creciente proceso de financierización de la naturaleza, en este caso del clima, habilitando la movilización de cuantiosos fondos y posibilitando inversiones financieras y transacciones bursátiles.
En el caso de El Salvador, el gobierno presentó un documento R-PP al FCPF, el cual generó una fuerte reacción de organizaciones sociales y de académicos de El Salvador, que presentaron públicamente los argumentos para su rechazo al R-PP.
En el informe “Los esquemas de REDD-plus en El Salvador: Perfil bajo, disfraces benevolentes y mercantilización de ecosistemas y territorios”, (1) los académicos Yvette Aguilar, Maritza Erazo y Francisco Soto – que han venido dando seguimiento a la participación del gobierno de El Salvador en el mecanismo REDD+ – explican que dicho mecanismo habilitará “la compra-venta de bonos de carbono directamente en los mercados de carbono o a través de fondos de intermediación, como el Fondo de Carbono Forestal, para la compensación de las emisiones de los países desarrollados. Dicho enfoque busca la mercantilización de la naturaleza mediante la comercialización del carbono almacenado en los ecosistemas y territorios de los cuales dependen las comunidades indígenas, rurales y campesinas para su sobrevivencia”.
El referido documento señala que la propuesta posee graves errores conceptuales y carencias técnico-científicas que son insuperables aún bajo los laxos criterios del FCPF y que harían que la propuesta REDD-plus coloque al país en situación de mayor vulnerabilidad ante el cambio climático.
Por su parte, el pasado 15 de mayo, varias organizaciones sociales presentaron una carta al Coordinador del FCPF (2) en la que expresaban su preocupación y rechazo al referido documento, pidiendo que no fuera aprobado y denunciando que “no existe ni una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, ni un proceso oficial abierto, transparente y participativo”. Y argumentaban que el R-PP presenta graves deficiencias conceptuales y metodológicas, y de ser aprobado por el FCPF tendría graves implicaciones negativas para la sociedad salvadoreña, aumentando su vulnerabilidad y la frecuencia de los desastres, y retrasaría el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales urgentes en materia de cambio climático”.
Las organizaciones exigieron asimismo “que cualquier proceso de consulta que surja en nuestro país en torno a REDD, sea organizado e impulsado de manera transparente, informada, verdaderamente participativa, sustentado a la luz del mejor conocimiento disponible y de los compromisos internacionales adquiridos”. Esto a raíz de que el proceso para la concepción y elaboración del R-PP se llevó a cabo de manera cerrada, inconsulta y poco transparente por las autoridades, que no consultaron a “los actores y sectores relevantes, algunos de los cuales ya han realizado propuestas en materia de políticas y medidas ante el cambio climático”.
En decidido rechazo al documento R-PP y al proceso en el cual fue concebido, las organizaciones sociales salvadoreñas expresaron que el R-PP “no tiene la sustentación científico-técnica, ni la legitimidad social para garantizar la viabilidad política requerida para su apropiación e implementación exitosa por los actores relevantes; particularmente las poblaciones más vulnerables al cambio climático y a la variabilidad asociada, dentro de las cuales las comunidades indígenas, campesinas y dependientes de los sistemas forestales, las mujeres en desventaja económica y las poblaciones rurales y urbanas marginadas, juegan un papel preponderante”.
Además, las veintitrés organizaciones y comunidades indígenas que integran el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), también enviaron una carta (3) apoyando la de las organizaciones sociales y reafirmando su rechazo al contenido de dicha propuesta. En la carta expresaron que el diseño del R-PP“no considera ni incorpora las preocupaciones ni necesidades de los pueblos indígenas de El Salvador en materia de impactos y adaptación al cambio climático, y el proceso para su elaboración adoleció de una consulta previa, libre e informada con dichos pueblos conforme al derecho indígena internacional. A pesar que el R-PP presentado por el MARN incorpora una sección relativa a los pueblos indígenas de El Salvador, su contenido desconoce los avances del derecho indígena internacional y los compromisos que de éste se derivan para los gobiernos”.
El CCNIS alertó que “los impactos negativos del cambio climático en El Salvador están aumentando y ocasionandodaños y pérdidas en nuestras comunidades indígenas, cuyas viviendas, cultivos y medios desobrevivencia se han visto menguados, deteriorados o destruidos, y ya se observan los efectosnegativos en su salud, seguridad alimentaria e ingresos. El cambio climático está restringiendoaún más sus derechos en cuanto al acceso, uso y usufructo de la tierra en los territorios endonde habitan y desarrollan sus actividades de sobrevivencia, espirituales y culturales. Lapropuesta del R-PP de ninguna manera considera estos impactos negativos ni tampoco considera las propuestas que como pueblos indígenas podemos aportar al país para la elaboración e implementación de una Estrategia y Plan Nacional ante el Cambio Climático yun Plan de Adaptación Nacional”.
También denunció que “muchas de las políticas y medidas adoptadas para la mitigación de las causas del cambio climático, constituyen amenazas para los pueblos indígenas y podrían generarnos mayor vulnerabilidad y desadaptación. Al igual que los biocombustibles, los esquemas de REDD-plus han sido seriamente cuestionados por nuestros pueblos indígenas, por los serios impactos negativos que podrían ocasionamos, particularmente aumentando las restricciones en el acceso a la tierra y sus recursos, y propiciando el despojo a gran escala de nuestros territorios indígenas. A fin de prevenir dichos impactos, los pueblos indígenas hemos luchado por la incorporación de salvaguardas específicas en las políticas, programas, normas y acuerdos que nos atañen, para asegurar el respeto de nuestros derechos específicos”.
El gobierno de El Salvador no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, por el momento el único instrumento regulador internacional que otorga a los pueblos indígenas el derecho internacionalmente validado a un territorio propio, a su cultura e idioma. Aún así, podría recibir fondos para implementar un proyecto REDD, que involucra tan directamente a las comunidades de los bosques, con lo cual quedaría de manifiesto la falta de garantías al respeto de sus derechos en estas transacciones.
Por más detalles ver http://wrm.org.uy/countries/ElSalvador.html#info
Artículo basado en:
(1) “Los esquemas de REDD-plus en El Salvador:Perfil bajo, disfraces benevolentes y mercantilización de ecosistemas y territorios”, Yvette Aguilar, correo electrónico: yvette.a@gmail.com, Maritza Erazo, correo electrónico: mlerazo@yahoo.com , Francisco Soto, correo electrónico: francisco.soto.monterrosa@gmail.com, San Salvador, El Salvador, 17 de julio de 2012, enviado por Francisco Soto;http://wrm.org.uy/paises/ElSalvador/esquemas_REDD_plus_en_El_Salvador.pdf
(2) carta de organizaciones sociales enviada al FCPF del BM, disponible enhttp://www.wrm.org.uy/paises/ElSalvador/Carta_FCPF-RPP-SLV-15May2012.pdf ;
(3) carta del Consejo Coordinador Nacional de Indígenas Savadoreños (CCNIS) al FCPF del BM, disponible en http://www.wrm.org.uy/paises/ElSalvador/Carta_FCPF-RPP-SLV_CCNIS-24May2012.pdf
