La eliminación de normas consuetudinarias por medio de reglamentaciones
En 1950, los bosques de Indonesia se extendían sobre 162.290.000 hectáreas, cubriendo el 80% de las 192.257.000 hectáreas de su territorio. Según la Ley Forestal de 1999, la superficie de bosque perteneciente al Estado era de 133.876.645,68 hectáreas.
En materia de políticas forestales y territoriales, en Indonesia hay dos problemas clave. Uno es la percepción de los bosques que tiene el gobierno y la forma como ésta se traduce en la práctica. El otro es la diferencia entre la manera como el gobierno regula los asuntos territoriales y la forma como la población regula la propiedad de la tierra.
Al examinar de cerca los actuales conflictos agrarios del país se ve que el campo jurídico de la nación y el del Estado no es único ni está unificado. Las comunidades locales y los pueblos indígenas de Indonesia están dispersos y constituyen sus propios territorios administrativos, gobernados por diferentes leyes y culturas, en forma de clanes o tribus. Tribu o “suki” es el término usado para identificar la distribución de la población, y clan o “marga” se usa para identificar un territorio administrativo. En algunos lugares, el término clan sirve también para identificar la distribución de la población basada en el linaje genético.
En casi todas las regiones de Indonesia, las comunidades practican la gestión territorial, el manejo de los bosques y la utilización de la tierra, por medio de leyes llamadas tradicionales o locales que los miembros de la comunidad conocen y que se transmiten oralmente. Dichas leyes son observadas por las sucesivas generaciones y conforman un sistema jurídico que todos los miembros de la comunidad respetan. No pueden ser cambiadas sin el acuerdo de toda la comunidad. Al mismo tiempo, todos los miembros de la comunidad pueden actuar como supervisores de la ley y hacerla aplicar, para proteger los derechos de los demás. En este sistema, la tierra y los bosques son la base de la identidad y de la existencia de cada grupo indígena, y parecen estar bien protegidos.
En el campo jurídico formal, la Constitución de 1945 y la Ley Agraria Básica reconocen las leyes consuetudinarias que han sido desarrolladas y observadas por los pueblos indígenas a lo largo del tiempo. El gobierno fija condiciones para el reconocimiento y la aplicación de dichas leyes por medio de una serie de reglamentaciones, como las referentes a la Ley de Inversión Extranjera (PMA), la Ley sobre Propiedades Agrícolas y la Ley Forestal Nº 41 de 1999. Sin embargo, las reglamentaciones adoptadas en virtud de la Ley Agraria Básica niegan las leyes tradicionales y ponen en manos del gobierno la administración de los bosques y las normas agrarias.
La Ley Regional de 2004 ha permitido que cientos de jefes provinciales y distritales hayan otorgado miles de permisos de plantación y, junto como el ministro de silvicultura, hayan otorgado permisos para establecer “bosques plantados” industriales sobre decenas de millones de hectáreas de tierras comunales y tradicionales. Este dualismo de la propiedad, que proviene de las diferentes perspectivas sobre la propiedad de la tierra, se aplica ahora a unos 80 millones de hectáreas de las islas de Indonesia. Dichos permisos de plantación anulan las leyes tradicionales y el derecho de las comunidades a mantener y administrar sus bosques, de modo que éstos son destruidos por concesionarios que no pueden ser controlados ni por el gobierno ni por las comunidades.
Concesiones que expropian espacios de vida
En 2010, las plantaciones de palma aceitera cubrían 7,3 millones de hectáreas y estaban dispersas en 17 provincias de Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Maluku y Papúa. En 2012, dichas plantaciones se habían extendido hasta ocupar 9,1 millones de hectáreas. Basándonos en el actual proceso regulatorio, podemos predecir que esa expansión continuará hasta llegar a 30 millones de hectáreas por lo menos, y que se extenderá sobre cinco provincias más.
Además de otorgar permisos de uso (izin pinjam pakai), el gobierno está implicado en la degradación de los bosques al otorgar permisos para la utilización de los “bosques de producción”, conocidos como IUPHHK-HA, que permiten la producción de madera en los bosques naturales, y permisos llamados IUPHHK-HTI, que permiten la conversión de bosques primarios y secundarios en monocultivos comerciales y otorga a los concesionarios el control sobre los bosques naturales (es decir, los autoriza a saquearlos). Hasta noviembre de 2011, del total de 77,5 millones de hectáreas de “bosques de producción”, 34,6 millones habían sido cedidos en concesión, y el ministerio de silvicultura está actualmente procesando permisos para otros 5,7 millones de hectáreas.
De los casi 39 millones de hectáreas de bosque que han recibido permisos de explotación, sólo el 0,5% han beneficiado a la población, bajo la forma de Bosques de Plantación Populares (Hutan tanaman Rakyat / HTR) que cubren 189.903 hectáreas, Bosques Comunitarios (Hutan Kemasyarakatan, HKM) que cubren 30.387 hectáreas, y Bosques de Aldea (Hutan Desa) que cubren 18.908 hectáreas. Por otro lado, de las 40.859 aldeas de 17 provincias, 1.500 aldeas que comprenden un área de 11.135.011 hectáreas forman parte de la superficie boscosa, y otras 8.662 que comprenden 28.456.324 hectáreas limitan con los bosques del Estado. Mientras que los habitantes de esas aldeas pueden ser acusados de violar la ley si utilizan los bosques estatales, el gobierno otorga protección a las compañías de palma aceitera que allí operan, en aplicación de la Reglamentación Gubernamental Nº 60 de 2012, que les permite explotar legalmente el bosque solicitando permisos de uso u otros.
El cambio de identidad de las tierras y los impactos asociados
El gran desarrollo de la palma aceitera y de las plantaciones industriales HTI no apunta a impulsar la economía; su objetivo es más bien beneficiar a una serie de empresas que intentan moldear las leyes y reglamentaciones para su propio provecho financiero. Como todos sabemos, los grandes partidos políticos que ocupan el gobierno y benefician a los jefes provinciales y distritales están integrados por empresarios forestales y de plantaciones. A medida que el sector empresarial se apodera de más tierras, se produce un cambio en la gestión de los bosques por parte del gobierno como regulador de las políticas forestales. El interés del gobierno es asegurar que conservará su autoridad sobre los bosques, y no implementar políticas para salvar sus funciones ecológicas.
Los cientos de compañías que poseen concesiones forestales no sólo privan a las comunidades de sus derechos gracias a las reglamentaciones gubernamentales sino que violan esas mismas reglamentaciones al realizar desmontes y otras actividades destructoras del medio ambiente, como por ejemplo la destrucción de los bosques de turbera en los ecosistemas de manglar de Aceh, de los bosques de turbera de la provincia de Riau y de todas las provincias de Kalimantan, y de los bosques primarios de Papúa.
Las prácticas de las compañías de plantación de palma aceitera y de árboles para madera han llevado a numerosas especies nativas al borde de la extinción en los bosques primarios que quedan. Para un porcentaje cada vez mayor de la población, estas compañías han generado pobreza y dejado a las comunidades sin identidad. Mientras algunas se ven obligadas a abandonar sus tierras tradicionales, otras quedan en la miseria al depender de trabajos mal pagos en las plantaciones de palma aceitera.
La creencia de los pueblos indígenas en las leyes tradicionales que siempre han observado y la escasa difusión y socialización de las leyes formales del gobierno los dejan en una posición tal que pueden, de un momento a otro, perder su derecho al territorio. Han estallado miles de conflictos y siguen aumentando, obligando a los agricultores a elegir entre perder y abandonar su tierra natal con insuficiente compensación y trabajar para la compañía, o defender sus derechos a riesgo de ser criminalizados (por ejemplo, acusados de invasión) por la compañía y la policía.
Hasta 2012, WALHI había recibido quejas y defendido a las comunidades en 113 casos de apropiación de tierras que habían conducido a la criminalización y el arresto de 147 personas. Además, WALHI recibió 66 informes de intimidación y violencias, sin mencionar el asesinato de 28 personas y la muerte de 10 personas entre las que figuraban mujeres y niños.
En la isla de Sumatra en particular, además de apoderarse de los medios de vida de los agricultores y traumatizarlos por medio de la violencia, las plantaciones de palma aceitera contribuyen considerablemente a la degradación ambiental al provocar, por ejemplo, inundaciones y sequías, la obstrucción de los ríos por los sedimentos, y la miseria de las comunidades costeras como consecuencia de la contaminación.
Zenzi Suhadi, WALHI/ Amigos de la Tierra Indonesia, http://zenzie.blogspot.com
