Los bosques de Perú están bajo asedio. Por toda la Amazonia peruana, madereros ilegales y otros “legales”, igualmente destructivos, se dedican al madereo a gran escala de los últimos árboles de caoba (Swietenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata), dos especies de gran valor. De acuerdo con las últimas estimaciones, un 90 % de la madera extraída en la Amazonia peruana es ilegal. Las cifras oficiales informan que la mayoría de la madera dura peruana es exportada a México, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Gran parte de esta madera es importada en violación de los acuerdos internacionales de protección al medio ambiente (como CITES). Por otra parte, la extracción de madera peruana muchas veces ha implicado la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente su derecho a la propiedad, a la consulta previa, a la subsistencia y a la integridad cultural.
A medida que se talaron los bosques de las zonas más accesibles, la mafia forestal peruana comenzó a penetrar cada vez más en la selva, en busca de especies cotizadas. La mayoría de estas áreas remotas forman parte de los territorios que han pertenecido tradicionalmente a pueblos indígenas, incluso comunidades no contactadas y vulnerables. En Ucayali, por ejemplo, los madereros ilegales han abierto caminos hasta lo más profundo de la Reserva Murunahua, que amenazan la integridad de los territorios de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario. En una palabra, la mayor parte de la madera ilegal de Perú es extraída de las reservas comunales de las Comunidades Nativas, de las reservas de pueblos indígenas no contactados que viven en aislamiento voluntario, o de las zonas de conservación protegidas.
Organización de la extracción ilegal:
La organización de la explotación ilegal en Perú se basa en un sistema regional amazónico que existe desde hace mucho tiempo, conocido como habilitación, el cual está financiado y controlado por intermediarios y por una poderosa mafia maderera. Las cabezas de esta mafia suelen estar vinculadas con las estructuras de poder locales, incluido el gobierno regional. Los intermediarios (habilitadores) adelantan dinero a pequeñas bandas de leñadores equipadas (habilitadas) para ingresar al bosque a cortar árboles, los transportan a aserraderos de “blanqueado” para “legalizarlos”, y luego los envían a depósitos de madera situados en los centros urbanos. Los equipos de leñadores ilegales están en constante movimiento y bien armados, y se ha comprobado que usan armas de fuego para resistir cualquier tentativa de decomisar su madera en el bosque. La tala es efectuada por trabajadores forestales sin recursos, mientras que los intermediarios y los magnates de la madera de ciudades y pueblos se encargan de la comercialización.
Conflictos entre los madereros y las comunidades indígenas:
La tala sin control ha desembocado en conflictos entre las comunidades indígenas (con o sin título de propiedad) y los leñadores ilegales, que invaden sus territorios ancestrales para cortar madera sin permiso. Desde 2002, los jefes de la tala ilegal han promovido todos los años, tanto en Madre de Dios como en otros lugares, invasiones masivas a los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con el objetivo explícito de obligarlos a desplazarse y así poder declarar que dichos pueblos no ocupan ciertas zonas de bosque donde abunda la madera valiosa. Los choques entre comunidades indígenas y leñadores se han vuelto cosa habitual. Hace muy poco tiempo, en mayo de 2005, dos leñadores fueron muertos a flechazos cuando estaban talando en el curso superior del Río Piedra, en Madre de Dios. Estas muertes provocaron fuertes protestas a nivel nacional; sin embargo, los líderes indígenas afirman que aún no se sabe cuántos de los suyos fueron víctimas de las balas de los leñadores durante el enfrentamiento. Verdaderamente se teme que los madereros estén masacrando comunidades indígenas remotas, pero tales atrocidades son aún desconocidas en el mundo exterior.
En toda la región, leñadores ilegales y empresas madereras supuestamente “legales” aplican estrategias turbias y manipuladoras para lograr el acceso a los recursos de las Comunidades Nativas. Tanto los leñadores como las firmas madereras suelen inventar acuerdos escritos informales o firmar contratos formales con los líderes comunitarios sin conocimiento ni consentimiento del conjunto de la comunidad. En muchas de éstas no existen estructuras colectivas eficaces para la toma de decisiones, y los madereros se aprovechan de esta debilidad para hacer tratos con individuos o grupos reducidos.
Iniciativas fallidas del gobierno:
Bajo la presión de organizaciones regionales de pueblos indígenas, como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), conjuntamente con varias ONG y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno peruano adoptó una serie de iniciativas para combatir la tala ilegal. También se tomaron medidas para brindar protección a los pueblos indígenas no contactados. En abril de 2002 se estableció por Resolución ministerial una reserva para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, situada en el nacimiento del Río Piedra en Madre de Dios. En agosto, FENAMAD firmó un acuerdo con el gobierno para instalar puestos de control y vigilancia en la frontera Sur de la reserva (conocida como la línea 343).
En octubre del mismo año, el gobierno creó la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal en el Perú, la cual elaboró luego un plan de acción en este sentido. Se organizaron mesas redondas nacionales y regionales sobre política forestal, durante las cuales el gobierno solicitó propuestas sobre cómo combatir la tala ilegal. Se han aprobado numerosos decretos y resoluciones gubernamentales para reglamentar las actividades madereras, sancionarlas cuando son ilegales e investigar los casos de corrupción.
A pesar de todos los compromisos formales y de todos los decretos, resoluciones, leyes y planes de acción, muy poco se ha hecho en realidad. El gobierno tiene más de 50 Puestos de vigilancia en la región amazónica, pero éstos no son efectivos debido a los funcionarios corruptos que permiten el tráfico de troncos robados y madera aserrada a cambio de soborno. Aún en los casos en que el personal gubernamental no es corrupto, los puestos no pueden tomar ninguna medida por la gran carencia de recursos. Los casos en que se ha decomisado oficialmente madera ilegal talada por empresas madereras han sido poco frecuentes y de escaso volumen.
La policía y las autoridades forestales no han apoyado los puestos de vigilancia a cargo de FENAMAD en la línea 343; como consecuencia de esto, los leñadores ilegales invaden continuamente el área protegida. En mayo de 2005 se estimaba que había no menos de 150 campamentos de leñadores dentro de la Línea 343. Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para hacerlos salir. Algunos de los puestos de vigilancia han sido saqueados o incendiados por los equipos de leñadores clandestinos.
La mafia y las grandes empresas madereras son los mayores obstáculos para toda reforma progresista, tanto a nivel local como regional. Es por esta razón que muchas de las reservas propuestas para los pueblos indígenas no contactados aún no han sido legalmente instituidas. Tal es el caso de Napo Tigre, Yavarí Tapiche y Cashibo Cacataibo.
La demora en la designación de estas áreas se debe en parte a la presión de los poderosos intereses comerciales e industriales que se oponen con fuerza a toda zona de bosque protegida, incluidas las reservas para pueblos indígenas no contactados y las extensiones de los títulos de propiedad ya existentes de las Comunidades Nativas.
Un sistema de concesiones forestales erróneo:
La nueva ley forestal adoptada en 2001 fue un elemento central de la respuesta del gobierno a la tala ilegal. Dicha ley debía promover una extracción sustentable de la madera en la selva peruana. Desafortunadamente, ésta fue implementada con precipitación, burlando las medidas de protección de los derechos de los pueblos indígenas, y la tala ilegal y destructiva continuó con la misma intensidad. Las organizaciones de pueblos indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) han señalado que la agencia gubernamental responsable de supervisar la delimitación y la venta de las concesiones, conocida como Instituto de Recursos Naturales (INRENA), ha violado numerosas normas de la ley forestal. Denuncian que esa agencia ha delimitado concesiones sin consulta previa y sin una evaluación social y ecológica, en contravención de las obligaciones contraídas por el Estado según la Convención 169 de la OIT y de varias leyes para la protección del medio ambiente y de las Comunidades Nativas. De este modo, las concesiones han sido impuestas en tierras indígenas en muchos lugares de la región amazónica.
Por otra parte, los concesionarios usan el sistema de concesiones para blanquear la madera ilegal robada en las tierras indígenas y áreas protegidas adyacentes. Se mezcla la madera legal con la ilegal, usando los permisos de transporte de las concesiones madereras legales para evitar ser descubiertos. Cada vez son más las empresas madereras que ofrecen su apoyo a las Comunidades Nativas para que obtengan un permiso de extracción que les permita “legalizar” y “blanquear” su propia madera ilegal extraída fuera de la zona autorizada. Como explicó en 2004 el Sr. Kruger Pacaya, ex presidente de ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali):
“¡Es trágico! Los nuevos concesionarios están usando sus contratos con el gobierno para encubrir la tala ilegal. Continúan entrando en territorios indígenas y áreas protegidas adyacentes a sus concesiones para extraer caoba y cedro. Están haciendo lo mismo con los permisos de tala de las Comunidades Nativas y con los códigos impositivos, que utilizan para blanquear madera ilegal, extraída clandestinamente de otras áreas. Lo único que dejan tras de sí es un bosque empobrecido y enormes deudas impositivas que la comunidad no tiene forma de pagar...”
Las empresas pagan a las comunidades precios extremadamente bajos por su madera, y descuentan la mayor parte de sus costos como “crédito” otorgado a la comunidad, que éstas deben reembolsar en trabajo o madera. Recientes informes llegados de la región de Alto Purus revelan el alto grado de explotación y abuso a que están sometidas las poblaciones indígenas: reciben 30 dólares por un árbol de caoba adulto, el cual es vendido en 11.000 dólares en Pucallpa. Como explica Arlen Ribeira, líder Huitoto y miembro de AIDESEP:
“La tala ilegal y el robo de madera por medio de transacciones fraudulentas se practican a gran escala en el Alto Purus. Nuestros hermanos se vuelven cada día más pobres. Sus tierras están sufriendo grandes daños, dejándolos en una situación económica cada vez peor. Es una terrible explotación, a la que hay que poner fin...”
Los informes de los indígenas del Alto Purus confirman que la agencia gubernamental INRENA y los militares están implicados en el tráfico ilegal de madera. Ciertos funcionarios gubernamentales han sido acusados de complicidad con la mafia maderera que extrae caoba y explota a las Comunidades Nativas.
La lucha desde la base contra la tala ilegal:
Frente a la corrupción generalizada de las autoridades gubernamentales, que además se muestran reacias a enfrentarse con las poderosas y peligrosas mafias madereras, las comunidades indígenas de los bosques han decidido actuar por sí mismas y decomisar la madera robada en sus tierras y áreas protegidas adyacentes. En la Selva Central, por ejemplo, las comunidades Ashaninka formaron sus propios Comités de Vigilancia, Control y Defensa Forestal. Estos grupos de defensa territorial se han enfrentado a los leñadores armados y los han expulsado de sus bosques nativos. Acciones similares tuvieron lugar en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, pero en general el gobierno no ha recompensado a la comunidad e incluso, en algunos casos, se llevó la madera y la vendió como de su propiedad.
Las Comunidades Nativas y las ONG que las apoyan tomaron también ellas sus propias iniciativas independientes de vigilancia local. Ejemplo de ello es el trabajo de las ONG CEDIA y Shinai, que han establecido puestos de vigilancia independientes y utilizado el GPS para evitar la entrada de leñadores ilegales en la reserva de Kugapakori-Nahua. Shinai trabajó directamente con las comunidades indígenas para ayudarlas a reunir sus propios datos por GPS y presentarlos a las autoridades gubernamentales como evidencia de incursiones ilegales. En unos pocos casos, esta evidencia de base presentada a las autoridades de Lima empujó al gobierno a tomar medidas para decomisar la madera y expulsar a los leñadores clandestinos.
A pesar de estos logros, la mayor parte de las iniciativas tomadas desde la base carecen de recursos y no cuentan con el reconocimiento oficial. Las organizaciones indígenas y grupos de la sociedad civil local se sienten cada vez más frustrados ante tantos decretos y planes gubernamentales que prometen tomar medidas pero hacen poco o nada para detener en los hechos la tala ilegal.
“Estamos hartos de tanto diálogo político y mesas redondas forestales. El gobierno quiere seguir hablando de las formas de combatir la tala ilegal, pero no está dispuesto a hacer nada serio. Hasta el nuevo sistema de concesiones ha promovido el blanqueado de madera. Lo que necesitamos ahora es una serie de medidas reales para la aplicación de la ley y la protección legal de las tierras boscosas de los pueblos indígenas. Ya es tiempo de aplicar efectivamente todos los Decretos, Resoluciones y Acuerdos.” (Jorge Payaba, Presidente de FENAMAD, setiembre de 2005)
En su larga lucha para combatir la tala ilegal y la crisis forestal en Perú, las organizaciones indígenas y las ONG que las apoyan continúan reclamando:
- Expulsión inmediata de los madereros ilegales de las Reservas Estatales para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
- Medidas urgentes para controlar y vigilar efectivamente las fronteras de las reservas para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
- Investigación y sanción de los operadores forestales ilegales que actúan dentro de los territorios indígenas y áreas protegidas.
- Nuevos mecanismos y recursos para asegurar una aplicación adecuada de las leyes y protecciones existentes referidas a los pueblos indígenas y los bosques.
- Los países importadores deben dejar de comprar madera dura peruana hasta que cesen la tala ilegal y la violación de los derechos de los pueblos indígenas.
- Reforma de la ley forestal y cambios en su aplicación que garanticen el respeto de los derechos consuetudinarios de los indígenas a su territorio, sus tierras y sus recursos.
- Mayor reconocimiento y ayuda técnica y legal para la defensa territorial y las iniciativas de vigilancia tomadas por las comunidades indígenas y locales.
- Programas de capacitación y de fortalecimiento institucional para las Comunidades Nativas y sus organizaciones afectadas por la crisis de los bosques.
Artículo compilado por Tom Griffiths, Forest Peoples Programme, correo electrónico: tom@forestpeoples.org
Fuentes: (1) FENAMAD (2005), Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento vountario, Pronunciamiento: 26 de mayo de 2005; (2) ORAU, ARPI-SC, FENAMAD (2004), Resumen de talleres sobre la situación forestal en las organizaciones regionales de AIDESEP (en colaboración con el FPP y Racimos), Lima, setiembre de 2004; (3) AIDESEP (2004), Contra el abuso y la prepotencia de funcionarios del Estado y concesiones forestales en la región Ucayali, Declaración pública; (4) Griffiths, T. (2004), Indigenous Peoples in Peru call for forest policy reform and major changes in implementation of Forest Law, www.forestpeoples.org; (5) García, A. (2004), “Perú y Bosques: privatismo y derechos indígenas”, Kanatari (431)VII:14-15; (6) Chirif, A. (2002), “Controles y descontroles: extracción ilegal de madera en el Pacaya Samiria”, Ideele (2002), 148:81-85; (7) Alianza Amazónica (2004), Illegal logging in Peru: working group report, reunión anual de Alianza Amazónica, Iquitos, junio de 2004.
