Las compañías madereras chinas son relativamente nuevas en América del Sur. En Surinam, por lo menos dos de ellas han estado operando desde 1996; en la vecina Guyana, las primeras compañías llegaron en el año 2000. En ambos casos están operando en tierras indígenas y tribales o en sus cercanías. Se ha informado que hay compañías chinas realizando actividades en el norte de Brasil. Según las estadísticas del gobierno surinamís, en los años 1999 y 2000 los madereros chinos fueron por lejos los mayores productores de madera rolliza y China fue por lejos el destino principal de exportación de los mismos desde Surinam, cuadruplicando en cantidad al segundo principal destino de exportación.
Este breve artículo analiza una de las zonas de Surinam donde los chinos han instalado sus operaciones y el impacto que las mismas producen sobre el pueblo Saramaka, una de las seis tribus Maroon que viven dentro de las fronteras de Surinam. Los Saramaka son una de las tribus Maroon más grandes, con aproximadamente 20.000 personas que viven en 70 poblados a lo largo del río Surinam, uno de los principales cursos de agua del país. Han ocupado sus territorios desde principios del siglo XVIII, cuando sus ancestros esclavos escaparon de las plantaciones costeras y se internaron en los bosques donde fundaron comunidades autónomas y viables. Su autonomía política y cultural y sus derechos a la tierra y a sus territorios fueron reconocidos y reafirmados durante los siglos XVIII y XIX en tratados con el gobierno colonial holandés.
Los Saramaka reúnen los requisitos necesarios para ser considerados Pueblos tribales según los criterios internacionales y tienen básicamente los mismos derechos que los Pueblos indígenas según las leyes internacionales. La propiedad del territorio Saramaka está dividida entre varios clanes matrilineales. Los miembros de los clanes tienen derecho a cazar, pescar, cultivar y recolectar los productos del bosque en el área propiedad de su clan, pero la propiedad sigue siendo un derecho colectivo del clan.
Sin embargo, el gobierno de Surinam no reconoce los derechos indígenas a esas tierras y recursos, y afirma que son de propiedad estatal. En base a esos argumentos aprobó concesiones madereras en territorio de los Saramaka en 1990. Después de una intensa presión internacional, las concesiones madereras fueron anuladas y el gobierno prometió respetar el límite de 150.000 hectáreas prescrito por la Ley Forestal de 1992.
En 1998, el gobierno surinamís (conjuntamente con la ONG estadounidense Conservation International) estableció la Reserva Natural de Surinam Central (el área de bosque tropical protegido más grande del mundo). Con una gran cobertura de prensa, esta decisión ocultó que la reserva significaba para los Maroon una pérdida de al menos un tercio de sus tierras ancestrales, sin consulta previa ni compensación. Mientras tanto, se entregaron en concesión grandes áreas de bosques tropicales a compañías madereras y mineras multinacionales, burlando los límites establecidos en la Ley Forestal. La trampa consiste en conceder varias concesiones de 150.000 hectáreas a varias compañías que actúan como testaferros de una compañía mayor. NV Musa de Indonesia, conocida como la "brigada de excavadoras voladoras", por ejemplo, recibió entre 800.000 y un millón de hectáreas de esa manera.
Los Saramaka se enteraron de que se había asignado una concesión en sus territorios cuando los empleados de una compañía maderera china autodenominada NV Tacoba Forestry Consultants llegaron al lugar y comenzaron sus operaciones. La Jin Lin Wood Industries, también china, comenzó a trabajar en la zona en el año 2000. Según los Saramaka, entre las consecuencias de las operaciones de Tacoba y Jin Lin se incluyen el deterioro de la calidad del agua y los bosques, la construcción de una red importante de caminos secundarios, que contribuyó a la contaminación del agua y al aumento de la destrucción del bosque, la disminución de animales de caza, la destrucción de granjas de subsistencia, la restricción del acceso de la comunidad a áreas de caza, pesca y cultivo, y la intimidación ejercida por los empleados de la compañía.
El periódico estadounidense Philadelphia Inquirer informó sobre las actividades de las compañías madereras en Surinam en su edición del 20 de mayo de 2001: "Era demasiado evidente [la degradación ambiental] al caminar por la concesión de Jin Lin. La compañía abrió grandes caminos barrosos de cerca de 15 metros de ancho en el bosque, hizo grandes pilas de tierra y creí pozos fátidos de agua verde y marrón. Se veían árboles quebrados y rotos por todas partes, y las que alguna vez fueron parcelas de cultivo de camote, maní, jengibre, mandioca, palma y banana plantadas en el bosque por los pobladores Maroon, eran hoyos llenos de barro."
Tres quejas fueron presentadas por los Saramaka entre octubre de 1999 y octubre de 2000, y ninguna de ellas recibió respuesta. Llegaron a la conclusión de que la ley de Surinam estaba tan en su contra que sería inútil recurrir a los tribunales. Entones decidieron solicitar la protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentaron una petición ante la misma en octubre de 2000, que actualmente está pendiente de resolución.
Lo que sucede en Surinam es otro ejemplo de la internacionalización de las actividades de madereo impulsadas por un modelo de consumo no sustentable. Es por eso que la ampliamente difundida prohibición de madereo en China, en parte impulsada por inundaciones devastadoras relacionadas con la pérdida de bosques, se ha traducido en apenas un cambio de escenario. Ahora las operaciones de suministro se realizan en un país extranjero y la destrucción no se detendrá hasta que se aborde el otro extremo del proceso, es decir, la demanda.
Artículo basado en: "Logging and Tribal Rights in Suriname", por Fergus MacKay, Coordinador, Legal and Human Rights Programme, Forest Peoples Programme.
