Recientemente Oxfam de Gran Bretaña lanzó un informe sobre las actividades de la empresa inglesa New Forests Company (NFC). Esta empresa posee 27.000 hectáreas de plantaciones de árboles en Uganda, Tanzania, Ruanda y Mozambique, y celebró contratos con los gobiernos de esos países que abarcan cerca de 90.000 hectáreas. La empresa afirma que la madera que se producirá podrá satisfacer las demandas de la población, evitando la deforestación de bosques nativos. En Uganda, plantó desde 2006 cerca de 9.300 hectáreas de pinos y eucaliptos, en tierras dadas en concesión por el gobierno.
La empresa consiguió financiamientos para su emprendimiento: 5 millones de Euros del Banco Europeo de Inversiones para ampliar sus plantaciones en Uganda y 6,7 millones de dólares más del fondo de inversión ´ Agri-Vie Agribusiness Fund ´, un fondo mantenido, entre otros, por el Banco Mundial. Sin embargo, la principal inversión para las actividades de la empresa proviene del banco privado HSBC, con 10 millones de dólares.
Como si todos esos recursos de inversores no fuesen suficientes, la empresa quiere atraer más dinero a través de la venta del servicio ambiental de carbono, mediante los llamados créditos de carbono, por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. Empresas contaminantes del Norte van a poder continuar contaminando y agravando la crisis climática si compran créditos de carbono supuestamente ‘almacenado' en árboles plantados por NFC.
A pesar de que la empresa afirma que mantiene criterios sociales y ambientales rígidos y a pesar de que sus plantaciones están certificadas por el Consejo de Manejo Forestal (FSC), el equipo de Oxfam constató que, en el período de 2006 a 2010, más de 22 mil personas en los distritos de Kiboga y Mubende fueron expulsadas de sus tierras, incluso con uso de violencia, para dar lugar a las plantaciones de NFC. NFC admite que hubo que remover personas, pero niega haber participado de las expulsiones.
Muchas de las más de 22 mil personas alegan haber vivido durante 40 años en esas tierras, donde existía toda una infraestructura con policlínicas y escuelas. Pero, según la empresa, solamente 31 familias tendrían títulos legales, el resto estaría ilegal y la empresa clasifica a esas personas de ´invasores´.
El informe divulgado por Oxfam (1) muestra que las personas no fueron consultadas y, sobre todo, la desesperación de esa población, hoy sin tierra y sin perspectivas. En ciertos casos, las casas y tierras de cultivo fueron simplemente destruidas. La soberanía alimentaria de toda una población en dos distritos se vio profundamente afectada. Una de las personas expulsadas afirma: “Perdí lo que tenía. Donde estoy ahora, mis hijos lloran todos los días. No puedo mantenerlos y ellos no pueden ir a la escuela. Incluso comer se ha vuelto un problema”.
Mientras tanto, en el Documento de Diseño de Proyecto (PDD) presentado por la empresa en 2011 a la ONU para conseguir vender créditos de carbono, se alega que las personas cedieron sus tierras “voluntariamente y en forma pacífica”. Otros financiadores han declarado a Oxfam que el proyecto es coherente con sus criterios y salvaguardas sociales y ambientales.
Oxfam está exigiendo que haya una investigación independiente y urgente para identificar a los responsables de las violaciones que ocurrieron, y que se haga una reparación justa de todas las violaciones.
Lo que nos llama la atención es que incluso si la supuesta legalidad en que la empresa se basa tuviera algún fundamento, su práctica definitivamente no tiene nada de moral ni ética, si prestamos atención a los testimonios y a las historias de las personas expulsadas de las tierras donde vivían desde tanto tiempo atrás. Se trata de una grave violación de los derechos de esas personas.
Lo que llama la atención también es que la empresa consiguió el sello FSC, con el cual esa organización de certificación afirma que se trata de una empresa "socialmente justa". En un informe de evaluación del FSC de 2010, la entidad llega a afirmar sobre las expulsiones que “la empresa siguió medios pacíficos y actuó en forma responsable (..)” Es una muestra más de cómo el FSC en la práctica fortalece a las grandes empresas como NFC y contribuye al debilitamiento y el desmembramiento de comunidades impactadas por las plantaciones de monocultivos certificados, ¡y es incluso capaz de legitimar la expulsión de nada menos que 22 mil personas!
Y como si todo eso no fuese suficiente, el FSC acaba avalando el principal interés, quizás, de esta empresa inglesa para realizar este emprendimiento en un país africano: las ganancias futuras que pueda obtener para su matriz en Londres y sus accionistas con la venta del servicio ambiental de "carbono".
(1) Puede encontrarse más información sobre este caso de Uganda en el informe de Oxfam sobre el caso, disponible en Internet (http://www.oxfam.org/en/policy/new-forests-company-and-its-uganda-plantations-oxfam-case-study), en el cual se basó este artículo.
