Aproximadamente un 24% (o 5 millones de hectáreas) de la superficie total de Uganda está cubierto por bosques y áreas arboladas, 80% corresponde a áreas arboladas, 19% a bosques altos y húmedos y 1% a plantaciones comerciales. Aproximadamente el 30% de estos bosques y áreas arboladas están demarcados y definidos principalmente como bosques protegidos y se encuentran directamente bajo distintas formas de jurisdicción gubernamental. El 70% restante que no pertenece al dominio de bosques demarcados es manejado a través de varias formas de control privado y tradicional.
Los bosques y tierras arboladas son recursos que se basan en la tierra y por lo tanto, la tenencia de la tierra tiene consecuencias importantes para el acceso a la tierra y a sus recursos. Si bien durante la época precolonial no existían políticas formales (escritas), según se dice los reinos tribales emplazados aseguraban una reglamentación ambiental mediante un sistema de controles consuetudinarios a partir de sistemas de conocimiento indígena locales. Sin caer en el romanticismo, la evidencia que existe de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente en las sociedades ugandesas típicas anteriores a la época colonial parece sugerir en general un contexto de pueblos que vivían en cierta "armonía con la naturaleza".
En la fase incipiente del período colonial se produjo una marcada influencia de fuerzas extranjeras, entre ellas exploradores y misioneros y posteriormente cazafortunas y comerciantes, un proceso que culminó con la conquista colonial y el advenimiento de políticas de desarrollo orientadas por el capital. En el sector forestal, nuevos empresarios buscaron ampliar sus fortunas mediante la extracción comercial de madera, caucho silvestre y café, lo que ante la ausencia de cualquier forma de reglamentación, condujo a la destrucción voraz de los bosques. La introducción de cultivos comerciales y cargas fiscales agravó aún más la destrucción de los bosques, debido a la tala para ganar tierras de cultivo y otras actividades generadoras de dinero en efectivo. La creación de bosques protegidos se produjo invariablemente a través del desalojo de algunas comunidades campesinas de sus tierras ancestrales.
La política forestal durante el inicio del período post-colonial (desde 1962 hasta la década de 1980) fue “más de lo mismo”. Más tarde, en 1988, una revisión de estas políticas, aparentemente a instancias de donantes externos, hizo énfasis en nuevas iniciativas para detener la deforestación, la necesidad de rehabilitar los bosques, la generación de conciencia sobre temas ambientales y un enfoque basado en la participación de múltiples partes interesadas, que se cree favoreció el surgimiento y rápido crecimiento de ONGs ambientalistas a nivel local.
La política de manejo colaborativo de bosques de Uganda refleja un sesgo conceptual que parece equiparar el manejo comunitario de bosques con el manejo colaborativo de bosques, un sesgo espacial que parece centrarse en la zona marginal de bosques y un sesgo de proyecto. Debido a su propensión a los proyectos y los requisitos relacionados con éstos -entre los que se encuentra la necesidad de demostrar el impacto tangible en marcos temporales restringidos- el manejo colaborativo de bosques pierde una parte considerable de la flexibilidad de los experimentos de aprendizaje social que supuestamente son su esencia.
La política de manejo colaborativo de bosques se profundizó a partir del énfasis en la gobernanza, cuyas fases iniciales parecen haber estado dominadas por los aspectos políticos y fiscales de las políticas, quedando los aspectos ambientales aparentemente en un plano secundario. En la práctica, el manejo colaborativo de bosques aplicado en los bosques estatales bajo el control del Departamento Forestal está siendo desarrollado en forma pionera en 7 lugares, y todos ellos utilizan enfoques basados en proyectos, dependientes de donantes que los financien.
Existen dos tipos de reservas de bosques a la hora de discutir los poderes de manejo descentralizados en los acuerdos de manejo colaborativo. Por un lado, están las reservas de parques como el Parque Monte Elgon, que han sido cerradas a la explotación comercial. En estas reservas las comunidades tienen acceso a ciertos recursos de subsistencia cuya extracción se considera ambientalmente benigna, mediante programas de manejo comunitario colaborativo. En esos casos el poder sobre los bosques está en manos de la Autoridad de Flora y Fauna o del Departamento Forestal de Uganda. Los programas de manejo colaborativo son tipos de acuerdos en los cuales el poder de dirección último está en manos de las burocracias estatales que dirigen la flora y la fauna, y los bosques.
El segundo tipo de reservas de bosques son aquellas en las que se puede recolectar los recursos con fines comerciales. Se supone que el poder para el manejo de esos bosques está distribuido entre el gobierno central y los gobiernos locales. Los segundos tienen supuestamente la responsabilidad sobre las reservas de bosques con menos de 100 hectáreas de extensión, mientras que el estado maneja las de mayor tamaño. Ni siquiera en este acuerdo se ha devuelto poder decisorio efectivo a los gobiernos locales. El poder sobre lo que se puede explotar, y cuándo y quiénes lo pueden explotar está en manos de los funcionarios forestales del gobierno central.
La descentralización en el marco de los acuerdos de manejo colaborativo de bosques, por lo tanto, en gran medida no va más allá de permitir el acceso de las comunidades a un espectro restringido de recursos. A pesar de la retórica del empoderamiento de las comunidades, el abismo existente entre los intereses de las llamadas comunidades locales y otras partes interesadas es muy a menudo convenientemente subestimado. Por ejemplo, la Comunidad Económica Europea planteó el desalojo de comunidades campesinas que habían invadido áreas protegidas como condición para el desembolso de fondos destinados a apoyar actividades de manejo colaborativo de recursos.
En el Parque Nacional Mbale, el manejo colaborativo de bosques implicó la restauración y conservación del bosque mediante la plantación de árboles en una iniciativa apoyada por la Sociedad de Flora y Fauna de Uganda y la fundación FACE (Forests Absorbing Carbon Emissions - Bosques que absorben emisiones de carbono), financiada por un consorcio holandés de generación de electricidad. Posteriormente se realizó una auditoría para evaluar cuánto dióxido de carbono se había secuestrado, en respuesta a lo cual se encargó la realización del Proyecto de Verificación de Gases de Efecto Invernadero. Comentando cómo estas ideas estaban tan fuera de sincronización con la realidad de su vida cotidiana, Kanyesigye y Muramira (2001:35) citan las palabras de un poblador de 75 años: “…crecimos viendo a nuestros padres y abuelos depender del bosque. El bosque es nuestro padre, nuestra madre… ¿Cómo es posible que venga un extraño y pretenda saber más que nosotros sobre algo que ha sido nuestro durante tanto tiempo?”.
El impacto de las iniciativas de manejo colaborativo de bosques sobre la pobreza ha sido débil. Los agricultores relativamente más ricos que han podido invertir tierras, mano de obra y dinero en efectivo, son quienes en general han resultado beneficiados por estas iniciativas; al parecer los beneficios no han llegado a los más pobres.
Los pasajes previos de la investigación de Mandondo muestran claramente que, aunque el manejo colaborativo de bosques puede en algunos casos mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales, tiene muy poco en común con el manejo comunitario de bosques, que otorga poder a los pobladores para tomar decisiones sobre el manejo de sus bosques.
Seleccionado y adaptado de: “Learning from international community forestry networks – a Synthesis of Uganda Country Experiences”, de Alois Mandondo, 20 de agosto de 2002, borrador de estudio realizado como parte del proyecto de CIFOR “Learning from International Community Forestry Networks”, correo electrónico: mandondo@africaonline.co.zw
