Mozambique es un país rico en recursos forestales. Sus bosques cubren una superficie de unos 40,6 millones de hectáreas, con 14,7 millones de hectáreas más de otras zonas arboladas (DNTF, 2007). La mayoría de las provincias poseen grandes extensiones de hermosos bosques en buen estado, de donde las comunidades rurales sacan diversos productos para su subsistencia y a donde acuden también con fines culturales y espirituales. Sin embargo, la diversidad de los bosques no está bien documentada, por varias razones, entre ellas la extensión del país, la falta de transporte, la prolongada guerra civil y la escasez generalizada de recursos humanos y financieros.
Los bosques productivos (zonas boscosas reservadas para la producción y la explotación de madera) cubren 26,9 millones de hectáreas, mientras que hay 13 millones de hectáreas que han sido definidas como no aptas para la producción de madera, y es allí que se ubica la mayor parte de los parques nacionales y reservas forestales. Los bosques protegidos por la ley o reservados para la conservación representan aproximadamente el 22% de la cubierta boscosa de Mozambique.
El tipo de bosque más extenso – que ocupa cerca de dos tercios del país – es el llamado bosque de miombo. Este tipo de bosque abarca grandes superficies en el norte y el centro de Mozambique, y es importante para la población, que allí obtiene leña, carbón y plantas medicinales, nutrientes y fertilizantes del suelo a través del fuego y del reciclado del follaje, y alimento para los animales domésticos. Como el suelo del miombo generalmente es fértil, este bosque se usa también para la agricultura (Mozambique, 2003).
El miombo se caracteriza por una densa cubierta vegetal con árboles de hojas caducas y semicaducas que suelen alcanzar una altura de 10 a 20 metros. El fuego es un componente ecológico importante de estos bosques, porque facilita la germinación de las semillas y la nitrificación del suelo. Las tormentas eléctricas que ocurren al comienzo de la estación lluviosa pueden fácilmente encender la vegetación, pero la vegetación verde y la humedad del suelo impiden que los incendios se propaguen. El segundo tipo de bosque más frecuente en el país es el bosque de mopane, que existe principalmente en la región de Limpopo-Save y en el valle del alto Zambeze, y donde predominan árboles y matorrales.
La poca fertilidad del suelo y la presencia de numerosa fauna en los bosques de mopane han permitido la conservación de grandes áreas, como las que constituyen los parques de Banhine, Zinave y Gorongosa.
En general, el Norte del país tiene bosques más densos y menos explotados que el Sur (Micoa, 1998).
La gente, los bosques y la explotación forestal
Si bien Mozambique ha registrado un aumento de las tasas de crecimiento económico, “también la diferenciación está aumentando, dado que la mayor parte del crecimiento del PBI beneficia al 20% más rico y a que también aumenta la distancia entre los pobres, los muy pobres y los extremadamente pobres” (Hanlon, 2007).
La mayoría de los mozambiqueños vive en zonas rurales y su subsistencia cotidiana depende de los recursos naturales. La población rural pobre practica la agricultura de subsistencia y sólo comercializa los excedentes de producción. Aproximadamente el 7% de la población dispone de electricidad, y el resto usa leña, carbón, gasolina y gas. La recolección de leña y la producción de carbón para cocinar y calentar representan el 85% del consumo de energía del país.
La madera de construcción y las maderas preciosas también son usadas por las comunidades para edificar sus casas y realizar artesanías, principalmente tallas y esculturas. Entre los productos forestales no madereros (PFNM) figuran las plantas medicinales, las hierbas, el bambú, los juncos y alimentos tales como vegetales, frutos y tubérculos silvestres. Gran parte de estos PFNM no se comercializan, principalmente debido a la ausencia de infraestructura y a las dificultades para llegar a las ciudades y mercados. Como resultado, las esteras, cestos, sillas y camas de paja se venden mayormente al borde de las rutas principales.
La Ley de Tierras y la Ley sobre Bosques, Fauna y Flora
Dos cuerpos de leyes gobiernan y protegen a los usuarios de los recursos forestales: la Ley de Tierras de 1997 y la Ley sobre Bosques, Fauna y Flora de 1999, cuya reglamentación recién fue aprobada en 2002. La Ley de Tierras reconoce y protege los derechos tradicionales sobre la tierra, con los bosques incluidos. La Ley sobre Bosques define los derechos y beneficios de las comunidades que dependen de los bosques, tales como el nivel de utilización de recursos de subsistencia, la participación en la cogestión de los recursos forestales, la consulta previa a la comunidad para el otorgamiento de derechos de explotación a terceros o los beneficios derivados de la producción de madera en régimen de concesión.
La Ley de Tierras de 1997 reconoce los derechos de las comunidades sobre la tierra y hace obligatoria la consulta antes de otorgar derechos de uso a terceros. También hace un reconocimiento parcial de los derechos consuetudinarios como forma de defender los derechos de las mujeres (Negrão, 1999). Si bien las comunidades pueden utilizar cualquier producto del bosque para su propio consumo, no pueden comercializar dichos productos sin el permiso correspondiente (Norfolk et al., 2004).
La Ley sobre Bosques, Fauna y Flora tenía como fin el manejo sustentable de los recursos forestales y la creación de una estructura más eficaz para la generación y la distribución de los ingresos fiscales. En la base de esta ley está el concepto de Gestión Comunitaria de los Recursos Naturales (GCRN), que ha sido adoptado en muchas partes del Sur de África como un “proceso de descentralización que apunta a dar a las instituciones de base el poder de decisión y el derecho de ejercer el control sobre sus recursos” (Nhantumbo et al., 2003).
Uno de los principales defectos de la Ley sobre Bosques es que no incluye el concepto de ocupación cuando las comunidades reclaman derechos sobre los recursos. La ley sólo ofrece cierta protección a las actividades de subsistencia. Por lo tanto, hay que concluir que las dos leyes que rigen la utilización de los bosques se contradicen considerablemente, puesto que la Ley de Tierras permite el traspaso de derechos reales sobre la tierra, mientras que la Ley sobre Bosques limita el uso de los recursos al nivel de subsistencia no comercial, y hace que sea obligatorio solicitar un permiso para su uso comercial (Norfolk et al., 2004). Así, la Ley sobre Bosques pone a las comunidades locales en el mismo plano que el sector privado y las compañías internacionales, lo cual significa que deben solicitar permisos y presentar planes de manejo del mismo modo que el sector privado, a pesar de que carecen de los recursos financieros y técnicos para hacerlo.
Amenazas para los bosques – la tala ilegal
Según el inventario nacional de bosques de 2007, la causa principal de deforestación en el país es la presión humana, que se traduce en la quema de bosques para la creación de zonas de cultivo, la recolección de leña y la producción de carbón. Se estima que el ritmo de deforestación anual es de 219.000 hectáreas, lo cual equivale a la conversión del 0,58% de los bosques por año (DNTF, 2007).
Si bien el inventario sugiere que el índice de deforestación está directamente relacionado con la población de cada provincia, varios estudios indican que las causas principales son la tala ilegal no sustentable y, en menor grado, los incendios forestales.
Los incendios intencionales se han generalizado en el país, a tal punto que han modificado el período de rotación, la fecha y la intensidad de los incendios espontáneos en varios bosques de miombo del norte de Mozambique. Esto tiene un gran impacto sobre el índice de supervivencia de las semillas y plantas jóvenes, pues se ha reducido considerablemente el intervalo entre incendios. Además, las plantas del miombo crecen a ritmo lento, por lo cual no logran alcanzar un tamaño suficiente antes del siguiente incendio.
La explotación ilegal del bosque es un problema que ha sido bien documentado y, según las estimaciones de un estudio realizado por la Dirección Nacional de Bosques y Fauna Salvaje (DNFFB) y la FAO (2003), la producción clandestina de madera representa entre el 50 y el 70% de la producción total del país. Durante una reciente visita a la provincia de Cabo Delgado, las comunidades se quejaron de la tala intensa que se practica alrededor de sus aldeas, de la gran cantidad de troncos abandonados en el bosque (esto sucede cuando los operadores encuentran cualquier ínfimo defecto en los troncos y los dejan tras ellos), de la tala indiscriminada de árboles pequeños y grandes, de la actividad nocturna de las empresas forestales (que es ilegal en Mozambique) y de la cantidad de empresas que operan en la provincia.
El mecanismo por el cual el 20% de los ingresos forestales (1) corresponde a las comunidades locales no se pone en práctica como debería, y sólo un puñado de comunidades ha recibido dinero desde su implementación. Hay varios problemas en torno a este mecanismo, en opinión de los Servicios Provinciales de Bosques y Fauna Salvaje (SPFFB) y de las comunidades locales, como ser los altos costos que implica el trámite, la poca divulgación de la ley, la burocracia excesiva, la falta de comunicación entre los diferentes actores, la rigidez de los mecanismos bancarios referentes a la apertura de cuentas por parte de las comunidades y la debilidad de la sociedad civil, entre otros. Para las comunidades que reciben ese 20%, también existen problemas relativos a su capacidad de administrar el dinero y de gestionar los proyectos que quieran implementar.
Otros problemas afectan a los miembros de las comunidades que trabajan en el sector forestal, tales como las condiciones de trabajo inhumanas, el retraso en los pagos, los salarios inferiores al mínimo y la ausencia de contratos. El sueldo de los olheiros (hombres que recorren grandes distancias dentro del bosque para identificar los árboles más valiosos), es de unos 1.000 Mtn por mes, mientras que un leñador cobra unos 700 Mtn por mes. (2)
Los leñadores trabajan en condiciones muy precarias, prácticamente sin ningún equipo de protección, como casco, guantes, máscara o botas. No tienen primeros auxilios ni asistencia médica, por lo cual toda herida es muy peligrosa y a menudo mortal. Carecen de servicios elementales, como agua, y suelen verse obligados a lavarse con el rocío que encuentran en la hierba y las hojas temprano en la mañana. Esta falta de instalaciones aumenta aún más los problemas de salud.
El gobierno tiene muy poca capacidad de hacer respetar las leyes. Así, la tala ilegal se ha generalizado y las empresas madereras suelen cortar mucho más que el volumen permitido, transportar troncos sin documentación, talar árboles que no llegan al diámetro legal y arrancar árboles de raíz para exportarlos.
Además de la falta de capacidad y de fondos, la participación en las multas (3), otro mecanismo legal implementado para mejorar el manejo del bosque y controlar la tala ilegal, es casi inexistente.
Durante la visita de campo, las comunidades también mencionaron que a menudo vuelven a encontrar a los leñadores ilegales que habían sido atrapados, pero que siguen con su actividad habitual. En algunos casos extremos se informó que no sólo habían vuelto a la zona de desmonte sino que habían amenazado a los guardias comunitarios que participaron en el proceso. Esto hace que las comunidades dejen de confiar en el sistema y cuestionen la utilidad de dedicar tiempo y recursos a la vigilancia de los bosques.
En una entrevista realizada al director de aduanas (Dirección Provincial de Aduanas, Pempa, 21 de agosto de 2007), éste habló sobre la corrupción del sistema, que se manifiesta en la declaración de volúmenes menores, la falsificación de registros de carga y de especies de madera, y la exportación ilegal de troncos no procesados de madera de primera clase (4) o de tablas de un espesor mayor a los 10 cm legalmente permitidos. Los exportadores asiáticos dominan el mercado, y los troncos no procesados les interesan mucho porque China, su principal destinatario, no cobra impuestos (o cobra impuestos muy bajos) sobre ellos y en cambio fija impuestos considerables a la madera procesada. Varios entrevistados comentaron que ésta era la principal razón del interés por la madera en bruto, y no la ineficiencia de los aserraderos (alrededor del 50%) de Mozambique, ya que las pérdidas las asumen los aserraderos y no los compradores asiáticos, que pagan por el volumen final del producto.
Otro problema del sector forestal es la centralización. Muchos de los distritos administrativos no tienen copia de los permisos o concesiones forestales que se otorgan dentro de sus límites. Raras veces los gobiernos locales participan del proceso de encauzar el 20% de los ingresos forestales a las comunidades locales.
Por otra parte, el país parece estar dirigiendo sus esfuerzos hacia el desarrollo de estrategias para el establecimiento de plantaciones y la producción de agrocombustibles. En una reciente visita a través de Mozambique, resultó evidente que la mayoría de las provincias, municipios y localidades estaba ávida de proyectos de agrocombustibles, porque los ven como una manera de salir de la pobreza. Hay varios planes para la producción de agrocombustible y etanol, principalmente a base de jatrofa y caña de azúcar. Según sus dimensiones y su ubicación, dichos planes pueden convertirse en una de las mayores amenazas para los bosques de Mozambique, que serán reemplazados por plantaciones, y para las comunidades rurales que dependen de la agricultura y la recolección de productos del bosque, que se verán aún más marginadas.
Se ha dicho que si la deforestación sigue en aumento, el bosque como fuente de recursos se agotará en un plazo de 5 a 10 años. Esto obligará a las comunidades a desplazarse hacia tierras degradadas, lo cual pondrá en peligro sus medios de vida. ¿Se ofrecerá alguna alternativa de subsistencia a la población rural pobre? ¿Pueden las ciudades mozambiqueñas soportar una inmigración masiva?
La necesidad de proteger los bosques de Mozambique y, por ende, los medios de vida locales, es una cuestión urgente que debería figurar como prioridad en la agenda del Estado, en lugar de los planes de reforestación y los proyectos de agrocombustibles que terminarán compitiendo por la tierra y poniendo en peligro a las comunidades que dependen del bosque.
Por Vera Ribeiro,
correo electrónico: veruribeiro@gmail.com. El texto completo de este artículo está disponible en inglés en: http://www.wrm.org.uy/countries/Africaspeaks/Overview_problems_Mozambique_forests.pdf
[1] El Decreto Nº 12 de 2002 estipula que el 20% de lo recaudado por el acceso, la explotación y la utilización de productos forestales corresponde a las comunidades locales.
[2] 1 dólar estadounidense equivale aproximadamente a 24 Mtn.
[3] El Decreto nº 12/2002 del 6 de junio establece que el 50% del valor de las multas derivadas de la transgresión de la Ley sobre Bosques estará destinado a los funcionarios encargados de hacerla cumplir, a los agentes comunitarios y a las comunidades locales involucradas en la denuncia.
[4] El artículo 12 del Decreto 12/2002 prohíbe la exportación de troncos de maderas preciosas de las especies de clase 1, 2, 3 y 4, y sólo permite la exportación de madera de especies de la 1ª clase que haya sido transformada en el país.
