En 1987 se aprueba en Uruguay una legislación que implica la promoción --a través de exenciones impositivas y subvenciones-- de monocultivos a gran escala de árboles exóticos (principalmente eucaliptos y pinos) con destino a la exportación. Es así que el país, hasta entonces agrícola-ganadero, comienza a convertir parte de sus fértiles praderas en “desiertos verdes”, que actualmente superan las 700.000 hectáreas.
Paralelamente comienza una creciente oposición a los monocultivos de eucaliptos y de pinos. Parte de esa oposición es el resultado de años de campañas y denuncias concretas de organizaciones ambientalistas, sociales y sindicales locales, que han venido documentando los impactos de ese modelo forestal. Pero también les cabe “mérito” a las propias empresas forestadoras, cuyas plantaciones han demostrado tener los impactos anunciados por las organizaciones de la sociedad civil y cuyas prácticas sociales han dejado mucho que desear.
A partir del año 2001 aparece en escena el FSC certificando 5.000 hectáreas de plantaciones de la empresa Industrias Forestales Arazatí (a través de la certificadora SmartWood). Entre quienes conocían a esa empresa, con su larga tradición de destrucción ambiental (desecamiento de humedales) y de política antisindical (que llegó a amenazar a representantes del Sindicato de la Madera con sacarlos a balazos), quedó de entrada muy claro que, si esa empresa era certificada, todas las demás también lo serían. Y efectivamente, así ha sido. Una tras otra, las empresas que solicitan la certificación la logran, pero los impactos continúan y se agravan a medida que las plantaciones –certificadas o no– cubren extensiones cada vez mayores en distintas zonas del país.
En agosto de 2005 había siete empresas con plantaciones certificadas por el FSC en Uruguay, con un área total certificada de 133.711 hectáreas. De las mismas, cinco tenían áreas plantadas de más de 5.000 hectáreas, en tanto que dos eran pequeñas plantaciones (31 y 184 hectáreas respectivamente). En cuanto al origen del capital, dos eran extranjeras (la finlandesa COFOSA y la española EUFORES) y las restantes nacionales. Cinco fueron certificadas por SGS Qualifor, en tanto que dos lo fueron por SmartWood (Rainforest Alliance).
Un trabajo de campo del WRM llevado a cabo a fines de 2005 y publicado en marzo de 2006 ("Maquillaje Verde. Análisis crítico de la certificación de monocultivos de árboles en Uruguay por el FSC", al que se puede acceder en http://www.wrm.org.uy/paises/Uruguay/libro.pdf), describe a las principales empresas certificadas en Uruguay (EUFORES, COFOSA, FYMNSA, COFUSA) y llega a la conclusión de que ninguna de las cuatro empresas analizadas cumple con el mandato explícito del FSC, que plantea que “El Consejo de Manejo Forestal (FSC) promoverá el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques [sic] del mundo”.
En el boletín Nº 104 del WRM, sobre Uruguay, hicimos referencia a los resultados del estudio. Los graves impactos sobre el agua, la flora --con especial afectación de la pradera, principal ecosistema del país y base de la producción agropecuaria--, la fauna y el paisaje revelan que las plantaciones certificadas no cumplen las condiciones de manejo “ambientalmente apropiado” de los recursos naturales.
Por otro lado, la promoción de las plantaciones de monocultivos de árboles ha provocado diversas tendencias. Los beneficios empresariales del modelo forestal se optimizan en condiciones de latifundio, con lo cual se ha producido un incremento de la compra de grandes extensiones de tierra –en gran medida por parte de empresas extranjeras. A su vez, se trata de una actividad excluyente de otras actividades productivas por los impactos que provoca en las mismas, contribuyendo así al despoblamiento de la campaña. Además el empleo que han generado ha sido precario, zafral y tercerizado. Todas estas circunstancias dan por tierra con el requisito de manejo “socialmente beneficioso”.
En cuanto al requisito de constituir una actividad “económicamente viable”, lo constatado es que de no ser por la enorme subvención directa e indirecta --desde exoneraciones hasta construcción y mantenimiento de caminería-- recibida por el Estado, es decir, el pueblo uruguayo, seguramente la forestación no se habría desarrollado en el país.
Por último, en el caso concreto de Uruguay, la certificación de estas plantaciones no contribuye a promover el manejo sustentable de los bosques (que están protegidos por ley) y en cambio, avala la destrucción completa del principal ecosistema del país (la pradera).
La certificación implica, además, un debilitamiento de la oposición local, puesto que las empresas reciben un sello supuestamente “verde” otorgado por una institución prestigiosa en la que participan activamente ONGs sociales y ambientales, que además fueron quienes crearon y promovieron este esquema de certificación.
Por otro lado, esas certificaciones erosionan la credibilidad del FSC, cuyo cometido original apuntaba a la protección de los bosques mediante su manejo adecuado. El propio hecho de que el FSC considere que las plantaciones son “bosques” va en desmedro de su credibilidad, a lo que se suma la certificación de grandes monocultivos de árboles, que de hecho implica que los declara como “ambientalmente apropiados, socialmente beneficiosos y económicamente viables” (tal como define su mandato).
