La empresa finlandesa Oy Metsä-Botnia Ab (nombre comercial Botnia), fundada en 1973, es la segunda mayor productora de celulosa de Europa. Tiene cuatro empresas subsidiarias, de las cuales dos están instaladas en el Uruguay: Compañía Forestal Oriental S.A. (FOSA), para el desarrollo de plantaciones de eucalipto; y Botnia S.A., creada en 2003 para llevar a cabo el proyecto de instalación de una fábrica de celulosa de un millón de toneladas anuales.
La instalación de la mega fábrica –con toda la infraestructura y sus fábricas anexas de productos químicos, más las plantaciones de eucaliptos de suministro— significa, no solamente para Botnia sino para Finlandia como país, el mayor emprendimiento industrial privado en el exterior de su historia. A la empresa le garantizará disponer de grandes volúmenes de celulosa de fibra corta barata, obtenida de la madera de sus extensas plantaciones de eucaliptos, cuyo rápido crecimiento en los generosos suelos uruguayos permite cortarlos a los 7 u 8 años de plantados.
La empresa encontró en Uruguay condiciones muy ventajosas: tierras y mano de obra baratas, cuantiosas subvenciones directas e indirectas para el establecimiento de las plantaciones de eucaliptos, enormes beneficios asegurados con la concesión de zona franca -que la exime del pago de impuestos- y el uso ilimitado y totalmente gratuito de los abundantes volúmenes de agua dulce que requiere el crecimiento de sus eucaliptos y el procesamiento de la celulosa. A esto hay que sumar que el Estado uruguayo le construye y mantiene gratuitamente la infraestructura vial necesaria para el transporte de la madera a la fábrica.
Las perspectivas de ganancias de Botnia en Uruguay son por tanto muy auspiciosas, aunque su presencia en la región es también muy controvertida, como lo hemos registrado en los boletines Nº 75, 83, 91, 94, 95, 100, 102, 103, que hablan de acciones contra su instalación que se remontan a 2003.
Pero la inventiva de la empresa para aumentar su rentabilidad parece no tener límites. La noticia más reciente es la presentación de un proyecto para acogerse al mecanismo creado en el marco del Protocolo de Kyoto de la Convención sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas para la reducción de los gases de efecto invernadero, denominado “mecanismo de desarrollo limpio” (MDL). Como ya analizábamos en el año 2000 (ver boletín del WRM Nº 37), este instrumento autoriza a los contaminadores a “compensar” sus emisiones en la medida que inviertan, en países del sur, en proyectos que se supone reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.
El hecho es que Botnia presentó su proyecto MDL este mes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay por intermedio de dos consultoras: la uruguaya Carbosur y la finlandesa Poyry. Es importante destacar la presencia de Poyry (antes llamada Jaakko Poyry), puesto que esta consultora ha desempeñado un papel esencial en la promoción de monocultivos de árboles de rápido crecimiento y fábricas de celulosa en todo el mundo, en todos los casos recomendando, por supuesto, el uso de tecnología y asesoramiento finlandeses.
El proyecto MDL de Botnia se basa en un razonamiento más complicado que el usual en proyectos de este tipo. La empresa generaría electricidad mediante la quema del licor negro derivado del proceso de pulpado de la madera. Dicha electricidad sería utilizada en su proceso de producción y tendría un excedente de 32 MW de electricidad que vendería a la red eléctrica pública (el ente estatal UTE). Según Botnia, las emisiones resultantes de la quema del licor negro serían nulas, por tratarse de “un material de biomasa renovable” (las plantaciones de eucalipto), afirmando que “La combustión del licor negro no produce emisiones de gases con efecto invernadero debido a que el mismo es parte de un ciclo que implica su reposición por nuevo crecimiento de biomasa” (de los eucaliptos). ¿Dónde entra entonces el MDL? Siempre según Botnia, “Con ello estaría reduciendo emisiones de gases con efecto invernadero mediante la sustitución de generación eléctrica a partir de combustibles fósiles [por parte de UTE] por la generación a partir de biomasa renovable” [por parte de Botnia].
De ser aceptado su proyecto como MDL, Botnia recibiría una ganancia adicional con la venta de los “créditos de carbono” en un “mercado del carbono” donde numerosos estados y empresas contaminantes están ávidos de “compensar” sus actividades contaminantes con estos papeles que les permiten que todo siga como está... Para Botnia, es un negocio redondo: vende la electricidad que le sobra y al mismo tiempo vende créditos de carbono.
Sin embargo, aún dentro de la lógica del MDL quedan muchas interrogantes, en particular en lo referente a la llamada “adicionalidad”. En efecto, para evitar que se concedan créditos de carbono a proyectos que se hubieran llevado a cabo de cualquier manera, la Convención de Cambio Climático estableció reglas para asegurar la “adicionalidad” del proyecto.
Para acogerse al sistema es imprescindible que el proyecto pueda demostrar que la mitigación de gases de efecto invernadero que se logre se debe a la implementación del proyecto y que dicha mitigación no ocurriría sin el mismo. Sin embargo, si se toma en cuenta el proyecto en su conjunto (desde la corta de los árboles hasta la exportación de la celulosa) lo más probable será –como se verá más adelante– que las emisiones totales de gases de efecto invernadero por parte de Botnia sean mayores a las que hubiera habido en el país sin su presencia.
Otro de los aspectos que se toman en cuenta para evaluar la “adicionalidad” es si el proyecto requiere, para ser comercialmente viable, de la asignación de créditos de carbono. En el caso de Botnia, esto claramente no así, ya que el proyecto presentado para la aprobación de la fábrica de celulosa ya incluía la quema del licor negro para generar energía y no solo era económicamente viable sino que, en palabras de su presidente “sus costos de producción serían alrededor de la mitad de los de una fábrica moderna de celulosa en Finlandia”. (Helsingin Sanomat, 8 de marzo de 2005)
Por otro lado, Botnia asevera que la disminución de emisiones no se haría en su fábrica, sino en la empresa estatal de electricidad, afirmando que “La demanda futura de electricidad en Uruguay deberá ser satisfecha a través de la creciente generación a partir de combustibles fósiles (petróleo y gas natural), los cuales emiten gases con efecto invernadero”.
¿Por qué es tan seguro que los 32 MW de electricidad que UTE compraría a Botnia los habría generado necesariamente a partir de combustibles fósiles, cuando tiene en operación tres represas hidroeléctricas propias y una compartida con Argentina y cabe la posibilidad de desarrollar otras fuentes de energía como la eólica, los biocombustibles o la solar?
El cálculo que hace Botnia en materia de emisiones es totalmente simplista. En efecto, Botnia sostiene que las emisiones resultantes de la quema del licor negro son nulas, porque las “compensa” con sus plantaciones de eucalipto en crecimiento. Sin embargo –aún asumiendo que ello fuera cierto- se “olvida” de mencionar las emisiones que genera el proyecto en su totalidad. Por un lado, omite mencionar las cuantiosas emisiones actuales resultantes de la construcción de la fábrica. Por otro lado, también olvida mencionar las emisiones resultantes del proyecto funcionando en su conjunto, es decir, las emisiones de las fábricas de productos químicos asociadas a la producción de celulosa, el consumo de combustible de la maquinaria forestal, el transporte en camiones de la madera hacia la fábrica, que se anuncia extremadamente intenso (hay cálculos que hablan de hasta un camión cada 2,5 minutos, las 24 horas, todos los días del año), el movimiento portuario, el consumo de combustible de los barcos que lleven la celulosa hacia las plantas de papel en Finlandia y China, etc.
En resumidas cuentas, lo que corresponde, en primer lugar, es establecer la línea de base de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de comenzar a construir la fábrica. Ello permitiría analizar seriamente el balance neto de emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la instalación y funcionamiento de la fábrica de Botnia. Seguramente el resultado será que –a nivel de Uruguay- habrán aumentado sustancialmente las emisiones de tales gases, que es precisamente lo que la Convención de Cambio Climático busca evitar.
Sin embargo, en este escenario de ficción, donde la contaminación se transforma en mercado y las emisiones de carbono en cuentas corrientes, se pierde totalmente de vista que la trama de la vida no funciona así. En teoría, las emisiones podrán ser consideradas “nulas” y “compensadas” por los eucaliptos en crecimiento, pero en la práctica, estarán todos los días saliendo por la chimenea. Los efectos de la contaminación los sufrirán los ecosistemas y personas –uruguay@s y argentin@s- que viven próximos a la gigantesca fábrica de Botnia, la cual no solamente emitirá dióxido de carbono, sino también otras muchas sustancias químicas como sulfuros e incluso dioxinas, capaces de afectar la salud de las poblaciones vecinas.
Pese a ello, este mecanismo perverso otorga un barniz “verde” a proyectos, actividades y emprendimientos en países del Tercer Mundo que los condenan a seguir atados a la dependencia dentro de un orden mundial injusto en el cual la desigualdad crece cada vez más, los bienes naturales son explotados sin límite y donde la pobreza y la exclusión importan menos que las necesidades del mercado. En ese contexto, hasta el propio cambio climático, uno de los problemas ambientales más graves del planeta, termina dando origen a un negocio más -el mercado del carbono- en el cual Botnia ahora intenta lucrar.
En Uruguay, el Proyecto MDL de Botnia constituye un paso más para reforzar los intereses que buscan colocar al país --al decir del conocido escritor uruguayo Eduardo Galeano-- “en la más pura tradición colonial: inmensas plantaciones artificiales que dicen ser bosques y se convierten en celulosa en un proceso industrial que arroja desechos químicos a los ríos y hace irrespirable el aire”.
