El Fondo Verde para el Clima (GCF) debe rechazar las nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+

La Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (GCF, por su sigla en inglés) debe decir No a nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+. Ése es el mensaje que más de 80 organizaciones enviaron a la Junta del Fondo Verde para el Clima el 17 de agosto de 2020. Las organizaciones piden a la Junta que rechace en particular dos solicitudes para los llamados “Pagos basados en resultados” por una supuesta reducción de la deforestación realizada años atrás.

Varias organizaciones reclaman el rechazo de estas dos solicitudes de financiamiento presentadas por los gobiernos de Indonesia y Colombia, que la Junta del Fondo Verde para el Clima discutirá en su 26ª reunión del 18 al 21 de agosto. El gobierno de Indonesia supuestamente redujo emisiones de la deforestación durante el período 2014-2016, y el gobierno de Colombia afirma haber reducido emisiones de la deforestación durante el período 2015-2016. Sería un acto vergonzoso que la Junta del Fondo Verde para el Clima recompensara a los gobiernos que continúan participando activamente y promoviendo la deforestación a gran escala.

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Carta abierta a los miembros de la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima

La Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima (GCF por su sigla en inglés) debe abstenerse de aprobar más solicitudes de financiamiento relacionadas con REDD+. Debería rechazar en particular dos solicitudes de los llamados “Pagos basados ​​en resultados” por una supuesta reducción de deforestación de años atrás: el gobierno de Indonesia aduce haber reducido emisiones derivadas de la deforestación durante el período 2014-2016, y el gobierno de Colombia afirma haber reducido emisiones derivadas de la deforestación durante el período 2015-2016.

Sería vergonzoso que la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima recompensara a gobiernos que continúan activamente comprometidos con la deforestación a gran escala y la promueven. Es importante recordar que la supuesta reducción de emisiones vinculada a la reducción de la deforestación resulta de comparar las tasas reales de deforestación con las líneas de base, las cuales se derivan de hipotéticas proyecciones de deforestación futura o de inflados promedios de emisiones del pasado ​​en los períodos de máxima deforestación. Por tanto, la mayoría de las reducciones de emisiones reclamadas en el ámbito de REDD deben considerarse reducciones que figuran sólo en los papeles y que poco se parecen a las emisiones que en realidad se evitaron.

En su 26a reunión del 18 al 21 de agosto de 2020, la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima decidirá una vez más sobre las solicitudes de financiamiento relacionadas con REDD+. Este enfoque, que en los últimos años ha dominado las políticas internacionales vinculadas a los bosques y el clima, ha sido un fracaso porque no ha logrado abordar el problema que se suponía debía resolver: la deforestación. A pesar de la creciente evidencia de que REDD está incapacitado para cumplir su propósito, desde 2019 el Fondo Verde para el Clima se ha convertido en un importante financiador internacional de REDD+. Reservó 500 millones de dólares para los gobiernos nacionales del Sur global que afirman haber reducido, entre los años 2013 y 2018, las emisiones de carbono derivadas de la deforestación. A pesar de la evidencia de que la deforestación aumentó en los respectivos países, la Junta del Fondo Verde para el Clima ya aprobó las solicitudes de financiamiento de los gobiernos de Brasil, Ecuador, Chile y Paraguay. La tendencia actual de aumento de la deforestación en todos estos países muestra que sus gobiernos no han tomado medidas para reducir la deforestación o han tomado medidas que no apuntan a los verdaderos agentes de la deforestación. Sería irresponsable que la Junta del Fondo Verde para el Clima aprobara más fondos para países donde la deforestación va en aumento.

De aprobarse las solicitudes de financiamiento, se estaría ignorando tanto las crecientes tasas de deforestación en Colombia e Indonesia como el papel crucial que juegan los gobiernos de ambos países en este proceso, en la medida que continúan otorgando concesiones y ofreciendo incentivos a industrias privadas (inter)nacionales extractivas, del agronegocio y otras industrias que destruyen los bosques. Estos gobiernos también planifican e implementan la infraestructura que estas industrias demandan.

Además:

1.El Fondo Verde para el Clima paga a los gobiernos por supuestos resultados obtenidos de la reducción de la deforestación en el pasado. Es probable que estas reducciones de emisiones existan solo en los papeles: los gobiernos de Indonesia y Colombia eligieron el período por el cual reclaman reducciones. También establecen los niveles de referencia con los que se compara la deforestación real durante el tiempo que afirman haber reducido la deforestación. Esto abre la puerta a una hábil elaboración de cálculos que arrojarán un resultado favorable para el país en cuestión. Por ejemplo, al utilizar niveles de referencia inflados, un país puede calcular que logró una reducción de las emisiones derivadas de la deforestación evitada aun cuando sus tasas de deforestación estén aumentando. Lo vergonzoso es que el Fondo Verde para el Clima acepta tales maniobras y permite a los gobiernos ignorar la dinámica mucho más compleja del proceso de deforestación en el tiempo y el espacio. En Colombia, por ejemplo, la tasa de deforestación comenzó a incrementarse en el año 2016, alcanzando un pico en el 2017. ¿Qué hizo el gobierno en su solicitud de financiamiento al Fondo Verde para el Clima? Decidió simplemente excluir el año 2017 de sus cálculos, y centró su solicitud solamente en el período 2015-2016. Y mientras los gobiernos de Colombia e Indonesia hacen sus solicitudes y argumentan que merecen dinero porque redujeron la deforestación en el pasado, en el presente, la deforestación tanto en Colombia como en Indonesia , va en aumento. Podría argumentarse que el hecho de que una emisión haya ingresado a la atmósfera en 2015 o en 2020, hace poca diferencia al riesgo de caos climático. Este riesgo de un mero retraso en las emisiones como resultado de REDD siempre ha sido y siempre será la gran diferencia entre posponer las emisiones de la deforestación por unos años y evitar permanentemente la liberación de carbono fósil.

2. La lucha contra la deforestación en un determinado país debe hacerse a escala nacional para que sea mínimamente efectiva. Esto requiere que los gobiernos sean coherentes en sus políticas para combatir los verdaderos agentes de la deforestación, cosa que no ocurre en Indonesia y Colombia. En Indonesia, por ejemplo, para acelerar la recuperación económica después del Covid19, el gobierno ubica la desreglamentación como prioridad de su agenda. Su objetivo es acelerar 89 proyectos prioritarios , una inversión de 100.000 millones de dólares con enormes impactos negativos en los bosques y las poblaciones que dependen de ellos. Un ejemplo de la política de desregulación es la Ley Minerba (Ley de Minería de Minerales y Carbón) aprobada en mayo de 2020 por el parlamento indonesio. En un país con 8.588 permisos mineros (cifras de 2018) ya entregados, la ley revisada permite que el tamaño del área minera sea ilimitado, con extensión automática – sin ninguna subasta o posibilidad de reducir el área. Este cambio beneficiará especialmente a las empresas mineras del carbón, cuyos permisos expirarían pronto. ¿Cómo puede la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima otorgar 100 millones de dólares de fondos de REDD+ a un gobierno que promueve activamente la deforestación a una escala tan masiva? Argumentar que así es como funciona REDD – pagando por (supuestos) resultados obtenidos en el pasado mientras se ignora el aumento de la deforestación en el presente – es una manera apenas disfrazada de conveniencia política que deja por el camino la voluntad de reconocer que, en este caso, la falla radica en el mecanismo. De cualquier manera, el resultado debería ser que el Fondo Verde para el Clima deje de dilapidar más dinero en REDD.

3. Uno de los impactos más problemáticos de la experiencia de REDD+ en el terreno en los últimos 10 a 15 años es lo que éste le ha hecho a las comunidades que dependen de los bosques. Los proyectos y programas REDD+ han culpado de la deforestación a quienes son los principales cuidadores de los bosques tropicales, y en base a ello han restringido o incluso prohibido sus prácticas tradicionales en los bosques, mientras que los responsables de la deforestación a gran escala continúan su destrucción prácticamente sin obstáculos. Desafortunadamente, el Fondo Verde para el Clima parecería que optó por seguir con el falso relato de REDD+, e incluso reforzarlo. Juan Chang, subdirector del Fondo Verde para el Clima, declaró en una entrevista () reciente que: “si consideramos que REDD+ es una transición en la que estamos proporcionando medios de vida sostenibles en lugar de actividades insostenibles, entonces habrá un punto en el que ustedes ya no dependerán de los pagos que proporciona REDD+ para mantener sus medios de vida y conservar el bosque. Ése debería ser el objetivo final”. En otras palabras, Chang ve a los habitantes de los bosques como los culpables de la deforestación. Defiende una visión en la que REDD+ debería cambiar las “actividades insostenibles” de estos habitantes de los bosques por otras “sostenibles”. Si ese “debería ser el objetivo final”, ¿qué pasa con los verdaderos agentes de la deforestación? Ejecutivos de conglomerados de aceite de palma, gigantes mineros, magnates ganaderos, empresas petroleras, especuladores financieros o los políticos que se benefician de otorgar las concesiones y otorgar las licencias necesarias para esta deforestación a gran escala -en otras palabras, los actores clave del juego de la deforestación a gran escala no están impulsados ​​por los “pagos … para mantener sus medios de vida”. Están impulsados ​​por la codicia, que no se verá afectada por el pago de 5 dólares la tonelada de CO2 por las emisiones supuestamente reducidas.

De hecho, todos los proyectos REDD+ financiados por el Fondo Verde para el Clima se enfocan mayormente en los habitantes de los bosques. Por ejemplo, el programa principal que se financiará con los fondos aprobados al gobierno de Brasil en el 2019, se llama “Floresta +”. Se trata de brindar apoyo a los pequeños agricultores, pueblos indígenas y comunidades tradicionales para que protejan la selva amazónica. Aparte del hecho de que ya lo están haciendo, estas comunidades aún no han visto ningún apoyo proveniente de este programa. Mientras tanto, la deforestación ha ido en aumento desde 2014 y está fuera de control desde 2019, cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia. Las últimas cifras de deforestación indican un aumento del 34% en el período agosto 2019 – julio 2020, en comparación con agosto 2018 – julio 2019. Lo que es peor, el gobierno mismo promueve activamente la deforestación. Ha socavado sus propias agencias estatales que deberían proteger el bosque, promueve la desreglamentación de las normas ambientales, y ha hecho la vista gorda a los delitos de las empresas madereras y de los grandes agricultores que invadieron áreas protegidas que incluso abarcaban territorios de pueblos indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques. Haber pagado el total del fondo aprobado de 96 millones de dólares correspondiente a un pago de “resultados” REDD al gobierno de Brasil, mientras que la deforestación se dispara, también pone en riesgo la credibilidad del Fondo Verde para el Clima. Esconderse detrás del argumento de que así es como se supone que funciona REDD no es más que una excusa poco convincente. Si así es realmente como se supone que funciona REDD, es hora de descartar la idea y aún más importante ¡que el Fondo Verde para el Clima deje de financiar un mecanismo tan mal diseñado!

4. Otra tendencia actual que se ignora y es extremadamente preocupante es la creciente vigilancia, intimidación, persecución y criminalización tanto en Colombia como en Indonesia de quienes exponen a sus gobiernos y el papel que juegan en la promoción de la deforestación y la connivencia con delitos sociales y ambientales. De acuerdo a la organización Global Witness, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 64 personas asesinadas en 2019. En Indonesia, los activistas sufren cada vez mayor vigilancia, intimidación y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La situación es particularmente preocupante en Papua Occidental, rica en bosques tropicales con madera, minerales, metales y tierras fértiles de los que pueden beneficiarse los actores privados y estatales. En esta zona extremadamente militarizada, la destrucción de los bosques ha estado fuera de control durante años, incluso en el período de 2014-2016 que fue elegido por el gobierno de Indonesia en su solicitud de financiamiento al Fondo Verde para el Clima. Las comunidades y quienes las apoyan sufren constantemente violencia, arrestos, destrucción de propiedades, desplazamientos internos, intimidación y amenazas de muerte, agravados aún más en tiempos de Covid19.

Por todas estas razones, instamos a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima a que se abstenga de aprobar nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+, en particular las dos solicitudes que figuran en la agenda de su 26a reunión, presentadas por los gobiernos de Indonesia y Colombia.

17 de agosto de 2020

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