“Nos consideran la periferia de la periferia”
Antes de entrar a debatir los profundos cambios que están ocurriendo en la Amazonia en los últimos años- en especial después de volver a los grandes proyectos públicos y privados de infraestructura logística (carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de comunicación, hidrovías, ferrovías, hidroeléctricas, gasoductos, oleoductos y otros)- nos interesa presentar una cuestión relevante sobre la región, sobre la cual no siempre se reflexiona: la Amazonia es periferia en todos los países donde se encuentra. Si observamos atentamente el mapa veremos que en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana francesa y Brasil, la Amazonia es la periferia de la periferia. Ahí no está la capital de ninguno de los países citados, ni de la colonia francesa. Es generalmente el área mejor conservada, pero es también la más carente de políticas públicas que beneficien a la población. Se considera un territorio despoblado, atrasado económicamente, sin emprendedores y que, justamente por ello, debe ser ocupado, conquistado, dominado, controlado e integrado a la globalización capitalista para que sus recursos naturales sean explotados y exportados, beneficiando fundamentalmente a grandes grupos políticos y económicos de Brasil y del exterior.
Si Brasil es definido por muchos como la periferia capitalista, ¿qué decir de la Amazonia? De acuerdo a la óptica de los dominadores, la única alternativa que le queda a la Amazonia es la de permanecer como la periferia de la periferia, hacia donde se desplazan las actividades económicas intensivas en el uso de recursos naturales (tierra, agua, bosque, suelo y subsuelo), que promueven la degradación ambiental (minería, agropecuaria, producción de energía y madereo, entre otras), y que se destinan esencialmente a la exportación, altamente subsidiadas por el gobierno brasileño (a través de exoneraciones fiscales y tributarias) y financiadas con intereses bajísimos. Las industrias contaminantes que no le interesan a Japón, Europa y Estados Unidos se están trasladando para allá, así como aquellas que requieren de gran cantidad de energía para la producción de sus mercaderías (las empresas de aluminio, por ejemplo), o de un volumen de agua significativo (como las de producción de palma aceitera, soja y las de extracción mineral), u otras cuyos recursos naturales se están agotando en las áreas donde operan (por ejemplo, las madereras asiáticas).
La disputa por los territorios y sus recursos
Los grandes proyectos de infraestructura en la Amazonia obedecen a diferentes objetivos. En primer lugar, carreteras, hidroeléctricas, puertos y otros emprendimientos, buscan garantizar el acceso, uso y control de vastas extensiones territoriales y de los recursos naturales existentes en la región a poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros. La infraestructura que se está construyendo en la región llega para permitir el saqueo generalizado. Y ocurre que esos territorios no son vacíos demográficos. Viven allí diversos pueblos indígenas, ribereños, extractivistas, quilombolas y otros. Son, por lo tanto, territorios ocupados, en algunos casos ancestralmente ocupados, cuyos habitantes mantienen relaciones con la naturaleza cualitativamente diferentes a las nuestras, pues no ven la naturaleza como mera mercadería. De hecho, al abrir esas áreas a la explotación predatoria para atender a demandas externas, los gobiernos, las empresas y sus aliados están esparciendo el conflicto en la Amazonia, ya que las comunidades tradicionales, campesinas y los pueblos indígenas no permitirán que sus áreas sean destruidas sin reaccionar de alguna manera.
En segundo lugar, el interés de Brasil por la integración de la infraestructura en América del Sur es para abaratar los costos de exportación de soja, minerales, madera, carne y otros productos a los mercados de los diferentes continentes. Además, ese proceso le ha permitido a las empresas brasileñas entrar y controlar los mercados de los países vecinos, contando para ello con el total apoyo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de otras instituciones financieras públicas y privadas, de los diferentes ministerios, del parlamento, etc. Esto sin mencionar la intención por parte de los segmentos sociales que controlan el Estado de transformar a Brasil en potencia hegemónica en América del Sur.
En tercer lugar, los proyectos de infraestructura son importantes para los tres países que disputan actualmente la hegemonía en América del Sur, en particular en la Pan-Amazonia: Brasil, China y Estados Unidos. A éstos países les interesa que los emprendimientos previstos se ejecuten efectivamente. Para China, por ejemplo, que necesita gran cantidad de minerales y de productos alimenticios, la Amazonia se ha vuelto uno de sus principales abastecedores. Además de la cuestión económica, Estados Unidos quiere consolidar su presencia militar en este pedazo del continente americano. En ese sentido, Colombia permanece como la mayor “cabeza de puente” de los intereses estadounidense en nuestra región. Si por un lado, la conexión territorial a partir de los proyectos de infraestructura le agrada a los estados y empresas transnacionales de Brasil, China y Estados Unidos; por el otro, tiende a agudizar los conflictos entre ellos, pues sus perspectivas geopolíticas y estratégicas divergen en varios puntos. ¿Cómo se resolverán tales conflictos? ¡ç﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ promotes REDD)entes...Esa es la cuestión!
En cuarto lugar, los movimientos sociales, las ONGs, los pastorales y otros segmentos sociales que se oponen a esa lógica de desarrollo económico basada en la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales amazónicos, no luchan contra una u otra empresa, uno u otro gobierno: la lucha es contra un bloque de poder profundamente articulado desde el plano local hasta el internacional. Dicho bloque de poder une a gobiernos, empresas (ALCOA, VALE, Suez, Odebrecht, Camargo Corrêa), parlamentos, poder judicial, oligopolios de comunicación (TVs, radios, internet, agencias de noticias, periódicos, revistas etc.), bancos (Santander, Itaú, Bradesco, BNDES, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional -FMI- y otros más), agencias multilaterales (en especial la Organización Mundial del Comercio-OMC), entidades empresariales (1) e inclusive una parte de los movimientos sociales y ONGs.
Estos actores se unen para garantizar el apoyo de la opinión pública a la ejecución de los proyectos de infraestructura- habiéndose ya reconocido sus impactos irreversibles sobre el medio ambiente, pueblos indígenas, comunidades tradicionales y poblaciones urbanas; para realizar reformas legislativas que flexibilicen las legislaciones ambientales y otras, a fin de facilitar el acceso de las grandes empresas a tierras indígenas y reminiscentes de quilombolas, áreas de preservación (bosques nacionales, parques, reservas extractivistas, etc.); y para definir las medidas de mitigación y/o compensación que viabilicen el retiro de miles de personas de las áreas de interés para el gran capital. Además, no podemos olvidarnos de las medidas dirigidas a combatir todos los sectores que se contraponen a las estrategias de las fuerzas hegemónicas, como la criminalización de líderes y de sus organizaciones, persecución política, estrangulamiento financiero de las entidades e inclusive uso de violencia física.
En quinto lugar, los grandes proyectos de infraestructura están asociados a la estrategia del bloque de poder citado anteriormente de transformar todos los elementos de la naturaleza en activos ambientales. O sea, entramos en una fase del capitalismo en la que se le pone precio a la naturaleza. Ahora el debate se da en torno a cuánto vale la tonelada de carbono, el trabajo de polinización de las abejas, el bosque en pié, las potencialidades de los ríos para generar energía, la capacidad de las algas para capturar residuos contaminantes, etc.
En sexto lugar, la construcción de todos los emprendimientos de infraestructura que interesan al grande capital también contribuye a mantener los mecanismos de dominación en manos de aquel bloque de poder. Puertos, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas y otros se usan, por ejemplo, para financiar campañas electorales tanto de miembros de los poderes ejecutivos como de los legislativos. Del mismo modo, al garantizar el acceso, uso y control de vastas extensiones territoriales y de sus recursos naturales a poderosos grupos empresariales, los proyectos de infraestructura contribuyen a que el sistema capitalista encuentre nuevas formas de alimentarse y reproducirse indefinidamente.
En séptimo lugar, los grandes proyectos de infraestructura son justificados a partir de ideas clave que ejercen una profunda influencia en el imaginario popular. Entre estas ideas están las nociones de progreso y de desarrollo. El poder político e ideológico de estas ideas clave es muy fuerte. Debido a ello, se nos dificulta el contraponernos al discurso dominante, ya que de alguna manera nos volvemos presos de los esquemas de pensamiento hegemónicos en la sociedad. Por ello es necesario que nos abramos a otras posibilidades, como el debate sobre el Buen Vivir divulgado a partir de las experiencias de los pueblos indígenas andinos, o incluso la reflexión crítica sobre el neoextractivismo (2). Necesitamos romper las cadenas que nos imponen ideas como las de progreso y desarrollo. Esto es tan importante como realizar manifestaciones para impedir la construcción de una hidroeléctrica o la instalación de una empresa minera.
Notas:
(1) Associação Brasileira de Alumínio (ABAL), Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, para citar apenas algunos ejemplos.
(2) En resumen, denominamos neoextrativismo o neoextrativista al modelo de desarrollo fundado en la explotación intensiva de recursos naturales (minería, hidrocarburos y otras), controladas por grandes grupos económicos nacionales y transnacionales y con capacidad de provocar profundos daños socio- ambientales.
Por Guilherme Carvalho (FASE/PA – Brasil)
Email: gcarvalho@fase-pa.org.br