Desde el siglo XIX los derechos de propiedad de los habitantes de los bosques de Camerún no han figurado siquiera en las decisiones importantes de los gobernantes. Todos los territorios de bosques, definidos como vacíos y sin propietario ("vacant et sans maitres"), pasaron a ser propiedad del estado y muchos bosques fueron abiertos a la explotación maderera, lo que significó que se impidiera el acceso para la caza a esas zonas a los Bagyeli, los Baka, y otras comunidades recolectoras y cazadoras, también conocidas como "pigmeos", cuya presencia a lo largo del sur de Camerún es anterior al Estado colonial.
Al convertirse Francia en el siglo pasado en el poder colonial dominante, todas las tierras de Camerún pasaron a propiedad del Estado, a pesar de que casi todas ellas han sido tradicionalmente administradas bajo principios de derecho consuetudinatio. Ese sistema persiste hasta el día de hoy (solamente el 2,3% de las tierras de Camerún fue regularizado con títulos de propiedad desde 1974) y la mayoría de los territorios de bosques ubicados fuera de las áreas protegidas continúan siendo extremadamente vulnerables a distintos tipos de explotación llevada a cabo por agentes externos a los bosques. Rara vez se consulta a los pobladores locales sobre la manera en que se deben manejar esas tierras, y en las pocas consultas públicas que se llevan a cabo, los pueblos indígenas son particularmente marginados. Por ejemplo, recién ahora las comunidades locales están siendo informadas por el Departamento Oceánico de Camerún acerca de los múltiples impactos del nuevo oleoducto que atraviesa sus tierras y que facilita la exportación de petróleo desde los campos del sur de Chad a través de una estación costera de bombeo cercana a Kribi, en Camerún.
La instalación del muy cuestionado oleoducto Chad-Camerún apoyado por el Banco Mundial, que cruza esta región de bosques del suroeste camerunés ha causado la pérdida de tierras y bosques de distintas comunidades, y actualmente existen pruebas sobre las pérdidas sufridas por las comunidades indígenas Bagyeli en dos áreas geográficas diferentes. Primero, en la zona del oleoducto la construcción ha significado el desmonte total en una franja de 30 metros de ancho que atraviesa zonas de caza, recolección y cultivo, lo que ha conducido a la pérdida de tierras y acceso a los recursos en los que se basaba tradicionalmente el sustento de los Bagyeli. El programa de compensación del oleoducto exacerbó estas pérdidas ya que algunos Bagyeli fueron expulsados de las tierras que ocupaban por otros pobladores locales, quienes a su vez robaron esa compensación argumentando que el oleoducto les estaba quitando las tierras que utilizaban para producción agrícola. Ni un solo Bagyeli ha recibido compensación individual alguna por las pérdidas experimentadas por la construcción del oleoducto.
En segundo lugar, el anuncio oficial del establecimiento del Parque Nacional de Campo-Ma'an produjo nuevas restricciones sobre la caza y el acceso al bosque en las áreas tradicionales de los Bagyeli cerca de la frontera con Guinea Ecuatorial. La protección de esta importante área, atravesada por un camino utilizado para la exportación maderera, forma parte de la compensación ambiental por el oleoducto. Sin embargo, su nueva condición de parque nacional implica que las comunidades cazadoras y recolectoras Bagyeli, que habitan allí desde tiempos inmemoriales, pueden ser acusadas de cometer delitos por seguir procurando su sustento. Estos ejemplos demuestran la total indiferencia de los planificadores del oleoducto hacia el problema de la tenencia de la tierra y los sistemas de sustento locales.
Los Bagyeli no poseen documentos de identidad (requisito exigido por las leyes de Camerún), sufren una severa discriminación social y tienen escaso acceso a los servicios de salud y educación. La mayoría de ellos no poseen tierras de cultivo propias, y cultivan para sus vecinos más fuertes a cambio de alimentos. La marginación social y el sufrimiento continuo que experimentan estas comunidades desde la propuesta de construcción del oleoducto las ha llevado a ponerse en contacto con ONGs nacionales e internacionales para elaborar estrategias que aseguren sus derechos ante las autoridades de conservación (que han iniciado un diálogo con representantes de los Bagyeli de los alrededores de Campo) y con representantes del gobierno local y del oleoducto, quienes anteriormente no habían estado dispuestos a pedir la opinión de los Bagyeli.
Con el apoyo de Forest Peoples Programme (FPP) y de dos organizaciones no gubernamentales locales (Planet Survey y Centre pour l'Environnement et le Développement -CED), los Bagyeli han comenzado a obtener documentos de identidad y a relacionarse regularmente con funcionarios gubernamentales y representantes del proyecto del oleoducto, quienes han accedido a reunirse con ellos para negociar medidas de compensación regionales. El FPP y sus asociados también apoyarán a los Bagyeli para que generen sus propios datos para realizar mapas comunitarios del uso de la tierra, usando la tecnología del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés), en colaboración con las comunidades mayoritarias Bantú. El CED se encargará de elaborarles los mapas finales. Esos mapas constituirán la base para futuros diálogos entre las comunidades Bagyeli y Bantú, los representantes de áreas protegidas, los organismos gubernamentales y las autoridades del oleoducto para obtener la seguridad y los derechos comunitarios sobre la tierra para los Bagyeli.
Por: John Nelson, Forest Peoples Programme, correo electrónico: johnnelson@blueyonder.co.uk