El cercamiento de tierras, bosques y agua por parte de intereses privados y del Estado no es un fenómeno nuevo. Gran parte de lo que crece en la tierra, lo que los seres humanos cultivan en la tierra, lo que fluye sobre y bajo la tierra, lo que forma los paisajes y los ecosistemas, lo que se construye sobre la tierra, y lo que se extrae de debajo de la tierra, se ha mercantilizado. Lo que es nuevo es el conjunto de medios, mecanismos e instrumentos mediante los cuales se ejerce un control político y económico sobre la tierra y la naturaleza, y por el cual la tierra y la riqueza generada a partir de ella se están convirtiendo en mercancías para nuevos mercados. Los países del Sur con grandes economías agrarias ya abrieron sus fronteras a la inversión extranjera directa, y muchas de estas inversiones están respaldadas por acuerdos financieros complejos y por múltiples fuentes de capital, entre ellas financiadores públicos, privados y multilaterales. Las poblaciones locales afectadas por este tipo de acuerdos muchas veces pierden sus medios de vida y sustento, su hogar, su cultura, su identidad y el acceso a los alimentos; son desalojadas por la fuerza o reubicadas, y a menudo son empujadas a trabajos precarios de baja remuneración salarial.
La propagación del neoliberalismo en gran parte del mundo desde la década de 1980 dio un nuevo impulso a la captación de los sistemas agrícolas y alimentarios por parte del mundo empresarial. La desregulación financiera permitió a los mercados de productos básicos expandirse rápidamente y a nuevos sectores, a través de nuevos instrumentos financieros, y también permitió el ingreso de nuevos actores al escenario de las inversiones en tierras, agricultura y alimentos. Los bancos crearon nuevos tipos de instrumentos financieros que fusionaron los productos básicos agrícolas, las tierras, los minerales y los futuros de energía (2), y dirigieron innumerables capitales de inversión no regulados hacia la tierra y la naturaleza. Numerosos instrumentos financieros agrícolas transformaron el propio riesgo en una nueva clase de activos, aumentando así la volatilidad de los precios de las materias primas y la incertidumbre económica para los productores agrícolas de pequeña escala que no tenían protección contra estos nuevos riesgos mercantiles.
En los últimos 10 años, actores e instrumentos financieros tales como los fondos de riqueza soberana, las firmas de capital privado, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y de cobertura, los bancos de inversión y otras entidades financieras, han participado en transacciones de tierras, bosques, minerales y agua. El reciente colapso del mercado financiero provocó un cambio en el capital de inversión, que se dirigió hacia emprendimientos especulativos en materia de tierra, alimentos y agrocombustibles. Si bien la tierra en sí es inamovible, la financierización permite que la riqueza que se obtiene de ella se mueva por el mundo como instrumentos financieros intercambiables que pueden negociarse en mercados lejanos. Es así que un lugar puede ser sometido a varios esquemas de financierización, por ejemplo, el Pago por Servicios Ambientales (PSA), el comercio de carbono de los bosques y una plantación de árboles de rápido crecimiento (ver Boletines 175 y 181 del WRM).
La subversión de los derechos, la regulación y la gobernanza
El acaparamiento de la tierra y de la riqueza basada en la tierra constituye una violación de los derechos humanos con impactos negativos de largo alcance sobre la calidad del medio ambiente, la biodiversidad, la sociedad, la cultura, el empleo, los medios de vida y sustento y la salud. Las promesas que hacen los inversores a las comunidades afectadas en cuanto a generación de empleo, construcción de escuelas, prestación de servicios médicos y otros servicios sociales, rara vez se concreta; los empleos están mal pagados, son precarios, a menudo con condiciones de trabajo inseguras, y la angustia de la emigración es tema de todos los días. Se priva a las poblaciones locales de su facultad de tomar decisiones sobre cómo utilizar, gestionar y gobernar sus tierras y territorios, y - como inmigrantes - de su capacidad de participar en los procesos políticos. Quienes se resisten a las incursiones en sus tierras y territorios enfrentan amenazas violentas, intimidación, detenciones arbitrarias y encarcelamiento, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.
Los Estados permiten estos cercamientos cuando promulgan políticas, leyes y reglamentaciones que favorecen a los mercados, y cuando utilizan su aparato jurídico y de seguridad para reprimir y castigar a quienes se resisten. Instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Banco Asiático de Desarrollo, organismos multilaterales como la ONU, instituciones políticas internacionales, empresas transnacionales e incluso algunas organizaciones de la sociedad civil han tratado de re-empacar y presentar al acaparamiento de la tierra, el agua y los recursos como inversiones en que todos ganan. El dominio ‘público’ también está siendo orientado hacia la privatización a través de asociaciones público-privadas, en las que los fondos públicos se utilizan para financiar las operaciones del sector privado en obras de infraestructura, prestación de bienes y servicios esenciales, transporte, etc. Estados, empresas e instituciones internacionales están en convivencia en la financierización de la tierra, los cultivos, el agua, el carbono, el suelo, los minerales, los metales, el carbón, el petróleo y la energía, permitiéndole a los mercados financieros el penetrar aún más en la economía real.
El Banco Mundial ha jugado un papel central en la promoción de los mercados de tierras en el Sur global, financiando reformas en la administración de la tenencia de la tierra que establecieron regímenes de propiedad privada, facilitaron las transacciones de tierras y permitieron a los individuos ricos y poderosos usar la tierra para obtener ganancias financieras y especulativas. La ‘economía verde’, elaborada por el Programa Ambiental de la ONU, profundiza aún más la financierización proponiendo un sistema por el cual los ecosistemas y la biodiversidad son valorados en términos monetarios y no por las variedades de vida que contienen, lo que permite nuevas formas para que los inversores y el capital financiero puedan obtener más lucro de la naturaleza. La ‘economía verde’ trata a la naturaleza y a sus funciones y capacidades como ‘capital natural’, y su objetivo es fijar valores monetarios a la captura y almacenamiento de carbono, la creación y estabilidad de zonas de captación de agua, la fertilidad del suelo, etc. Estos valores monetarios se negocian en los mercados internacionales para atraer inversiones y el financiamiento del desarrollo.
Para satisfacer a estos mercados de ecosistemas, se violan los derechos de las comunidades y poblaciones locales para tomar decisiones acerca del uso, la gestión y la gobernanza de las tierras y sus funciones, las cuales son la base de su sustento, y son sustituidas por regímenes regulatorios que permiten la mercantilización y financierización (3). Estos regímenes proporcionan las condiciones para que los inversionistas externos puedan adquirir tierras y otros recursos relacionados a la misma, bajo una careta de responsabilidad, transparencia, democracia y participación. Es así que el creciente poder de los mercados y el capital financiero están dominando de manera peligrosa la gobernanza de la tierra y los recursos naturales.
Re-pensando la gobernanza
Para la mayoría de los políticos, la gobernanza de la tierra y los recursos naturales se trata de ejercicios técnico-administrativos de mapeo, definición, clasificación, zonificación, cuantificación y valoración que permiten al Estado controlar, asignar y obtener ingresos por el acceso, la tenencia y los derechos de propiedad a través de registros, catastros, títulos, contratos de alquiler, impuestos, etc. Por más neutrales que puedan parecer, las acciones de este tipo son ejercicios de poder y autoridad que conllevan el potencial de afianzar o transformar las estructuras de poder de las sociedades.
Para aquellas personas cuyas vidas, medios de vida y sustento, culturas, sociedades e identidades están alterados por inversiones destructivas, el acaparamiento de tierras y recursos no puede ser regulado; debe ser detenido sin condiciones. El reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas, agricultores, habitantes de los bosques, pescadores, pastores, pueblos indígenas y otras comunidades locales a la autodeterminación, sus legítimos reclamos sobre las tierras y los ecosistemas, y su arraigo y respeto por la naturaleza, son condiciones necesarias para la construcción de sistemas de gobernanza de la tierra democráticos y justos.
Basado en los artículos en inglés de Shalmali Guttal: Challenging Financial Sector Backing to Land Enclosures y Redifining Governance; Challenging Markets.
Shalmali Guttal es la Coordinadora del Programa Defending the Commons de Focus on the Global South, http://focusweb.org/
(1) www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2011.559008#.VKoqp2SUdhq
(2) Un contrato de futuros es un contrato entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio acordado hoy (el precio de los futuros) pero cuya entrega y pago se produce en un momento en el futuro, la fecha de entrega. Debido a que es una función de un activo subyacente, los contratos de futuros se consideran un producto derivado. Los contratos se negocian en las bolsas de futuros, que actúan como un mercado entre el comprador y el vendedor.
(3) www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2012.691879#.VLfcNicqo7D