Luego de que la Ley Forestal fuera aprobada en el Congreso, fue enviada a sanción presidencial el 13 de diciembre de 2005. La Ley fue objetada en 12 de sus artículos por parte del Presidente Álvaro Uribe y lo que se esperaba después de ello era el retorno del texto con las objeciones para su discusión en el Congreso, como lo indica el trámite formal. Si bien las objeciones del gobierno -en el caso de ser aprobadas- no solucionan los problemas que tiene esta ley, puesto que ha sido diseñada para entregar los bosques del país a las empresas madereras, era de esperarse que por lo menos estas objeciones tuvieran un espacio para el debate por parte de los parlamentarios. Sin embargo, esto no sucedió.
El 28 de marzo, durante las plenarias de Cámara, se aprobó la Ley Forestal. La sesión se desarrolló de manera acelerada, confusa y nada entendible, y se enunciaron las objeciones presidenciales. Todas fueron aprobadas a pupitrazo en unos cuantos minutos, sin dar la posibilidad de que los interesados se enteraran de lo que se estaba aprobando. Lo más vergonzoso es que mientras se aprobaba, los parlamentarios, en grotesco espectáculo, se encontraban departiendo animadamente en corrillos, haciendo uso del celular o riendo. Varias personas que asistimos al recinto de la Cámara en calidad de observadores y que estábamos esperando el debate, tampoco nos enteramos del momento de su aprobación. El día siguiente, en Plenaria del Senado, la forma como se aprobó fue aun más aberrante, puesto que era una Plenaria con escasa asistencia de Senadores y sin haber verificado el quórum, solo se abordó la ley forestal en una sesión, de pocos minutos, en donde se presentó rápidamente y sin absolutamente ninguna discusión la aprobación de las objeciones del gobierno a la ley. Estos hechos reiteran el oscuro interés de pasar una ley totalmente deslegitimada, por debajo de la mesa, evadiendo el debate público.
La forma lamentable como se aprobó deja serios cuestionamientos y la sensación de que se incurrió en un procedimiento irregular o por lo menos no ético. Ello demuestra una vez mas el afán del gobierno por poner en marcha una estrategia perversa y malintencionada que disuadiera las crecientes críticas a la ley forestal para que no se alterara en lo sustancial el marco jurídico para que los grandes inversionistas madereros accedan fácilmente y con privilegios al bosque del país. Esto se pudo evidenciar a lo largo del proceso de aprobación de la ley, donde los lobbystas que ejercieron presión fueron las principales empresas privadas, en estrecha colaboración con Chemonics (USAID) y los Ministerios de Agricultura y de Ambiente, para que fuera aprobada por el Congreso, pasando por encima de las serias y reiteradas criticas emitidas por diversos sectores de la sociedad colombiana.
Se evidenció también que sólo hasta ese momento se hizo entrega a los parlamentarios de la Gaceta del Congreso N° 50, con fecha de 24 de marzo de 2006, que contiene las objeciones del gobierno. No hubo por lo tanto preparación para el debate. Aun con las 10 objeciones aceptadas de las 12 presentadas, la ley fue aprobada tal como salió de la Comisión V de la Cámara, que en esencia no cambia para nada la estructura, los objetivos y los alcances, puesto que finalmente lo que se trabajó fue en la “limpieza y adecuación del lenguaje” para superar los escollos formales de inconstitucionalidad que pueda tener la norma.
El objetivo era maquillar algunos de los aspectos perversos de la Ley, especialmente lo relacionado con el futuro de los bosques tanto públicos, como los bosques de propiedad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. Se advierte claramente la irresponsabilidad de la mayor parte del Congreso y del gobierno nacional frente a un tema tan trascendental para el país, como es la preservación y manejo sostenible del patrimonio natural de la nación, uno de los ecosistemas de bosques de mayor importancia para el planeta. Luego de este aberrante procedimiento en las plenarias del Congreso, sólo queda pendiente la sanción presidencial.
Hacemos un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, ambientalistas y a las personas que sientan vulnerados los derechos patrimoniales de los bosques de la nación y de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, expresen su posición de rechazo frente a la lesiva Ley Forestal y realicen acciones que permitan preservar los bosques para las generaciones presentes y futuras del país. Igualmente para que se reconozca la importancia que tiene el manejo adecuado, sostenible, responsable, participativo y autónomo por parte de los verdaderos dueños, quienes conservan y enriquecen los bosques de Colombia.
Diversas organizaciones Colombianas están impulsando una campaña en contra de esta ley. Quienes deseen adherir a la campaña por favor enviar su apoyo a la siguiente dirección de correo electrónico:
bosques@censat.org
Grupo Semillas – Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra - Fundación Swissaid - Paula Álvarez - Consejo Comunitario de la comunidad negra del río Cajambre – Cecoin – Consejo comunitario del río Naya – Consejo Comunitario de Cupica – Cabildo Embera Katío del Alto San Jorge – Mesa de manglares del Pacífico – Unión Territorial Interétnica del Naya – Consejo Comunitario del Naya – Fundación Jenzerá – REDJUAN – Re-movilidad Sustentable – Proceso de Comunidades Negras PCN - Amigos de la Tierra Internacional - COECOCeiba AT Costa Rica – Campaña de Bosques Amigos de la Tierra Internacional – World Rainforest Movement WRM – RAPAL Uruguay – REDES Amigos de la Tierra Uruguay – Eco La Paz Argentina – Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC …siguen firmas