Venezuela es ampliamente conocida no solo por ser uno de los principales exportadores de petróleo en el mundo, sino también por la extraordinaria crisis que está afectando en la actualidad todos los ámbitos de la vida social del país. A pesar de la muy extensa cobertura noticiosa internacional sobre lo que allí ocurre, las versiones dominantes son notablemente sesgadas, con numerosas manipulaciones y omisiones y rara vez destacan las causas profundas de esta situación (1).
Más allá de las conocidas pugnas electorales de los principales partidos políticos en Venezuela se está desarrollando una disputa entre élites políticas y económicas motivada en buena medida por el control del Estado petrolero (Petro-Estado) y la gestión del extractivismo en el país. Sin embargo, el problema es más profundo dado que el modelo de acumulación petrolero nacional se encuentra ante un agotamiento histórico. Esto representa un punto de inflexión para la economía venezolana, lo cual está apuntando hacia una colonización de nuevas fronteras de la extracción con especial orientación hacia la minería.
A pesar de las violentas confrontaciones y el muy alto nivel de volatilidad e incertidumbre sobre el futuro desenlace de la crisis venezolana, los principales contendientes al poder político parecen estar de acuerdo en una cosa: la expansión del extractivismo. Sobre esto se orienta este artículo.
La disyuntiva ante el agotamiento del modelo petrolero: la mega-minería y las nuevas fronteras de la extracción
El histórico extractivismo petrolero - ese que se constituyó como la base material para avivar el mito de la ‘Venezuela saudita’ o la ‘Gran Venezuela’; ese que ha otorgado cierta influencia geopolítica al país (el cual fue uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo - OPEP en 1960); ese que colonizó el norte del río Orinoco, donde se encuentran las principales cuencas petroleras y donde vive el 95% de la población, lejos de la Amazonía venezolana - se encuentra en franco agotamiento.
Esto es así por diversas razones, de las cuales destacamos:
- la progresiva caída de la rentabilidad y estabilidad del negocio petrolero, debido al declive de las fuentes convencionales (crudos medianos y livianos). Actualmente casi el 60 por ciento de los crudos extraídos en el país son pesados y extrapesados, los cuales son más costosos y requieren de precios altos y relativamente estables para hacer que la inversión sea viable;
- la volatilidad e inestabilidad de los precios internacionales del petróleo, que volatilizan al mismo tiempo la frágil y dependiente economía venezolana;
- cambios en el conjunto de los grupos de poder del mundo petrolero internacional, destacando la importancia de productores que no hacen parte de la OPEP, como Canadá (debido a las arenas bituminosas de Alberta) o los Estados Unidos (debido al auge de los petróleos de esquisto). Esto a su vez registra una pérdida de influencia de la OPEP;
- y los efectos tardíos de la llamada ‘enfermedad holandesa’, que agudiza los factores vulnerables de la economía nacional, vinculados a la extrema primarización petrolera (dependencia del 96 por ciento de las exportaciones de crudo); extrema dependencia de la importación alimentaria; y crecientes desajustes entre los niveles de consumo interno, la captación de la renta petrolera y sus mecanismos de distribución.
Estos y otros factores han supuesto una disyuntiva histórica sobre la dirección y forma que debería tomar el modelo de desarrollo. Al menos desde el año 2005, el Gobierno nacional, inicialmente de la mano del presidente Hugo Chávez y en la actualidad con Nicolás Maduro, ha planteado un relanzamiento de la economía nacional teniendo como bandera potenciar el extractivismo a partir de los crudos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). El proyecto: llevar las cuotas de extracción nacional a 6 millones de barriles diarios para la próxima década, siendo que la FPO aportaría 4 millones (actualmente produciendo unos 1,2 millones).
Esta propuesta fue muy poco objetada en su momento, tanto por las bases de apoyo del Gobierno nacional, como por los partidos de oposición, los cuales en sus programas de gobierno planteaban exactamente el mismo objetivo.
Sin embargo, esta apuesta no parece poder resolver la encrucijada histórica en la que se encuentra el modelo nacional de acumulación de capital, debido a los factores anteriormente mencionados. Esto ha sido muy significativo para la configuración de una nueva y creciente valoración de la minería en el país, tal vez sin precedentes en la historia venezolana.
En el año 2011, el presidente Chávez planteaba por primera vez el surgimiento del mega-proyecto del ‘Arco Minero de Guayana’ –que posteriormente ha sido conocido como ‘Arco Minero del Orinoco’. Se trata de un extenso cinturón de minerales de 111.843,70 km2 (12 por ciento del territorio nacional, con el mismo tamaño de Cuba) que se ubica en el sur del río Orinoco (parte de las áreas comprendidas como ‘Amazonía venezolana’). El proyecto plantea la explotación de oro, diamantes, hierro, coltán, bauxita, entre otros minerales y se ha propuesto como un ‘polo de desarrollo’ junto a la Faja Petrolífera del Orinoco (sumando un total de 175 000 km2).
El período de extraordinaria crisis iniciado en 2013, parece abrir las puertas a un período de acumulación más voraz, con el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado que se propone reimpulsar no solo el Arco Minero del Orinoco, sino todo un conjunto de proyectos en nuevas fronteras de la extracción, sea en zonas altamente conservadas, regiones poco impactadas o en áreas donde se intensificarán como nunca procesos de impacto y degradación socio-ambiental.
Las disputas geopolíticas por los llamados ‘recursos naturales’ y la potencial guerra comercial entre China y los Estados Unidos generan significativas y crecientes presiones para esta profundización del extractivismo. Principalmente con los capitales chinos, pero también con la creciente aparición de otras corporaciones transnacionales como la canadiense Barrick Gold, se está negociando la apertura de nuevos enclaves mineros y la expansión de viejas explotaciones de este tipo, flexibilizando y desregulando las tradicionales condiciones nacionalistas de operación y negocios presentes desde la instauración del gobierno de Hugo Chávez en 1999.
Un ejemplo de ello ha sido la creación a fines de 2014 de las ‘Zonas Económicas Especiales’, que representan liberalizaciones integrales de áreas del territorio nacional para eliminar los obstáculos que impidan un desarrollo acelerado de dichas regiones, lo que implica ceder soberanía a capitales foráneos, quienes pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas áreas.
Una muestra del nuevo salto de la minería en Venezuela se evidencia en el proyecto de certificación de todas las reservas mineras nacionales, el cual ha sido impulsado por el Gobierno nacional desde el año 2012, de la mano de corporaciones chinas como la Citic Group Corporation. La idea es formalizar la cuantificación de todas estas reservas para impulsar lo que el presidente Maduro ha denominado como el ‘Motor Minero’, activado en febrero de 2016 en el marco de la ‘Agenda Económica Bolivariana’.
A parte del mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se ha planteado la recuperación y expansión de la minería de carbón en la Sierra de Perijá (Carbozulia, estado occidental del Zulia), el rescate de la minería de níquel al sur del estado Aragua (Loma de Níquel), así como el re-impulso de proyectos más pequeños de minería metálica y no metálica a lo largo y ancho del país, como el de la minería de sílice en el municipio Torres del estado Lara.
En síntesis, estamos ante una significativa reorganización geoeconómica del territorio nacional en la cual se plantea una extendida e intensa penetración de nuevas fronteras de la extracción, siendo que la (mega) minería tendría un nuevo rol histórico y la Amazonía venezolana una extraordinaria amenaza ante sí, con trascendentales consecuencias para la reproducción de la vida de miles de venezolanas y venezolanos.
Consecuencias y resistencias indígenas y populares
Los impactos negativos de la minería son ya muy conocidos y hay en la actualidad amplios registros de sus consecuencias. Los niveles de intensidad minera propuestos para el proyecto del Arco Minero del Orinoco no tienen precedentes en la historia de Venezuela y se producirían en una de las regiones más biodiversas del país, donde además habita la mayor cantidad de pueblos indígenas. Cabe destacar que estas áreas ya vienen sufriendo los embates del notable crecimiento que en los últimos 10 años ha tenido la minería ilegal.
La mega-minería a cielo abierto del Arco Minero del Orinoco supondría enormes niveles de deforestación y pérdida de biodiversidad. Del mismo modo, los elevados niveles de agua que serían utilizadas para, por ejemplo, obtener oro, junto a una severa contaminación con cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas, amenazan muchos de los vitales ríos que componen la cuenca del Orinoco, una de las principales reservas hídricas del país. Similares denuncias se han hecho respecto a la contaminación que la minería de carbón produciría a ríos que alimentan los embalses principales del estado Zulia, donde habitan millones de personas.
Los casos registrados evidencian la vulneración de la soberanía alimentaria de las poblaciones afectadas por los emprendimientos mineros (como la afectación de aguas para el cultivo y cría de animales de productores locales, o la creciente muerte de peces por mercurio, dieta de numerosos pueblos indígenas de la Amazonía venezolana). A su vez, ya se registran procesos de militarización de zonas de extracción, zonas fronterizas y violencia contra los pueblos indígenas, quienes además sufren las amenazas de las redes de minería ilegal que operan en la zona. Los pueblos indígenas son los grupos principalmente afectados y amenazados por este relanzamiento del extractivismo.
De formas diferenciadas y a veces con objetivos distintos, se están produciendo resistencias de estos pueblos originarios. Por ejemplo, los indígenas yek’wana y sanemá de la cuenca del río Caura se han manifestado contra el Arco Minero del Orinoco, al tiempo que denuncian y luchan en sus territorios contra el flagelo de la minería ilegal. Situación similar se evidencia con los pueblos indígenas amazónicos que confluyen en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM).
A su vez, los indígenas yukpa y wayuu en la Sierra de Perijá se mantienen en resistencia firme contra la expansión de la minería de carbón. En la lucha de los indígenas pemón es posible encontrar, por un lado pobladores que se movilizan contra los invasores de sus territorios pero que pueden practicar la minería (como los del Alto Paragua o los de Urimán), o por otro lado pobladores que se oponen y se movilizan completamente contra esta actividad (como los del río Carrao).
A pesar de las impetuosas expresiones de las resistencias indígenas en los últimos años, algunas de ellas con métodos de acción directa (como la retención de militares por parte de los indígenas pemón y los del río Caura), estos pueblos originarios se enfrentan a terribles amenazas y se encuentran mermados por enfermedades, desplazamientos o por la violencia ejercida contra ellos. En 2013 fue asesinado el cacique yukpa Sabino Romero, líder de la resistencia de su pueblo, sin que hasta la fecha se haya podido esclarecer quienes fueron los autores intelectuales de su muerte. En los últimos meses han sido también asesinados líderes indígenas de la Amazonía venezolana a manos de actores de la minería ilegal.
La oficialización del proyecto del Arco Minero del Orinoco por medio del decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016 ha generado un reposicionamiento del tema ambiental en el país, así como un fortalecimiento de la causa ecologista en las movilizaciones sociales (algo equivalente al caso Tipnis en Bolivia desde 2011 o el ‘Baguazo’ en 2009 en el Perú). La campaña contra dicho proyecto ha logrado nuclear diversos actores de la política, generando una interesante comunidad crítica al extractivismo, aunque las movilizaciones parecen haber perdido fuerza en los últimos meses de 2016 hasta la fecha.
Lo cierto es que la situación de grave crisis que vive el país configura un muy complicado escenario para estas luchas y nos presenta un panorama bastante enredado, de difícil solución. En todo caso es importante reconocer que, al mismo tiempo, la situación abre nuevos escenarios en los cuales nuevas formas de organización, valoración social y luchas pueden conformarse. La preocupante situación de insostenibilidad socio-ambiental del país, las crecientes disputas territoriales, así como el severo daño ecológico planteado ante este salto de la minería en Venezuela, probablemente generará condiciones para una re-politización del acceso, uso y gestión de los bienes comunes.
Emiliano Teran Mantovani,
Sociólogo y ecologista político venezolano, miembro de la Red Oilwatch Latinoamérica y promotor del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
En mayo presentamos un análisis detallado de la situación actual venezolana, disponible en este enlace: http://www.alainet.org/es/articulo/184922