Ecuador es uno de los países con una de las mayores tasas de deforestación a nivel mundial. En este proceso actúan diversos actores entre los que se encuentran no solamente las grandes empresas madereras que típicamente realizan sus actividades de extracción de madera fluctuando entre la legalidad y la ilegalidad, sino también las empresas que deforestan para instalar grandes monocultivos de árboles, desde palma africana hasta pinos y eucaliptos.
Para calmar a la opinión mundial que se ha sensibilizado ante estos problemas y los rechaza, el mercado ha encontrado una solución: la certificación. Es así que en Ecuador tanto proyectos con un gran impacto ambiental como empresas muy destructivas tienen hoy un certificado FSC, como es el caso de las plantaciones en gran escala de monocultivos de árboles para sumideros de carbono de la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A. y las plantaciones industriales de árboles de las empresas ENDESA y BOTROSA.
El grupo nacional legalmente reconocido por el FSC en Ecuador es el Consejo Ecuatoriano para la Certificación Forestal Voluntaria (CEFOVE). Al igual que el FSC, está compuesto por una cámara ambiental, una económica y una social. La presidencia en el Consejo Directivo del CEFOVE rota regularmente cada año entre las tres cámaras y el poder de decisión en teoría se reparte equitativamente entre las tres cámaras. Sin embargo, no se tomaron medidas para asegurarse que los integrantes de las cámaras ocupen realmente la posición que les corresponde y es así que existen varias irregularidades y atropellos cometidos por las compañías madereras del Grupo Durini (Setrafor, Endesa, Botrosa, Acosa) y sus organizaciones de lobby: Fundación Forestal Juan Manuel Durini (FFJMD), Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) y Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA). Además la cámara económica está totalmente dominada por el GRUPO DURINI, que mediante la afiliación de cuatro de sus empresas y dos de sus organizaciones de lobby tiene la mayoría absoluta de voto en la cámara.
A modo de ejemplo: la empresa PROFAFOR del Ecuador S.A., encargada de generar y negociar bonos de carbono en la bolsa de valores, se encuentra en la cámara ambiental cuando su sitio debería ser la cámara económica. Este hecho ha sido reclamado por los otros miembros de la cámara ambiental, pero PROFAFOR ha rehusado hacer el cambio respectivo. Para el año 2006 la presidencia del CEFOVE le corresponde a la cámara ambiental, y PROFAFOR ha sido designado como presidente. Como el año pasado la presidencia la tuvo Juan Carlos Palacios, de COMAFORS, por la cámara económica, eso significa que durante dos años consecutivos han primado los grupos económicos.
Por otra parte, la coordinadora del CEFOVE trabaja media jornada en su función en el CEFOVE y la otra media jornada en el despacho del Director Nacional Forestal, en el Ministerio del Ambiente. De esta situación surge un grave conflicto de intereses y la posibilidad de que los intereses públicos del Ministerio del Ambiente puedan influenciar la política del CEFOVE y viceversa.
A mediados del 2005, Acción Ecológica y el WRM publicaron el libro “Sumideros de Carbono en los Andes Ecuatorianos”, un profundo estudio sobre los impactos de las plantaciones de PROFAFOR. Sin embargo, entre los miembros del CEFOVE no se ha tratado el estudio y no se han formulado comentarios con respecto a los cuestionamientos que revelan que sería imposible conceder la certificación a estos monocultivos. Por el contrario, la elección de PROFAFOR a la presidencia del Consejo Directivo del CEFOVE solo se explica como un respaldo institucional a esta empresa cuestionada.
La cámara económica ha pasado a tener el poder del CEFOVE, lo cual quedó claramente reflejado cuando en 2005 la Federación del Centro Awá del Ecuador (FCAE) --que forma parte de la cámara ambiental-- presenta una denuncia contra las empresas Setrafor, Endesa/Botrosa --miembros de la cámara económica-- y Plywood Ecuatoriana y CODESA --miembros indirectos mediante su afiliación a COMAFORS y AIMA-- por invadir su territorio y sus bosques, legalmente reconocidos como Reserva Etnobotánica de Asentamiento Ancestral Awá, provocar graves daños ambientales y sociales dentro del territorio Awá y las zonas directamente colindantes consideradas zona de amortiguamiento, y extraer árboles sin contar con los debidos permisos de los representantes legales de la FCAE.
Irónicamente, en este caso fue FCAE quien finalmente resultó cuestionada, por denunciar a uno de los miembros del CEFOVE. En cambio, no se adoptó ninguna medida para paralizar a las empresas madereras. Por el contrario, el CEFOVE resolvió que “las empresas SETRAFOR, CODESA y PLYWOOD, no tienen un control absoluto sobre los procedimientos y actitudes de sus empleados y contratistas en el campo”. Peor aún, Endesa/Botrosa, con el respaldo del CEFOVE, recibió este año una certificación FSC expedida por GFA Consulting Group para sus plantaciones de árboles. Este certificado borra de un plumazo el historial de más de 40 años de violaciones de los derechos humanos de poblaciones locales y sistemática degradación ambiental por parte de las empresas del Grupo Durini. El amplio mercado internacional queda abierto para una de las empresas más destructora de los bosques primarios ecuatorianos.
No obstante, la falta de credibilidad del CEFOVE se ha puesto en evidencia con la reciente renuncia de la FCAE y la Fundación Altropico, quien fuera uno de los miembros fundadores e impulsadores de esta iniciativa. Jaime Levy, su director ejecutivo lo explica en la carta pública enviada a miembros del FSC y a CEVOFE el 13 de julio 2006: “Consideramos que es imposible seguir compartiendo un espacio cuyos objetivos están enmarcados en lograr un mejor manejo ambiental de los bosques, un respeto real para sus dueños y una repartición justa de las ganancias económicas de las operaciones forestales, con miembros como COMAFORS y las empresas productoras de contrachapados, quienes a nuestro juicio son los responsables de la ya casi desaparición de los bosques del Chocó de Esmeraldas”. “Este Patrimonio de los Ecuatorianos y del mundo se encuentra ahora severamente amenazado por las acciones de estas empresas, y a pesar de sus discursos sobre la conservación y el manejo sostenible de los bosques nativos restantes, y sus membresías en CEFOVE y el FSC, lo que hemos visto en los últimos años en el norte de Esmeraldas es una realidad muy, muy distinta. Y en la actualidad, en estos momentos, la explotación con maquinaria pesada de los bosques remanentes sigue a un ritmo acelerado y con poco control del Ministerio de Ambiente.”
Las plantaciones certificadas en el Ecuador son una muestra de las falencias del sistema, el cual está en manos de los poderes económicos que dominan el grupo del FSC para el Ecuador --CEFOVE--. Su enorme poder e influencia va en detrimento de los pobladores locales y de la necesidad de la conservación de los bosques.
Por Nathalia Bonilla, Acción Ecológica, correo electrónico: foresta@accionecologica.org, y Klaus Schenck, correo electrónico: klaus@regenwald.org