El acaparamiento de tierras en Brasil es un claro ejemplo de crimen organizado, de robo de tierras a pequeños agricultores. Para entender esto es crucial una mirada histórica. El WRM conversó con un miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en Amapá, sobre la empresa AMCEL, que tiene plantaciones con el sello FSC para exportar astillas de madera a la industria de celulosa y para la producción de energía en Dinamarca.
Una de las supuestas soluciones señaladas por el gobierno de Bolsonaro para salir de la crisis de deforestación es la regularización territorial. Pero las organizaciones brasileras que trabajan en defensa de los pequeños agricultores y las comunidades tradicionales, como la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), alertan sobre el riesgo de que esta regularización legalice el acaparamiento de tierras públicas (conocida como “grilagem” en portugués). Un ejemplo emblemático de apropiación de tierras en la Amazonia brasilera es el caso de la empresa Amapá Celulose S.A. (AMCEL).
El grilagem es la elaboración ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles una apariencia legal. Esta actividad ya comenzó a practicarse en la época colonial, con el robo de tierras de los pueblos indígenas, y continúa siendo ampliamente utilizada hasta el día de hoy por los representantes de los intereses del gran capital, como los hacendados, las empresas del agronegocio, la minería y los monocultivos de árboles, entre otros. Es un mecanismo que permite apropiarse de las tierras expulsando a los pequeños agricultores, impidiendo que puedan usufructuar su derecho a utilizar la tierra para reproducir sus medios de vida. Una de las estrategias más recientes para legalizar el acaparamiento de tierras, principalmente en la región amazónica brasilera, es el CAR (Catastro Ambiental Rural). Se trata de un mecanismo previsto en el nuevo Código Forestal brasilero para el registro de tierras de manera digital. (1)
El resultado de este proceso histórico de acaparamiento de tierras es que hoy Brasil tiene una de las situaciones más desiguales del mundo en cuanto a la propiedad de tierras: el 1% de los propietarios concentra casi la mitad de toda el área rural de Brasil, mientras que el 50% de las propiedades ocupan apenas el 2.3% de esta área. (2) Otra consecuencia de la invasión de los intereses del capital en el campo mediante el acaparamiento, fue la expulsión muchas veces violenta de los pequeños agricultores. Estos tuvieron que desplazarse hacia las ciudades, donde reside hoy el 85% de la población brasilera, enfrentando más problemas como el desempleo y la violencia urbana. En un proceso inverso, la lucha del MST (el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) y otras organizaciones, logró que Brasil iniciara, al menos tímidamente, un proceso de reforma agraria.
El acaparamiento de tierras en Brasil un ejemplo perfecto de crimen organizado, de robo de tierras y bosques a los pequeños agricultores, con la participación de un conjunto de actores que se benefician de alguna forma del crimen. En primer lugar, organismos del gobierno que estimulan la ocupación del territorio para determinados proyectos a cualquier costo, y que están dispuestos a violar la propia ley y, además, a brindar un apoyo financiero importante a empresas y hacendados mediante sus bancos de desarrollo. En segundo lugar, las empresas o los hacendados que acaparan las tierras. Además, están los dueños de los estudios notariales que elaboran escrituras de tierras fraudulentas, así como los jueces que deciden no mirar los fraudes, y que muchas veces son también propietarios de tierras con títulos ilegales. Por último, existen otros financistas privados, como los fondos de inversión nacionales e internacionales que invierten en las actividades de las empresas, y hacendados que hacen uso de las tierras acaparadas.
Hay aún más actores que colaboran con el crimen, como el caso del sistema de certificación internacional de la madera (el FSC) para las empresas de plantaciones de árboles. Las empresas de consultoría que realizan la certificación han sido verdaderas “abogadas defensoras” de las empresas acaparadoras de tierras, al declarar que la madera se obtiene mediante prácticas “socialmente justas”. (3)
Amapá Celulose (AMCEL) es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles localizada en la Amazonia, una de las regiones más conflictivas en términos de acaparamiento de tierras en Brasil. AMCEL tiene plantaciones de eucaliptos certificadas por el FSC, utilizadas para producir y exportar astillas de madera para la industria de la celulosa y también como materia prima para la producción de energía/electricidad en Dinamarca.
AMCEL fue creada en 1976 por una empresa minera, CAEMI, pasando después por las manos de las norteamericanas Champion e International Paper. Desde 2007, AMCEL es controlada por los grupos japoneses NipponPaper Industries y NYK (Nippon Yusen Kabushiki Kaisha). (4)
El WRM conversó con el padre Sisto Magro, miembro de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Amapá, sobre el acaparamiento de tierras de la empresa AMCEL.
Pregunta: ¿Podría hacer un breve resumen histórico de la ocupación de tierras por parte de los pequeños agricultores y los problemas que han enfrentado en el estado de Amapá?
Padre Sisto: La historia de los pequeños agricultores en el estado de Amapá comenzó por vía fluvial. Ocupaban las orillas de los ríos y del océano, en el llamado archipiélago de Bailique, que une el río Amazonas, parte del océano y arroyos. Esas poblaciones vivían de la caza, la pesca, la recolección de frutos de açaí y bacaba, y la agricultura de subsistencia, sobre todo en base a la harina de mandioca. Estos ocupantes también criaban ganado y búfalos en las áreas inundadas. Es así como comenzó la historia del pueblo agrícola de Amapá, además de los pueblos indígenas que ya estaban en este territorio. Los agricultores tenían una cultura de subsistencia, sin perseguir la riqueza; no tenían cercos y respetaban el terreno del vecino. Cuando se abrieron los caminos, otras comunidades de pequeños agricultores se fueron creando a lo largo de estos.
A partir de los años 1950, llegaron los grandes proyectos a la zona en un intento por unir Amapá al resto de Brasil y el mundo. Primero llegó el proyecto minero llamado Icomi, y a partir de los años 1970 el proyecto de Amapá Celulose y también un puerto para exportación. Llegó mucha gente de fuera para trabajar en estos proyectos, y también llegó otra lógica; una que busca transformar al pequeño agricultor en emprendedor, tratando de introducir una agricultura “moderna” para “desarrollar” el estado. Eso significa transformar la cultura de subsistencia de estos agricultores en una cultura capitalista, basada en el dinero. Ese intento no dio resultado porque es muy diferente de la cultura recolectora y de subsistencia del pueblo del campo.
Para entender los actuales conflictos por la tierra es importante recordar que, alrededor de 1900, cuando Amapá era parte del estado vecino de Pará, el gobierno de Pará enviaba coroneles a quienes había otorgado títulos de propiedad de grandes extensiones de tierra mediante estudios notariales -cuyos dueños a veces eran los propios coroneles- con el objetivo de que ellos pudieran distribuir esas tierras entre ganaderos y pequeños agricultores. Esa reforma agraria no funcionó, pero generó una serie de antiguos documentos de tierras de 1900, 1910, 1920. Hoy, aunque esos documentos ya están obsoletos, son utilizados por los latifundistas para intentar quitarle las tierras a los pequeños agricultores.
Incluso ahora se está intentando traer personal del Sur [de Brasil] que ya tiene otra visión de la agricultura, del campo, de producir riquezas para exportación y aumentar el PIB (Producto Interno Bruto). Nuestro agricultor no está preocupado por aumentar el PIB de nadie, sino por producir para poder alimentarse y a lo sumo llevar la producción al mercado de Macapá (ciudad principal del estado). Él es más humilde y la Amazonia requiere esa humildad. Cuanto más se intenta implantar una mentalidad capitalista en la Amazonia, basada en la producción y la riqueza, más se destruye este bioma importante, este ecosistema importante. Y nuestro agricultor amapaense sabe muy bien esto. Ahora, quien parece no entender es el gran capitalista que se entrega a la cultura del dinero y que no es de aquí.
Pregunta: Según los informes de certificación FSC de la empresa, (5) AMCEL consiguió apropiarse de casi 400 mil hectáreas de tierras en Amapá. Cerca de 167 mil hectáreas están certificadas y sus títulos, según el FSC, fueron reconocidos por el INCRA (órgano federal del ordenamiento territorial, responsable de la reforma agraria). Otras 119 mil hectáreas no están certificadas y, según la empresa, hay ocupaciones “ilegales” por parte de pequeños agricultores. En 2005, la empresa habría devuelto al INCRA otras 105 mil hectáreas. ¿Cuál es la visión de la CPT sobre la legalidad de las tierras de AMCEL y del proceso de adquisición de estas tierras?
Padre Sisto: Primero es importante decir que el proyecto de AMCEL es un proyecto del propio gobierno federal. Este, en un intento por modernizar el campo, promovió la distribución de tierras públicas en el estado de Amapá y en otros estados de la Amazonia, simulando que fuese una distribución justa de tierras. El gobierno realizó una licitación de tierras sobre un área en Amapá de mucho interés para AMCEL, que hoy abarca parte de los municipios de Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias de Araguary e Itabaul. Cada empresa podía presentarse, pero solo para un único lote. AMCEL pertenecía al grupo CAEMI, una minera poderosa del estado de Amapá. CAEMI participó con seis firmas, algunas de las cuales eran empresas fantasmas, porque nunca se tuvo noticias de ellas en Amapá. Una de las seis era AMCEL, pero las otras no tenían nada que ver con plantaciones para madera, sino que estaban vinculadas al sector minero. Todas ellas participaron y ganaron la licitación de un lote enorme, de 20 a 25 mil hectáreas. El contrato de la licitación dice que cada empresa debía explotar ese lote. Sin embargo, inmediatamente después de que las otras empresas obtuvieron las tierras, las arrendaron, sin excepción, a AMCEL, a pesar de que el contrato de licitación no lo permitía. Fue así como AMCEL comenzó su proyecto de plantación de árboles, que a un inicio era con pinos.
Uno de los elementos del contrato de licitación decía que la empresa debía hacer un estudio topográfico y demarcar el área. Todas las empresas que ganaron la licitación hicieron eso, pero cometieron otra irregularidad: aumentaron aún más las áreas. Por ejemplo, terrenos que eran de 20 mil hectáreas pasaron a ser de 27 mil hectáreas después de la demarcación. Otro elemento de los términos de la licitación era que la empresa ganadora debía excluir del área a ser demarcada las zonas donde hubiese pobladores, pequeños agricultores. Pero estas empresas no hicieron eso. Por el contrario, AMCEL comenzó a promover auténticos desalojos de las personas que vivían en esas zonas. La mayoría fue expulsada a inicios de los años 1980. En algunos casos AMCEL indemnizó al pequeño agricultor por la tierra, algo que tampoco estaba permitido porque el contrato mandaba excluir esas zonas habitadas y nada más. Pero nada de eso sucedió. Después, entre 1983 y 1985, el INCRA le concedió los títulos a AMCEL y a las otras cinco empresas que ganaron la licitación, aunque hubiera gran cantidad de agricultores en esas tierras. Luego, las otras empresas le vendieron las tierras a AMCEL. Si esto está bien para AMCEL, para mí es un gran fraude, porque AMCEL y las otras empresas actuaron de forma conjunta, e incumplieron los términos de la licitación.
Hoy quedan pocos habitantes porque la mayoría ya fue expulsada. Pero es interesante que AMCEL diga que no hay conflictos en las 167 mil hectáreas, que el conflicto estaría en las otras 119 mil hectáreas. Porque también hay conflictos en el área certificada [por el FSC], y la prueba de esto es que están en la Justicia. Es fácil ver en el sitio web del Tribunal de Justicia de Amapá los conflictos existentes sobre las áreas que la empresa dice que son legalmente suyas. Los habitantes que aún resisten allí han sido y están siendo expulsados judicialmente porque AMCEL muestra los títulos de las empresas que ganaron la licitación, y que ahora forman parte de un único gran título de 167 mil hectáreas. Cabe agregar que en el extremo norte del territorio, en el municipio de Ferreira Gomes, la empresa ya excedió el área del título unificado que obtuvo. Así quedó comprobado en un informe técnico realizado por el INCRA a pedido del juez, durante uno de los procesos judiciales. Pero el juez dice que solo se excedía un “poquito”, sin embargo, ese límite tenía 28 km de extensión, por lo que cualquier pequeña variación termina siendo una diferencia muy grande.
Pregunta: AMCEL afirma que en 2000/2001 hubo una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de las tierras públicas en la Cámara Federal, en Brasilia, que concluyó que el proceso de adquisición de tierras por parte de AMCEL era legal. ¿Usted concuerda con esta afirmación?
Padre Sisto: ¿Cómo es posible entonces que, en 2005, luego de otra CPI en 2004 sobre las tierras públicas, pero esta vez dirigida por la Asamblea Legislativa del estado de Amapá, AMCEL haya tenido que devolver 105 mil hectáreas a la Unión [gobierno federal]? Es una contradicción gigantesca. El informe de la CPI de 2004 casi fue redactado por una persona que más tarde fue procesada y condenada por acaparamiento de tierras. Felizmente fue posible nombrar a otro diputado, Ruy Schmidt, que no estaba vinculado con el acaparamiento de tierras. Esa CPI tuvo una participación fundamental de la CPT y consiguió revelar todo el proceso fraudulento de acaparamiento de tierras de AMCEL. Tenemos toda esa documentación guardada y, como resultado, AMCEL tuvo que entregar 105 mil hectáreas del otro lado del Río Araguari. En realidad, estas tierras no tenían ni un documento, ¡ni un solo título! Eran apenas documentos de posesión, recibos de compraventa, un documento cualquiera de bienes raíces.
Por otro lado, en relación a la situación de las tierras de AMCEL, la empresa tiene un área relativamente pequeña con títulos definitivos, tierras compradas a personas que poseían esos títulos y son títulos reconocidos por el INCRA, que no pueden ser cuestionados. Sin embargo, el resto son tierras que resultan de otro proceso criminal: la llamada apropiación notarial. Fueron notarios del distrito de Amapá y del municipio de Tartarugalzinho. Esos dos notarios entregaron escrituras públicas, inscritas en el notario público, de terrenos que en realidad son tierras públicas que el INCRA nunca tituló, vendió, ni logró regularizar. Si usted va al INCRA y ellos miran el mapa que tienen de estas áreas, dirán que esas tierras son suyas, que aún pertenecen a la Unión [gobierno federal]. Por eso, son áreas cuya supuesta legalidad, tal como afirma AMCEL, cuestionamos desde la CPT. Son áreas inscritas, pero de forma irregular, ilegal, y son en total más de 100 mil hectáreas. Son tierras que deberían también ser devueltas a la Unión. En 2003, un Juez de Paz y un Corregidor de la Justicia pidieron a los estudios notariales de Amapá que corrigieran esos registros fraudulentos, incluyendo a los que registraron las tierras donde está AMCEL. Pero nada sucedió después, y los jueces del caso argumentan que la Procuraduría General de la Unión (AGU por sus siglas en portugués) debe iniciar una acción judicial para recuperar estas áreas y poder crear asentamientos bajo la reforma agraria. Pero la AGU no lo hace. Hoy en día, una táctica de AMCEL para deshacerse de estas tierras es negociar esos títulos ilegales con la agroindustria de la soja.
Pregunta: ¿Quién financió a AMCEL, incluso con todo el acaparamiento de tierras?
Padre Sisto: El FNO (Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte), dinero público brasilero, financió buena parte de las plantaciones de AMCEL. Es dinero que también debería financiar a pequeños agricultores, pero ellos no tienen acceso a estos fondos porque carecen de condiciones para formular y presentar un proyecto. Son AMCEL y otras empresas y hacendados asociados al agronegocio de la soja, por ejemplo, los que desarrollan proyectos y acceden al dinero.
Pregunta: la empresa afirma que está “comprometida” a resolver los conflictos con los pequeños agricultores mediante el “diálogo”. ¿Cómo evalúa la relación de la empresa con los habitantes?
Padre Sisto: La relación no es respetuosa. AMCEL derriba las casas de los habitantes. El año pasado se derribaron cinco casas en el municipio de Ferreira Gomes, este año derribaron otra en el municipio de Tartarugalzinho, con protección del juez para aquella zona, porque ganaron un juicio contra un pequeño productor. Solo que esta casa estaba en el medio del campo. ¿Y qué hizo AMCEL? El funcionario judicial se presentó en el lugar, AMCEL señaló la casa, ¡y el funcionario ordenó derribar la casa del hermano de este habitante, que queda sobre la calle y que no era parte del proceso! Esto parece indicar que la empresa busca ampliar aún más su territorio, incluso porque perdió varias causas contra los habitantes. Yo pregunto: ¿Por qué AMCEL, habiendo perdido varios juicios, aún mantiene las 167 mil hectáreas? Probablemente esté intentando recuperar las áreas que perdió legalmente en la justicia. Y el juez de Tartarugalzinho, ante el pedido de indemnización por parte del agricultor, en lugar de pedir a AMCEL que reconstruya inmediatamente la casa, dijo que iniciará un proceso judicial y que la primera audiencia será el año que viene. Ante esta situación, el agricultor se siente intimidado para volver a construir su casa porque la empresa ya la derribó una vez y tiene miedo de que el juez ordene derribarla nuevamente.
Pregunta: Aunque algunos habitantes ganaran juicios, en la mayoría de los casos AMCEL salió victoriosa. ¿Podemos esperar justicia del poder judicial de Amapá?
Padre Sisto: No. Por ejemplo, en el caso de las cinco casas que fueron derribadas en el municipio de Ferreira Gomes, el propio juez estuvo presente en el momento del derrumbe. Según el relato de los habitantes que se encontraban allí, él dijo “quiero ver esas casas en el suelo”. El juez de Tartarugalzinho es aún peor. Ante el derrumbe de casas de manera irregular, además de no reconocer el error, pasó el tema por alto diciendo que en febrero/marzo [de 2021] se conversaría sobre eso. Pero ya dejó claro que no va a suceder absolutamente nada con AMCEL. Este mismo juez ocupa una tierra pública. Con jueces de estado a los que siempre recurre AMCEL para expulsar a los habitantes, es muy difícil que haya una decisión favorable para los pequeños agricultores.
Pregunta: Considerando que la CPT actúa desde una perspectiva de justicia social, ¿cuál es el camino a tomar para resolver el conflicto de tierras creado por AMCEL a partir de la década del 1970? ¿Y cuál es su mensaje para el pueblo de Dinamarca, país al que AMCEL envía astillas de madera certificada por el FSC?
Padre Sisto: La Justicia Federal debería intervenir y dar instrucciones a los jueces del estado de Amapá, para que no tomen más decisiones. Si la Justicia Federal se involucra es diferente, pues esta tiende mucho más a analizar el derecho de propiedad sobre el área, y si se trata de un territorio de AMCEL o no. Esta evaluará los títulos de propiedad para ver si se trata de una tierra pública, y en caso de que así sea, aún tratándose apenas de un milímetro de tierra pública, AMCEL tendrá que devolver las tierras de las que se apropió. Los jueces del estado, por el contrario, tienden a afirmar que las tierras son del estado de Amapá y no de la Unión. Varios jueces del estado incluso participaron en el proyecto de agronegocio. Algunos ya estuvieron en programas de radio con representantes del agronegocio. Hay también jueces federales que favorecen el agronegocio, pero sus decisiones tienden a ser más equilibradas. Es por eso que AMCEL siempre busca el camino de la justicia estatal, nunca el de la federal.
En este momento hay un proceso complicado en curso en el estado de Amapá. Se están transfiriendo tierras de la Unión para el estado de Amapá, y este quiere regularizarlas para entregarlas al agronegocio, no a los pequeños agricultores. Al mismo tiempo, el gobierno de Bolsonaro no libera ni un centavo para el INCRA, exactamente para no tener que hacer nada. Vivimos un momento muy difícil en el que no hay voluntad política para hacer una regularización territorial en beneficio del pequeño agricultor.
A los ciudadanos daneses les diría que es hora de que planten árboles en Dinamarca, y que cosechen esos árboles, en lugar de cosechar árboles aquí. Aquí estamos ya en un proceso gravísimo de deforestación, devastación y destrucción, promovido por el gobierno de Bolsonaro. Él se fortalece cuando puede decir que estamos exportando madera a Dinamarca porque ellos nos la piden. Mientras tanto, está jugando con fuego, incentivando la quema y destrucción del bosque para dar lugar a la cría de ganado, a la soja y al agronegocio. Y la madera puede ser una buena excusa para poder hacerlo. Ya es más que hora de que los países europeos planten la madera que ellos mismos destruyeron en el pasado, replanten [en Europa] y utilicen su propia madera y no la madera de la Amazonia, ya que esto hace que haya más personas desalojadas y que se cometan más crímenes ambientales.
(1) GRAIN, Legalización del gran robo de tierras públicas en Brasil: agronegocio, deforestación y el caldero de futuras pandemias, abril de 2020
(2) OXFAM Brasil, Tierras y desigualdad
(3) Boletín 240 del WRM, El FSC y la RSPO, ¿cómplices del delito? La cuestión de tierras de Jari Florestal y Agropalma en la Amazonía brasileña, 2018
(4) AMCEL - Amapá Florestal e Celulose S.A.
(5) Amcel, Informe de evaluación para la certificación del manejo forestal y de la cadena de custodia, desde el bosque hasta la salida del producto