La ONG de Gabón Brainforest, en colaboración con FERN y el WRM, realizó el “Etude sur l´impact das plantations agro-industrielles de palmiers a huile et d´hévéa sur les populations du Gabon” (Estudio de los impactos de las plantaciones agroindustriales de palma aceitera y caucho sobre las poblaciones de Gabón), por Franck Ndijimbi, 2013. El presente artículo, basado en dicho informe, destaca algunas de las informaciones recogidas sobre las empresas involucradas y sus proyectos, y alerta sobre los impactos ya detectados y esperados en las regiones afectadas.
Los bosques tropicales de Gabón cubren el 85% del país y representan una diversidad inmensa de especies en función de la cual aproximadamente 300.000 personas subsisten en base a la agricultura, la caza, la pesca y la recolección.
Con el “Plan Estratégico Gabón Emergente” (PSGE) del presidente de la república, el gobierno quiere promover la agricultura de exportación, estimulando tanto las plantaciones de las empresas como las realizadas por comunidades, llamadas ‘plantaciones comunitarias’. El Plan menciona a dos empresas que desarrollarán las plantaciones de palma aceitera y caucho: OLAM y SIAT Gabón.
Las escasas informaciones públicas indican que Olam ya obtuvo el derecho de usar 87.274 hectáreas por un período de 50 años, que puede ser prorrogado, abarcando el acuerdo una superficie total de 300.000 hectáreas. La empresa actúa en las provincias de Estuaire (proyecto de palma aceitera de Awala), Ngounié (proyecto de palma aceitera de Mouila) y Woleu-Ntem (proyecto de caucho de Bitam/Minvoul).
OLAM afirma que pretende contribuir con el desarrollo a largo plazo del país, aumentando las divisas a través de la exportación, generando empleos y teniendo en cuenta las preocupaciones de las comunidades. Para ello, afirma que aplica el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), incluso un criterio de la certificación del RSPO, un sello verde bastante cuestionado del cual participa OLAM.
SIAT Gabón tiene plantaciones de palma aceitera en la provincia de Moyen-Ogooué (las plantaciones de Makouké en la región de Lambaréné); y plantaciones de caucho en la provincia de Estuaire (en Kango), en la provincia de Woleu-Ntem (en Bitam y Minvoul) y en la provincia de Nyanga (hacienda Tchibanga). SIAT espera conseguir la certificación RSPO en 2013. La superficie de las cuatro concesiones de SIAT Gabón engloban 15.712 hectáreas y recientemente la empresa inició su proceso de expansión.
Asimismo SIAT afirma haber hecho consultas a las poblaciones afectadas y se compromete a incentivar a los pequeños productores de palma a asegurar su propia producción, además de tomar medidas para mitigar los impactos de las plantaciones.
Por un decreto presidencial de 2005, las empresas deben realizar un estudio de impacto ambiental. OLAM ya obtuvo la aprobación de los estudios para sus proyectos en Awala y Mouila, y SIAT para el conjunto de sus proyectos. Pero esas aprobaciones han generado cuestionamientos.
En primer lugar, la Dirección General de Medio Ambiente todavía no ha creado las condiciones plenas para hacer el seguimiento de dichos estudios y evaluarlos bien. Por eso, prevalece la informalidad en la aprobación de estos estudios.
Además, los términos de los acuerdos firmados entre el Estado y OLAM son desconocidos tanto para la población en las zonas de impacto como para otras partes interesadas. Por lo tanto, no se conocen los beneficios ni las obligaciones previstas para esa empresa, algo que también vale para el caso de SIAT.
Lo que se sabe es que la propia OLAM ha escogido las tierras donde opera, algo cuestionable, porque una concesión de tierras teóricamente no otorgaría ese derecho a una empresa. Pero en el caso de OLAM, el Estado es parte del proyecto, incluso la Presidencia de la República. Todo ello genera una reacción de mucha cautela en la población antes de querer hablar u oponerse de alguna manera al proyecto. Más de una vez las comunidades afirman: “OLAM es la Presidencia de la República”, mientras que miembros de la alta administración del gobierno afirman: “OLAM es el proyecto del Presidente”.
Incluso así, en algunas de las regiones y comunidades visitadas que serán bastante afectadas, se escuchan insatisfacciones, cuestionamientos y voces críticas.
En general, las comunidades no tienen el derecho garantizado de usufructo de sus tierras, como prescribe la Ley 16/01 de 2001, por lo que sufren de inseguridad agraria. La burocracia y la falta de información entre la población sobre sus derechos, incluso viviendo en un determinado territorio durante muchas generaciones seguidas, tienden a provocar que el proceso de expansión de las plantaciones de palma aceitera y caucho reduzca sus territorios. Por ejemplo, todas las comunidades se quejan de que la zona de amortiguación de 5 km de distancia entre las plantaciones y las comunidades es insuficiente, llevando a las comunidades a proponer mayores distancias, de 7 km, o a proponer que las empresas busquen otras regiones para sus proyectos.
En todas las ‘consultas’ efectuadas en función de los emprendimientos de palma y caucho, las comunidades mostraron una voluntad colectiva de querer garantizar el derecho a sus territorios. Aumenta la inseguridad cuando el gobierno concede tierras sin delimitar las mismas con precisión, llevando a conflictos con las comunidades.
Gabón Mi Tierra, Mi Derecho
Una iniciativa importante de apoyo al proceso de regularización agraria en beneficio de las comunidades locales es “Gabon Ma Terre, Ma Droit” (“Gabón Mi Tierra, Mi Derecho”, www.gabonmaterre.com). Esta iniciativa reúne a aproximadamente 20 ONGs. Realiza un trabajo en algunas zonas del país en el sentido de hacer un trabajo junto a las comunidades sobre sus derechos a la tierra para que avance el proceso de regularización agraria de las comunidades.
Por otro lado, el avance de las plantaciones en gran escala agravará todavía más la inseguridad alimentaria de la cual la población en general ya sufre, sea por pérdida de territorio y deforestación, sea por el hecho de que los agricultores vayan a trabajar para las empresas de palma o caucho, dificultando el mantenimiento de sus campos. Un habitante de Doubou en la región de Mouila dice: «Es este bosque el que nos permite sobrevivir y que no queremos compartir (..) Si no podemos plantar, pescar o cazar, ¿cómo vamos a sobrevivir? ». La reducción en la producción de alimentos pone en riesgo la soberanía alimentaria de la población de un país que hoy precisa importar la mayor parte de sus alimentos.
Además de esto, las comunidades también están preocupadas con el acceso al agua en el futuro, en principio un bien público, pero que genera preocupación con la creciente apropiación privada de las tierras y bosques, la desforestación y la expansión de las plantaciones de árbol del caucho y palma aceitera.
Consideraciones y alertas finales
A partir de los impactos y reacciones relatados de un proceso todavía reciente de expansión de plantaciones de palma aceitera y árbol del caucho en diversas regiones en Gabón, siguen algunas consideraciones y alertas finales:
- la importancia de la organización popular
Las comunidades en las regiones afectadas tradicionalmente no se organizan en asociaciones o cooperativas. Pero forzada por la amenaza que los proyectos de plantaciones representan para ella, la población se está organizando, considerándose ese un paso fundamental para poder defender sus derechos. Entre las diferentes organizaciones que están surgiendo, las agrícolas se destacan, siendo las cooperativas generalmente lideradas e integradas por mujeres.
- la importancia de conocer sus derechos
Crece una voluntad y conciencia en la población sobre la importancia de conocer sus derechos, por ejemplo, sobre sus territorios, pero también otros derechos. Solo conociendo sus derechos pueden luchar por ellos o pueden cuestionar la legalidad de las acciones de OLAM y SIAT Gabón. Es importante también cuando las empresas se reúnen con las comunidades, por ejemplo, para poder garantizar que se haga un acta de cada reunión realizada.
- el derecho al uso del territorio
Es fundamental que haya avances rápidos en el reconocimiento de los derechos de uso de la tierra por las comunidades, para evitar el riesgo de perder sus territorios en manos de proyectos agroindustriales y otros que se vienen instalando en Gabón. Ello significa un mayor compromiso del gobierno con esa demanda de la población rural y con la ratificación de acuerdos internacionales fundamentales para la protección de los derechos de poblaciones indígenas y tradicionales, como la convención 169 de la OIT.
- el derecho a la soberanía alimentaria e incentivo a la producción agrícola
Se precisa mayor apoyo a la población para sus actividades agrícolas. Por ejemplo, hacer efectiva la Ley 022 de 2008 que enfatiza “la producción de bienes agrícolas, alimentarios y no alimentarios de calidad y diversificados, que respondan a la necesidad de mercados nacionales (..)”,, “la organización de circuitos de comercialización (..) “, y “la creación de condiciones favorables para el financiamiento de la agricultura, de la ganadería y para el acceso a la propiedad de la tierra (..)”.
- el derecho a la información y estudios de impactos bien elaborados
Es necesario que las comunidades puedan tener acceso a todas las informaciones pertinentes sobre los proyectos agroindustriales planificados para sus áreas. Los estudios de impactos ambientales deben ser elaborados de forma imparcial y transparente. La comunidad tiene derecho de hacer el seguimiento de estos estudios y participar en ellos.
- el Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, que OLAM y SIAT Gabón dicen estar aplicando con las consultas realizadas, debe ser aplicado con toda seriedad. Eso significa no solamente informar a la comunidad sobre el proyecto de una forma transparente, sino también darles el derecho de decir sí o no a estos proyectos realizados en sus territorios y bosques, de los cuales dependen para su futuro.
Artículo basado en el estudio:"Etude sur l’impact das plantations agro-industrielles de palmiers a huile et d´hévéa sur les populations du Gabon", Franck Ndijimbi, 2013. Brainforest, com la colaboración de FERN y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).