La creación de la Reserva de la Biósfera Maya viene legitimando un modelo destructivo: proyectos de infraestructura y energía de la mano de Áreas Protegidas “sin gente”. Mientras que las ONGs conservacionistas engordecen sus carteras, las comunidades campesinas e indígenas son desplazadas o condicionadas a depender de las ONGs y el mercado.
(Este artículo es parte del reporte “Conservación perpetúa saqueo de los bosques en Guatemala”).
En las tierras del norte del Petén, Guatemala, y bajo el discurso del combate al calentamiento global y la protección de los bosques, un conglomerado de ONGs internacionales, entre ellas The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society, Rainforest Alliance y World Wildlife Fund (WWF), junto a sus socios locales y el soporte financiero de instituciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desarrollan un proyecto que tiene como fin generar ganancias a través de la venta indiscriminada de los bosques.
La creación de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) en 1990, la cual cubre el 70 por ciento del departamento del Petén, consiguió generar las condiciones para insertar dicho territorio en los planes nacionales del “desarrollo sustentable”, basados en la exportación de commodities a la par de proyectos de conservación. Estos planes exacerban lo aparentemente contradictorio: el Plan Mesoamérica, de infraestructura e integración económica-energética con sus proyectos extractivos, y su “versión verde”, las Áreas Protegidas del Corredor Biológico Mesoamericano. Ambos son modelos de gestión territorial financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Estos modelos que publicitan proyectos de “gestión forestal sustentable” dentro de la Reserva como casos exitosos de conservación, buscan moldear el marco regulatorio guatemalteco que incorporará un nuevo commodity a exportar: los bonos de carbono. Estos bonos surgen de los llamados proyectos de compensación – a través de los cuales la contaminación o destrucción de un lugar se pretende compensar con un proyecto en otro lugar que alega proteger un área “similar” o “recrear” lo destruido. Esto no solo permite que toda actividad industrial pueda seguir siempre y cuando su destrucción sea “compensada”, sino que además genera un doble acaparamiento de tierras: en el área de actividad industrial y en el área de “compensación.” En un contexto de creciente militarización, estos planes pretenden continuar con los desplazamientos forzados de las poblaciones campesinas e indígenas enclavadas por décadas en el Petén.
“En todas las Áreas Protegidas están restringidos todos los servicios básicos: salud, educación, alimentación, infraestructura”, nos cuenta un campesino quien vive dentro de la zona delimitada como Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), también dentro de la Reserva. “Para nosotros ha sido preocupante como se ha ido destruyendo la naturaleza en lo que llaman Área Protegida por sectores poderosos, empresariales. Después de que a nosotros nos despojan de nuestras tierras, pasan a manos de otra gente y legalmente pueden ser de una empresa. Nos indigna que a nosotros nos la pasan fastidiando con un montón de cosas, pero vemos las licitaciones petroleras que están en PNLT donde también hay palma (aceitera) y ¿por qué ellos tienen derecho de estar aquí? ¡Si ellos sí están contaminando la naturaleza!”, cuestiona un campesino perteneciente a una comunidad criminalizada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y ONGs conservacionistas, con el discurso que los señala como responsables por deforestar el bosque.
Desplazamientos: política de Estado
El viernes 2 de junio de 2017, 111 familias campesinas e indígenas huyeron de sus tierras ante la amenaza de 2,000 efectivos de la Policía Nacional Civil y del ejército que se dirigían hacia su comunidad, conocida hasta entonces como Laguna Larga, con el único objetivo de reducirla a cenizas. Hasta la actualidad, 450 personas sobreviven en un contexto de crisis humanitaria entre la línea fronteriza de Campeche, México y Petén, Guatemala. El caso de Laguna Larga y otros desplazamientos forzados ocurridos en las Áreas Protegidas evidencian la violencia ejercida por el Estado guatemalteco como vía para “solucionar” los conflictos territoriales en el Petén. El objetivo principal es prohibir la presencia de comunidades que no adopten el modelo único permitido: el de mercaderes de los bosques en las tierras del norte de Guatemala.
La ruta hacia la privatización de la “conservación”
Desde la fundación de la Reserva, las instituciones oficiales encargadas de ejecutar la ley de Áreas Protegidas han operado con presupuestos limitados, contexto que proliferó la creación de ONGs conservacionistas para llenar ese vacío institucional. “El tipo de conservación de estas organizaciones se puede leer dentro del modelo neoliberal por la forma en que se ven económicamente las Áreas Protegidas. Si el Estado quiere conservar, tiene que pagar por ello. Se sabía que el Estado no iba a tener la capacidad técnica de manejo y la gestión de dichas zonas pues siempre fue pensada para ser transferida hacia ONGs conservacionistas. Una de las primeras en crearse, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, es propiedad de Marcos Cerezo, hijo de Vinicio Cerezo, quien fuera presidente de Guatemala mientras se aprobó la ley de Áreas Protegidas. Las áreas que esta ONG maneja son áreas geoestratégicas donde hay gas, donde hay petróleo”, denuncia Rocío García, antropóloga por la Universidad de San Carlos, sobre la manera irregular en que se transfirió la gestión de las Áreas Protegidas hacia la inversión privada, quien con ello se otorga también la capacidad de administrar recursos del Estado a futuro.
El caso de Guatemala, explica García, es un ejemplo claro de la correlación entre las políticas ambientalistas internacionales basadas en la conservación bajo el modelo de Áreas Protegidas con las de planificación territorial del gobierno guatemalteco.
“El desarrollo sustentable se engarza con las políticas de planificación territorial en Guatemala en el gobierno de Óscar Berger (2004 – 2008), cuando se implementa la política de desarrollo rural territorial, la cual fue elaborada con una metodología diseñada por el BID cuyo objetivo es la inserción de los territorios a mercados vía demanda”. El objetivo apunta a que el campesino deje de estar ligado a la tierra para su producción agrícola, principalmente de autoconsumo, para que se sume a producir para el mercado. Para ello se incentiva a los Estados-nación a re-organizar la institucionalidad local para imponer modelos destinados a insertarse en el mercado global.
ONGs: una relación de dependencia
Después de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca tras 36 años de conflicto armado interno, se concretó una reforma agraria influenciada por el Banco Mundial. Esta impuso prohibiciones a la adjudicación de tenencia de tierras a comunidades campesinas, a pesar de que en múltiples casos posesionaban las tierras, muchas de ellas abandonadas forzosamente durante la guerra.
Al mismo tiempo, en toda la Reserva, el gobierno guatemalteco reforzó la prohibición para la titulación de tierras y, mediante el financiamiento de la USAID, creó la figura de “concesiones forestales” en áreas destinadas al “manejo forestal sustentable”. A pesar de que inicialmente se entregaron 12 concesiones, actualmente operan sólo en nueve comunidades. (1) A la par, existen dos concesiones industriales que están en manos de las empresas madereras Batel Comercial Ltd. y Gibor S.A. El total de la superficie concesionada es de 485 mil 200 hectáreas.
“Lo que hizo [USAID] fue ponerle una ONG a cada comunidad para dar asesorías para su organización, para el manejo de fondos y también para registrarse legalmente. Tenían que hacer diagnóstico del territorio para saber qué tanto potencial maderable tenía y cuanto no maderable pues es todo lo que tienen para trabajar”, relata Rosa Maria Chan, ex funcionaria guatemalteca.
En 2001, USAID canalizó su asistencia a través del Proyecto BIOFOR, implementado por la ONG Chemonics International, la cual implantó una visión empresarial para la búsqueda de nuevos nichos de mercado y el aumento de la producción forestal en las concesiones. Pese a que en el discurso oficial se habla de respeto a la determinación de las comunidades que operan concesiones forestales, un análisis del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) de 2007, evidencia la fórmula vertical y paternalista de la vinculación entre las ONGs y la población en el norte del Petén.
“Las ONGs asumieron un rol protagónico en el proceso, y más que acompañantes o facilitadores se convierten en empresas prestadoras de servicios (…) la relación entre comunidades y ONGs fue desequilibrada desde un principio, ya que las ONGs manejaban y administraban los fondos, sin fomentar el fortalecimiento institucional comunitario y la autogestión (…) las ONGs promovieron relaciones de dependencia para justificar su existencia y continuar recibiendo el financiamiento de los donantes”, destaca el análisis de contexto sobre la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), la cual aglutina a las organizaciones operadoras de las concesiones comunitarias forestales.
De acuerdo al análisis de CIFOR, sólo entre 1989 y 2003 existió una inversión directa de 92 millones de dólares en proyectos en la Reserva por parte de USAID, el BID, KfW (banco alemán de desarrollo), y contrapartidas del gobierno de Guatemala. “Del total, sólo una moderada parte de la inversión llegó directamente a las comunidades concesionarias y a sus organizaciones. Dichos recursos sólo han profundizado la dependencia entre concesiones forestales y ONGs”, resalta el informe.
Talar para “conservar”
Según datos de la ONG Rainforest Alliance, entre 2007 y 2017, las concesiones forestales generaron 55 millones de dólares por la comercialización a los mercados europeos y estadounidenses de madera, xate, pimienta, ramón y servicios turísticos, además de haber creado 26 mil empleos. Dichos números forman parte del proyecto Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG), auspiciado por la USAID, el cual finalizó en febrero de 2018. El proyecto contó con una inversión de 25 millones de dólares entre 2013 y 2018 y es considerado parte de la fase de preparación del proyecto Guatecarbón, la versión local del mecanismo REDD+ para el país centroamericano.
CNCG forma parte de la estrategia global de cambio climático y desarrollo 2012-2015 de la USAID y fue ejecutado por Rainforest Alliance, en compañía de su socio local, la Fundación Defensores de la Naturaleza (co-administradores del Parque Nacional Sierra Lacandón), la Universidad del Valle de Guatemala, la Asociación de Exportadores de Guatemala, The Nature Conservancy y World Wildlife Fund (WWF). Para la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, los resultados positivos son evidentes debido a los ingresos millonarios obtenidos por la venta de productos forestales. Sin embargo, incluso el Plan Maestro vigente de la Reserva menciona “el peligro siempre latente de que las actividades de tala puedan eliminar componentes críticos del hábitat con la consiguiente pérdida de poblaciones animales”. Pese a dichas advertencias, la estrategia global de cambio climático de la USAID parece más una estrategia de ventas que coincide plenamente con los objetivos desarrollados por Wildlife Conservation Society en el Plan Maestro redactado por la ONG.
Dicho plan establece que para 2021 las áreas forestales no concesionadas de la zona de usos múltiples y con potencial productivo “deben contar con algún tipo de aprovechamiento de productos forestales para fortalecer su conservación”, lo cual significa priorizar la asignación de, entre otras áreas, el Triángulo de Candelaria, misma región donde se ubicaba la comunidad de Laguna Larga y donde otras tres poblaciones se encuentran en riesgo permanente de desalojo.
Pese a las ganancias obtenidas por las concesiones, una auditoría interna de la USAID publicada en 2016 evidencia problemas de raíz en la planeación e implementación del proyecto CNCG. De acuerdo al documento, Rainforest Alliance proveyó de información errónea en distintos rubros.
El principal problema hallado en CNCG es que “Rainforest Alliance debería haber preparado un plan de sostenibilidad desde el principio, explicando cómo las organizaciones y empresas que reciben apoyo del programa serían auto-sostenibles después de las actividades del programa. Sin embargo, dos años después de la implementación, aún no existía ningún plan”.
El caso es que las Áreas Protegidas creadas en Guatemala han apuntado a reverdecer el capitalismo a través de políticas que reordenan el territorio y la tenencia de tierras boscosas. Las comunidades que han sido guardianas y protectoras de esos bosques están siendo desalojadas de sus tierras, derechos y formas de vida. Las ONGs conservacionistas por otro lado han engordecido sus carteras de proyectos al apoyar e intensificar un modelo de desarrollo que solo beneficia al mercado.
Aldo Santiago, editorial@avispa.org
Avispa Midia, https://avispa.org/portada/
Este artículo es parte del reporte “Conservación perpetúa saqueo de los bosques en Guatemala”.
(1) Existen dos tipos de concesiones forestales: comunitarias e industriales. Para que las comunidades obtengan una concesión forestal se tiene que realizar un procedimiento legal en el cual la comunidad no es sujeto de derecho, sino que es obligatorio ser una organización registrada legalmente. Es decir, no puede haber una comunidad organizada en sus propios términos que solicite una concesión forestal, sino que debe pasar por todo el entramado legal y contar con el apoyo y asesorías de ONGs para operar como tal. Las concesiones forestales establecen un contrato hasta por 25 años entre el Estado guatemalteco y una organización comunitaria a quien se le garantiza los derechos de uso, acceso, manejo y extracción de recursos renovables maderables y no maderables, además de proyectos turísticos. Los derechos de propiedad en dichos contratos son del Estado y excluyen la posibilidad de venta o transferencia de los derechos de concesión.