Desde la caída de la dictadura de Suharto en 1998, una pujante lucha a escala nacional por el reconocimiento de los derechos indígenas ha encontrado eco en Indonesia. Personificado en la Alianzi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN - Alianza de los Pueblos Gobernados por la Tradición del Archipiélago), este movimiento reclama el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras así como el derecho a un gobierno autónomo. Basado en el reconocimiento constitucional de la adat (tradición), el movimiento busca devolver a las comunidades el poder perdido a favor del Estado en las reformas centralizadoras de las décadas de 1960 y 1970. Pak Nazarius, un Dayak de Kalimantan del Oeste y Coordinador de AMAN para la región central, afirma:
"Durante la época colonial, Indonesia fue colonizada pero las comunidades mantuvieron su libertad. Con la independencia, el país obtuvo la libertad pero se colonizaron las comunidades. Para no ser una continuación de la dictadura, la reforma nacional debe implicar que las comunidades tradicionales obtengan la libertad".
AMAN estima que entre 60 y 120 millones personas viven en comunidades regidas todavía por el sistema consuetudinario, en una población nacional de 200 millones. Estas personas reivindican derechos sobre todo o casi todo el territorio de bosques del país, pero se enfrentan a obstáculos importantes. Según las leyes forestales nacionales, aproximadamente el 70% del territorio indonesio fue clasificado como Bosques Estatales dentro de la jurisdicción del Departamento Forestal. La mayoría de esos bosques fueron luego arrendados a empresas madereras y plantadoras, quienes bajo un supuesto manejo forestal sustentable han destruido los bosques del país a un ritmo de 1,2 millones de hectáreas al año durante las últimas dos décadas. Esa tasa aumentó a 3 millones de hectáreas al año, de acuerdo a la organización ambiental nacional WALHI, principalmente para saciar el apetito voraz de las compañías nacionales de madera contrachapada y celulosa, que pueden llegar a consumir 70 millones de metros cúbicos de madera al año (superando en más de tres veces a la ya de por sí demasiado optimista estimación oficial de 20 millones de metros cúbicos anuales de cosecha nacional sustentable de madera).
Dentro de los Bosques Estatales, todos los derechos de propiedad están extinguidos por definición, aunque se puede permitir a las comunidades tradicionales que cosechen algunos productos del bosque en la medida que las compañías locales lo autoricen. Pero fuera de los Bosques Estatales, de hecho también se niegan los mecanismos de reconocimiento de los derechos colectivos sobre la tierra. En ese contexto, AMAN forma parte de un amplio movimiento de la sociedad civil que reclama reformas radicales en el manejo de los recursos naturales, de acuerdo a principios constitucionales que reconocen que los sistemas actuales de jurisdicción sobre los recursos naturales y de tenencia de la tierra, son las principales causas de la injusticia social, los conflictos y el saqueo ambiental.
Las políticas nacionales de desarrollo han desmembrado los territorios indígenas, desde el punto de vista físico y también mediante la superposición de jurisdicciones administrativas. A pesar de eso, los pobladores quieren que se les devuelva la autoridad total sobre sus tierras. Pak Nazarius lo explica de la siguiente manera:
"En mi comunidad entendemos que tenemos derechos sobre nuestras tierras y los recursos naturales que están tanto por encima como por debajo de ella. Todo lo que hay hasta el cielo nos pertenece. Varias leyes y políticas han clasificado a nuestros bosques como Bosques Estatales y a los minerales como propiedad del Estado. Nosotros no lo vemos así. Tengo pelos en mis brazos, sobre mi piel. Ambos son míos. También me pertenecen la carne y los huesos que están debajo. También son míos. Nadie tiene el derecho de quitármelos. Pero la política ha separado esas cosas, y de esa manera nos ha cortado en pedazos. Queremos que se nos devuelva la tierra en su integridad".
Las demandas de los indígenas se ven favorecidas hasta cierto punto por la descentralización administrativa establecida por ley en 1999. Esas reformas incrementaron el poder de la clase política local, intensificando por un lado la presión sobre los recursos naturales para generar ingresos con los que pagar los costos administrativos locales y llenar los bolsillos de los funcionarios y sus cómplices locales, pero por otro lado también implican un acercamiento del gobierno a las comunidades indígenas. En el sur de Sulawesi, por insistencia de los indígenas, se han promulgado leyes locales que reconocen la autoridad de las "lembang", las instituciones territoriales nacionales del pueblo Toraja. En el oeste de Java, un decreto departamental reconoce ahora los derechos territoriales de 52 aldeas Baduy. Estas reformas presagian un gran cambio en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, con resultados muy diversos, para bien o para mal, en los cerca de 360 distritos con gobierno autónomo que integran Indonesia en la actualidad.
Por: Marcus Colchester, Forest Peoples Programme, correo electrónico: marcus@fppwrm.gn.apc.org