¿Cómo se definen los crímenes forestales? En Tailandia, las comunidades del bosque, y no el gobierno y las empresas responsables de la deforestación a gran escala, son los chivos expiatorios de esta destrucción. La política oficial de conservación aplica la ley contra los pueblos del bosque, recurriendo al uso de extrema violencia y criminalización.
Disponible en tailandés: กฎหมาย อาชญากรรม และการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ชนบทของไทย
¿Cómo se definen los crímenes forestales? Y ¿quiénes los cometen? Los casos siguientes dan una idea de cómo en los últimos años la ley se ha aplicado en contra de las comunidades tailandesas que habitan los bosques, y cuáles han sido las consecuencias de esto.
Kaeng Krachan
En el Parque Nacional Kaeng Krachan, en la zona occidental del país, funcionarios estatales incendiaron las casas y confiscaron o destruyeron las pertenencias de residentes del grupo étnico Karen. Las comunidades fueron reubicadas en casas cuyas condiciones de vida demostraron ser insoportables, razón por la cual exigieron que se les permita regresar a sus territorios originales.
Kaeng Krachan es un bosque muy grande a lo largo de la frontera con Birmania, y hace 100 años que ha sido el hogar de las comunidades indígenas Karen. En 2011, el gobierno tailandés propuso que el área natural se convirtiera en un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, pero la solicitud no ha sido aprobada. Desde 2011, la intimidación y la violación de los derechos humanos de los residentes locales ha sido frecuente, culminando con la expulsión de 98 familias Karen del bosque.
El abuelo Khaw-Ee Meemi, en ese entonces de 100 años, uno de los que fueron desalojados y fueron testigos de cómo incendiaban sus casas, testificó en 2012 en el tribunal administrativo, en el que fue uno de los demandantes, que “cuando abrí mis ojos por primera vez como bebé recién nacido, el bosque estaba frente a mí. Ése fue el lugar donde bebí mi primera gota de leche.” Khaw-Ee nació en 1911, 30 años antes de que fuera promulgada la primera ley forestal de Tailandia, y 50 años antes de la primera ley de Parques Nacionales.
Pawlajii (“Billy”) Rakjongjaroen, nieto de Khaw-Ee, quien continuó la lucha por los derechos de los Karen en Kaeng Krachan, desapareció en 2014. Cinco años más tarde, el Departamento de Investigaciones Especiales descubrió fragmentos óseos cuyo ADN coincidía con el de Pawlajii en un barril de petróleo debajo de la superficie de un embalse en Kaeng Krachan.
Chaiyaphum
En 2016, Den Khamlae, líder de la comunidad Khok Yao en la lucha por los derechos a la tierra en la provincia de Chaiyaphum, en la región noreste de Tailandia, también desapareció en circunstancias misteriosas. Más tarde se encontraron fragmentos óseos de un cráneo humano en el bosque. El ADN de los fragmentos demostró ser similar al de otros miembros de la familia de Den.
Den había participado en la larga lucha, extendida por todo el noreste, contra el registro oficial de un Bosque de Reserva Nacional en tierra ocupada desde mucho tiempo atrás por pequeños agricultores y contra su confiscación para establecer plantaciones industriales de eucaliptos. Su esposa, Suparb Khamlae, fue encarcelada por apoyar la defensa de la tierra de la comunidad Kok Yao, con el argumento de haber “invadido bosque estatal”.
Desalojo y encarcelamiento
En 2014, cuando el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO, por su sigla en inglés) dio un golpe de estado militar en Tailandia, utilizó sus poderes constitucionales temporales para emitir la Orden NCPO 64/2014, que dio poder a los militares para devolver las tierras de bosque confiscadas e iniciar procedimientos contra las empresas involucradas. Sin embargo, en la práctica fueron los comuneros pobres a los que habían arrebatado sus tierras quienes tuvieron que enfrentar acusaciones penales y civiles. Tan solo un año después de emitida la Orden NCPO 64/2014, gente de todo el país apeló a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia porque la Orden estaba siendo utilizada para expulsar a los pobladores de zonas oficiales de bosque, incautar sus tierras y destruir sus pertenencias sin ninguna supervisión o verificación de los hechos.
Entre 2014 y 2019 se presentaron unos 46.600 casos contra pobladores por invasión del bosque. En los tribunales de Chaiyaphum, por ejemplo, utilizando la Ley de Parques Nacionales, numerosos pobladores fueron encarcelados, expulsados de sus tierras, y confrontados con gravámenes aplicados por daños y perjuicios.
[caption id="attachment_19039" align="aligncenter" width="463"]
Un afiche estatal de relaciones públicas de la provincia de Phitsanuloke: “Devolver los bosques al país”.[/caption]
Se han entablado demandas civiles y penales no solamente con relación a tierras de bosques sino también con respecto a otras tierras estatales, así como con algunos de los aproximadamente 410 casos que se han presentado contra activistas de P-MOVE, una red por la justicia social. En este caso también se confiscaron tierras habitadas por pobladores, se encarcelaron pobladores, o se presentaron reclamos por daños y perjuicios contra ellos en tribunales civiles por dañar la naturaleza. (1)
Según Human Rights Watch, entre 2016 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia recibió más de 100 denuncias de tortura de las provincias meridionales de Pattani, Yala y Narathiwat, donde el ejército utiliza sistemáticamente una combinación de la Ley Marcial y el Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en un Estado de Emergencia para detener e interrogar a personas por un término de hasta 37 días sin interponer cargo alguno ni permitirles acceso a un abogado.
Y si bien el Consejo Nacional para la Paz y el Orden fue disuelto formalmente en julio de 2019, cuando asumió un nuevo gobierno, la actual constitución tailandesa protege a los miembros del Consejo y a cualquier persona que actúe bajo sus órdenes, eximiéndolos de responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Numerosas críticas aducen que el Consejo sigue en gran medida intacto, ocupando posiciones de poder.
El caucho considerado un árbol criminal
Las plantaciones de caucho fueron declaradas ilegales en zonas estatales de bosque, de acuerdo con la política del Consejo Nacional para la Paz y el Orden, pero el objetivo especial han sido las plantaciones a pequeña escala de los pobladores. Funcionarios militares y civiles han cortado árboles de caucho de los pobladores y los han obligado a firmar acuerdos para devolver al Estado la tierra en la que viven, bajo pena de quedar sujetos a acciones legales.
Los funcionarios estatales justifican estas acciones e intimidan a la población rural, en la que están enfocados, aduciendo que los pobladores son en realidad capitalistas o están respaldados por grandes empresas.
[caption id="attachment_19038" align="aligncenter" width="600"]
Funcionarios públicos eliminan árboles de caucho de los pobladores.[/caption]
Los pobladores: chivos expiatorios
En Tailandia se otorgaron concesiones madereras a empresas británicas mucho antes de la fundación del Departamento Forestal Real en 1896. Se continuó otorgando concesiones para plantaciones de árboles de teca a compañías británicas hasta alrededor de 1954, cuando se acabaron las concesiones a extranjeros, junto con el grueso de los recursos de teca del país. A esa altura, las empresas paraestatales (es decir, empresas de propiedad del gobierno o controladas total o parcialmente por él) comenzaron a trabajar a partir de concesiones para la extracción de madera dura. Entre 1961 y 1985, la superficie boscosa del país se redujo del 53 al 28 por ciento. Entre 1981 y 1985, las tasas de deforestación de Tailandia se encontraban entre las diez más altas del mundo, y las actividades estatales de extracción maderera desempeñaron un papel destacado en la devastación.
En 1988 se prohibió la tala en Tailandia como resultado de los esfuerzos de las comunidades rurales por proteger los bosques, junto con una movilización popular ambiental que surgió luego de inundaciones catastróficas en el sur del país. Sin embargo, mientras el Ministro de Agricultura de esa época, que dispuso la prohibición, gozaba de una amplia aprobación pública por su medida, los sacrificios de los pobladores que habían impulsado esta protección de los bosques fueron en gran medida ignorados. Ellos, en lugar del Estado y las empresas, se convirtieron en los chivos expiatorios de la deforestación. La política oficial de conservación se centró en aplicar la ley contra las comunidades rurales.
¿Leyes de Bosque para quién?
A principios de 2018, la construcción de un proyecto de viviendas para funcionarios judiciales del gobierno tailandés en la ladera de la Montaña Suthep en Chiang Mai, concitó fuertes críticas públicas por haber destruido una zona de bosque denso. La tierra había estado originalmente en posesión del ejército y por lo tanto no había sido catalogada como tierra de bosque según la ley, pero estaba cerca de un Parque Nacional que, según los críticos, había sido invadido.
Para los manifestantes locales resultaba claro que no se medía con la misma vara: el Estado se apoderaba constantemente de las tierras de los pobladores y de bosques comunitarios esgrimiendo fines “conservacionistas”, pero él mismo era un infractor clave. A mediados de 2018, el gobierno se vio obligado a suspender el proyecto de viviendas y reforestar el lugar.
Una historia que continúa
Los intentos del gobierno tailandés por expulsar a la gente de sus tierras se remontan varias décadas atrás. Pero se volvieron especialmente violentos durante los gobiernos golpistas. Por ejemplo, el gobierno del Consejo Nacional de Mantenimiento de la Paz que llegó al poder con el golpe militar de 1991, lanzó un programa de reasentamiento para los pobladores empobrecidos que vivían en las llamadas tierras degradadas del Bosque de Reserva Nacional. De manera similar, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, ahora asediado por protestas lideradas por estudiantes aunque no está formalmente en el poder, se apoya en la injusta aplicación de la fuerza militar y estatal para llevar adelante su política de recuperar tierras de bosque a través de los tribunales.
La implementación de la política sobre bosques en Tailandia tiende a basarse en cifras sin fuentes que afirman que el país “debe” tener un 40 por ciento de cobertura forestal, alrededor de 20,5 millones de hectáreas. Actualmente, alrededor del 42 por ciento está clasificado legalmente como tierra boscosa, aunque gran parte de ella tiene pocos árboles. Eso convierte al menos a 1,9 millones de habitantes del país, o alrededor de 636.000 hogares y un número indeterminado de comunidades, en infractores oficiales cuyos derechos pueden ser violados legalmente sin que tengan muchos recursos a su disposición.
Seguramente vendrán más encarcelamientos y confiscaciones de tierras.
Pornpana Kuaycharoen, activista social de Tailandia con una larga experiencia laboral en temas de bosques y tierras. Es la coordinadora de la ONG Land Watch Thai.
Land Watch Thai es una pequeña organización que trabaja en temas relacionados con la tierra en Tailandia, tanto a nivel local como político.
(1) Boletín 229 del WRM, 2017, Conflictos forestales en Tailandia: el Estado contra el pueblo
(2) Human Rights Watch, Thailand 2019