Si le pidiéramos a alguien que listara algunas de las principales causas de la deforestación de los bosques tropicales, es común escuchar hablar de, por ejemplo, la minería, el madereo, el petróleo y gas, la ganadería extensiva o la agricultura industrial. Sin embargo, es mucho menos común oír hablar de proyectos de infraestructura, transporte y energía. Estos proyectos son indispensables para que los minerales, madera, petróleo, soja, carne, electricidad, etc. puedan ser extraídos, almacenados y/o exportados fuera de las áreas de bosques y fuera del país, hacia grandes centros de producción y consumo.
El WRM decidió dedicar este boletín especial al tema de infraestructura y bosques, debido a esa relación fundamental entre la infraestructura y las actividades que causan la destrucción forestal. Si la infraestructura significa la base o el fundamento de un sistema, podemos concluir que tal sistema, al cual la infraestructura está sirviendo, es destructivo, porque deja a su paso un lastre de bosques arrasados. Ello no sólo ocurre al instaurar minas a cielo abierto o grandes áreas de pastoreo, pero también con la propia construcción de infraestructura en medio del bosque: carreteras, gasoductos y oleoductos, líneas de transmisión de electricidad, etc., formando una verdadera red interconectada de destrucción.
Los conflictos entre las empresas constructoras de grandes obras de infraestructura y las comunidades que dependen de los bosques afectadas por dichas obras ya son grandes y tienden a aumentar. Se prevé que las actividades de minería, gas y petróleo, ganadería y agricultura industrial en áreas de bosques tropicales, tiendan a duplicarse e incluso triplicarse en las próximas décadas (ver Boletín 188 do WRM), lo que significa también un aumento proporcional en términos de grandes hidroeléctricas, redes ferroviarias y fluviales, carreteras y puertos. Para empeorar la situación, nosotros contribuimos de alguna manera con tales obras mediante el dinero de nuestros impuestos, transformados en préstamos subsidiados para este tipo de proyectos, concedidos por bancos públicos de desarrollo nacionales o multilaterales. Existen también fondos de pensión y otros fondos de inversión que forman parte del sistema del capital financiero y que invierten en infraestructura.
Muchas comunidades buscan resistir arduamente a la “ofensiva” de proyectos destructivos, incluyendo los de infraestructura. En este boletín, queremos ofrecer algunos elementos para que ustedes puedan tener una visión general de los planes de infraestructura de las principales regiones y países con bosques tropicales en Latinoamérica, África y Asia. Además, buscamos analizar algunas tendencias como la de la creciente financiarización y privatización de los proyectos de infraestructura, cuyo objetivo es, por un lado, conseguir más beneficios para los accionistas de las empresas que participan en los emprendimientos y los inversionistas vinculados al mercado financiero y, por otro, acelerar aún más la implementación de los proyectos.
En esta coyuntura poco alentadora, nos parece relevante entablar un debate sobre qué infraestructura queremos y para quién, así como qué es lo que la infraestructura representa para las comunidades que viven en los bosques. En algunas ocasiones, se convoca a dichas comunidades a un evento relacionado con el tema, como en las llamadas audiencias o “consultas” públicas sobre un oleoducto, una nueva carretera o una hidroeléctrica. Sin embargo, la implementación de esos proyectos ya suele estar definida de antemano, quedando inviabilizada la posibilidad de realizar una consulta seria. Pero es aún más raro que el gobierno se aproxime a tales poblaciones para escuchar qué es lo que éstas piensan sobre la infraestructura, es decir, qué es lo que necesitan realmente para mejorar sus vidas. Por ejemplo, en relación a la economía, salud, educación, transporte, energía y comunicación. Raramente los gobiernos se preocupan por conocer los problemas que las comunidades enfrentan y por atender las demandas formuladas a partir de sus realidades, pero sí cumplen con mucha disciplina las agendas de construcción de la infraestructura deseada y exigida por las grandes empresas.
Los planes elaborados con las comunidades, a partir de sus demandas, probablemente serán buenos planes que buscan mejorar la calidad de vida porque parten de la realidad local, y difícilmente tendrán un costo que se aproxime al valor de las grandes obras multimillonarias de infraestructura al servicio de los dueños de las empresas mineras, petroleras, gasíferas, madereras, del agronegocio, etc. Dichas obras dejan deudas en los países donde se realizan. Deudas que todos tendremos que pagar en el futuro, sin contar con la huella de destrucción que dejan en los bosques. Ese tipo de obras de infraestructura no crea ninguna base y no construye ningún fundamento sólido para las poblaciones que dependen del bosque, porque imposibilita cualquier perspectiva a futuro.
Esperamos que las comunidades afectadas por estas grandes obras logren seguir organizándose, articulándose y resistiendo aún más, para que sus luchas contra los proyectos destructivos, incluso los de infraestructura, se fortalezcan, y sus visiones y propuestas sobre la infraestructura que realmente desean y necesitan puedan comenzar a prevalecer. ¡Y que nosotros apoyemos sus demandas!