Del 9 al 11 de julio de 2024, miembros de pueblos indígenas, tradicionales, campesinos y afrodescendientes de la región amazónica y de América Central se reunieron en el territorio indígena Alto-Turiaçu, en el estado de Maranhão, Brasil. Este encuentro fue organizado por el Pueblo Ka'apor a través de su sistema organizativo ancestral llamado Tuxa Ta Pame.
Su objetivo era compartir experiencias y discutir los proyectos de carbono forestal, a menudo denominados proyectos REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques). El número de este tipo de proyectos ha aumentado drásticamente en los últimos años, no solo en América Latina y la Amazonía sino también en África y Asia.
Este encuentro en el territorio Ka’apor se diferenció de otros encuentros que se han realizado sobre el mismo tema. Fue un espacio de y para activistas y grupos de comunidades en el que se compartieron experiencias, prioridades, preocupaciones y luchas de resistencia, sin la presencia de los promotores de proyectos de carbono.
Quienes participaron en el encuentro también decidieron hacer una declaración colectiva. En su declaración, primero aclaran que cuando hablan de REDD también abarcan proyectos “creados siguiendo la misma lógica de REDD (por ejemplo, proyectos de carbono forestal, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, programas REDD jurisdiccionales implementados por gobiernos estatales o nacionales, y otros)”.
Luego analizan cómo los promotores de proyectos y programas de carbono forestal no se diferencian de otras empresas y actores que promueven el extractivismo. REDD en realidad es parte del mismo modelo que durante mucho tiempo se ha apropiado de sus territorios y ha destruido sus medios de vida, con apoyo del Estado. Los promotores de REDD utilizan las mismas tácticas que quienes promueven otros tipos de extractivismo, y tienen el mismo objetivo: el lucro. En este caso, su ‘mercancía’ son los ‘créditos de carbono’.
Los ‘créditos de carbono’, a su vez, alimentan la perpetuación del modelo extractivista, por lo que es más acertado llamarlos ‘créditos de contaminación’. Según la declaración, los proyectos REDD –que incluyen los programas REDD jurisdiccional o REDD gubernamental, financiados por gobiernos del Norte como Noruega, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos – “busca(n) un mayor beneficio económico para su negocio [REDD] e incentiva(n) la deforestación, porque a mayor deforestación mayor negocio para las empresas que venden los bonos de carbono”. La declaración continúa diciendo que REDD “es un maquillaje verde”. Al igual que otras falsas soluciones a la catástrofe climática, que las llaman de ‘exploraciones de petróleo no convencionales’, ‘biocombustibles’, ‘minería responsable u oro verde’, ‘transición energética’, REDD “permite a las empresas seguir con sus negocios y contaminando”.
Debido a esta situación, los participantes del encuentro calificaron a los proyectos y programas de carbono forestal como un “proyecto de muerte”, en contraste con el “proyecto de vida, que es el que llevamos adelante los pueblos y comunidades a través del respeto y cuidado de nuestros territorios”.
Los artículos de este boletín revelan la situación que se vive en varias regiones donde la expansión de los proyectos de carbono se ha convertido en una parte integral del modelo extractivista. Dado que este modelo ha estado destruyendo los medios de vida y los territorios de las comunidades durante mucho tiempo, compartimos artículos sobre las formas antiguas y nuevas de extractivismo en los territorios de las comunidades.
Por ejemplo, en el departamento de Vichada, Colombia, los impactos de la minería, los monocultivos y otras formas de extracción se están agravando con la introducción de proyectos de carbono, que incluyen a las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono.
El territorio de Papúa es actualmente una importante frontera mundial para la expansión de la palma aceitera industrial y la deforestación. Asimismo, es el territorio de cientos de pueblos indígenas diferentes. Un artículo de este boletín describe la resistencia de uno de estos grupos. También describe cómo el gobierno de Indonesia no solo permite la expansión de la palma aceitera a gran escala sino que también permite que las empresas utilicen parte de la zona que han recibido en concesión, para la venta de créditos de carbono.
En Corrientes, Argentina, la comunidad lucha contra los impactos de los aserraderos que rodean sus viviendas, resultado de la existencia de miles de hectáreas de monocultivo de eucaliptos y pinos en la región. Una encuesta realizada por la comunidad sobre los impactos de estos aserraderos en su salud demuestra que es inviable mantenerlos cerca de sus casas, además de denunciar el propio modelo de monocultivo de árboles, impuesto en la región por las empresas con el pleno apoyo del Estado.
Otro artículo relata la importante victoria de las comunidades de Edéa, en Camerún, que se movilizaron para impedir que la empresa SOCAPALM, que promueve monocultivos de palma aceitera en la región, replantara las zonas circundantes a las comunidades. En un comunicado, una asociación de mujeres de Edéa declaró: «No aceptamos permanecer en la miseria durante los próximos 50 años. Estamos decididas a luchar para liberar nuestra tierra y conseguir espacios vitales para nuestros hijos, las generaciones actuales y futuras.»
Otro artículo, relata la lucha campesina en Pará, Brasil, donde en 2025 se llevará a cabo la conferencia anual de la ONU sobre el clima. El gobierno del estado de Pará utiliza este escenario para promover la idea de una ‘bioeconomía’ o ‘economía de la vida’ como la solución a las crisis del clima y de la deforestación. Sin embargo, esta ‘bioeconomía’ –que se basa en plantaciones industriales de palma aceitera para la producción de biodiesel y otros productos– en realidad está destruyendo los territorios y los medios de vida de las comunidades campesinas. Y esto está ocurriendo en connivencia con el gobierno de Pará.
Este último ejemplo resume las palabras finales de la Declaración antes mencionada, que destacamos aquí: “Desde la colonización nos han venido matando. Actualmente, son las empresas petroleras, mineras, del agronegocio, hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura, y los proyectos de compensación de carbono como REDD, que junto a políticas de los Estados, continúan con el etnocidio de nuestros pueblos, matando nuestras culturas, lenguas, identidades, saberes y conocimientos. Decimos ¡BASTA! ¡NO a REDD!”