Para muchos países del Sur global ricos en recursos, la explotación y extracción de recursos naturales a gran escala y los mega proyectos de infraestructura que los acompañan son el camino que toman los gobiernos para recibir inversiones extranjeras y acceder a la ayuda financiera. La iniciativa African Mining Vision (AMV, Visión Minera de África) (1), adoptada por los ministros africanos responsables de la explotación de los recursos minerales en todo el continente, junto con su correspondiente marco de política Minerals and Africa's Development (Los minerales y el desarrollo de África (2011)) (2), proporcionan la “estrategia integral más amplia para la industrialización africana en el siglo XXI”.
Sin embargo, detrás de la fachada de este popular paradigma de desarrollo, las vidas y los medios de subsistencia de las comunidades rurales y campesinas, al igual que el ambiente, están amenazados por los devastadores impactos de la minería y otras industrias extractivas. Particularmente las mujeres y las niñas son quienes más sufren los costos de estos impactos - desde las mujeres de la provincia de Tete, en Mozambique, cuyas comunidades sufren escasez de agua y contaminación, hasta las de la comunidad Marange de Zimbabue, donde la violencia militarizada y a menudo sexualizada asedia la vida cotidiana de las mujeres.
“Mujeres en busca de agua” - Tete, Mozambique
La Provincia de Tete está ubicada en el norte de Mozambique y limita con Malaui, Zambia y Zimbabue. En la era precolonial, la ciudad de Tete, hoy capital de la provincia, era un lugar comercial importante del sur de África. Actualmente es el centro de la industria minera mozambiqueña, donde predomina la minería del carbón. Hasta el momento el gobierno de Mozambique ha otorgado concesiones y licencias para la minería del carbón que abarcan el 60 por ciento de la provincia de Tete (3).
Kassoca es una zona minera en actividad, propiedad de Jindal, una compañía que forma parte del conglomerado multinacional indio Jindal Steel and Power Limited. Este lugar cuenta la historia de una comunidad altamente militarizada que lucha por el agua. Tal como atestigua la coordinación de proyecto de la ONG Justiça Ambiental (JA), el gobierno ha hecho poco y nada para investigar los efectos de la minería en la comunidad. Las actividades de la mina Kassoca, que comenzaron en 2013, han provocado la reubicación de más de 500 familias. Actualmente, unas 289 familias todavía están esperando la reubicación.
La vida cotidiana de estas 289 familias no es fácil. “Aquí no hay agua”, dice un activista local señalando una represa. La minera advierte que el agua de la represa no es adecuada para su consumo, y aún así las mujeres se ven obligadas a usarla porque no tienen otra opción. Pero deben hacerlo en secreto, porque si las atrapan sufrirían consecuencias. La comunidad, junto con Justiça Ambiental, recibe fuertes amenazas e intimidación por hablar en contra de la compañía minera. No obstante, han hecho grandes esfuerzos en los tribunales mozambiqueños para hacer frente a las violaciones de su derecho al agua y defenderse de la contaminación resultante de las minas.
En otra parte de Tete se encuentra la mina de carbón Moatzi. En actividad desde 2011, esta mina era propiedad de Rio Tinto y ahora pertenece a la empresa brasileña Vale. La comunidad afectada, que depende en gran medida de la agricultura de subsistencia para su sustento y supervivencia, ha sido reubicada en la zona de Mualadzi, donde le resulta difícil cultivar alimentos por ser un lugar donde los recursos se han agotado.
Una activista local, Doña Maria (no es su nombre real), trabaja junto con Justiça Ambiental para crear conciencia sobre la difícil situación de su comunidad. De manera similar a lo que ocurre en la mina Kassoca, la falta de acceso al agua potable es un problema serio para la gente desplazada a Mualadzi: “La gente de antes (Rio Tinto) excavó 10 pozos, pero sólo 6 funcionan”. Hay varias mujeres reunidas alrededor del agua, así como numerosos animales. “¿Ven?”, dice una de las mujeres, “utilizamos la misma agua que usan los animales”.
La comunidad ha emprendido pequeños proyectos generadores de ingresos. Se eligió a cuatro familias para vender productos básicos en un pequeño mercado, con la intención de aumentar los proyectos para que otras familias también se puedan beneficiar.
Doña Maria cuenta que desde que se mudaron a Mualadzi ha habido una cantidad inusual de abortos espontáneos y muertes fetales. “Intentamos investigar, queremos estar seguras”. Muchas de las jóvenes que van a recoger agua están en edad escolar. El camino entre la escuela secundaria de la comunidad y la zona de viviendas es largo e inseguro. “Algunas niñas han sido atacadas y violadas, por lo que tienen mucho miedo”. La comunidad tiene una zona asignada para el cementerio, pero Doña María dice: “Nuestros enfermos prefieren regresar a nuestra tierra a morir allí. No quieren ser enterrados aquí”.
A pocos kilómetros de distancia, la compañía minera Vale está construyendo casas destinadas a albergar a más familias que serán reubicadas. Pero no son más que “muros vacíos pintados”. Ninguna de las casas tiene conexión de agua corriente y la canilla instalada para el uso de las familias a menudo es desconectada por los constructores de las viviendas, en represalia cuando la compañía minera no les paga. En una provincia con temperaturas promedio de más de 40° C, la vida cotidiana de las mujeres se hace mucho más dura cuando no tienen acceso a agua limpia.
Con el apoyo de Justiça Ambiental, estas comunidades presentaron solicitudes formales a la compañía minera Vale y al gobierno de Mozambique, para que se hicieran cargo de los problemas que las acosan. No obstante, esto no resultó en ninguna acción. En respuesta se realizó una protesta pacífica y se bloquearon la carretera y las vías férreas. El gobierno de Mozambique reaccionó violentamente contra la comunidad, resultando en seis personas hospitalizadas y muchas otras en la cárcel. Hay una creciente militarización de estas comunidades y se han instalado puntos de control policial que controlan el movimiento de entrada y salida de personas.
Las comunidades siguen buscando formas de crear conciencia y movilizarse. En 2016 enviaron a una delegación ante el Tribunal Popular Permanente (4), una plataforma e instrumento que otorga reconocimiento, visibilidad y voz a quienes sufren la violación de sus derechos fundamentales.
“Cuando se descubrieron diamantes” - Chiadzwa, Zimbabue
“Nos sacaron de nuestras tierras y nos quitaron nuestra libertad de movimiento”, describe la activista zimbabuense Gladys Mavhusa. “Cuando nuestra tierra se convirtió en zona restringida [por la extracción de diamantes], eso implicó que se abría una enorme puerta para entrar a nuestro pueblo. Es ahí donde se paraba el transporte público y ahí donde los ‘funcionarios’ llevaban a cabo registros que podrían implicar desnudar a las personas: a las mujeres nos hurgaban en la boca, las orejas, todo, incluso nuestras partes íntimas. Algunas veces estos oficiales ni siquiera se cambiaban los guantes y usaban los mismos en muchas mujeres, al punto que algunas comenzamos a tener infecciones. Varias mujeres comenzaron a experimentar problemas en su sistema reproductivo, a tener fibromas y otro tipo de tumores. Para nosotras no era fácil ir al médico y hacer un tratamiento porque ya no cultivábamos y por tanto no teníamos dinero”.
Los campos de diamantes de Marange fueron descubiertos en 2006 al este de Harare, la capital, y desde entonces, comunidades como Chiadzwa han sufrido graves violaciones de derechos humanos, violencia y represión, acaparamiento de tierras y desplazamientos. Actualmente, quien posee los derechos de minería en la zona de Chiadzwa es la empresa Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) (5), una fusión de intereses gubernamentales y empresariales respaldados por fuerzas militares y de seguridad.
Gladys Mavhusa pinta una poderosa imagen de la vida de antes y después de que la fiebre minera llegara a Marange:
“Nací en Chiadzwa. Cuando era niña la vida era muy buena, vivía con relativa libertad. Nací en una familia rica y me casé con otra similar también porque éramos agricultores. Teníamos ganado, cabras, pollos, de todo. El problema vino cuando se descubrieron los diamantes. Lo primero que nos dijeron fue que ya no podíamos movernos libremente. Y nos sacaron todo: la tierra en la que habíamos vivido toda la vida, los campos que cultivábamos y de los que dependíamos, los bosques donde solíamos adorar y rezar a nuestros dioses pidiéndoles lluvia. Las mineras nos sacaron hasta las tumbas de nuestros ancestros, las tumbas de nuestros jefes, lugares sagrados de gran valor para nosotros”.
Las mujeres de Marange son quienes soportan la carga más pesada de los impactos de las actividades mineras, en especial la pérdida de sus medios de subsistencia. Antes de que las compañías mineras invadieran sus tierras, las mujeres se ganaban la vida con actividades tales como la agricultura y el tejido de cestas. Pero para la gran mayoría, ahora eso ya no es posible. Las mujeres también sufren violaciones y otras formas de violencia sexual. (6) Es un ataque en “todas las direcciones … Si nuestros maridos ven que nos han violado, nos culpan a nosotras y dicen que fue porque lo pedimos. Si violan a nuestras niñas o ellas se prostituyen, los hombres nos vuelven a culpar a las mujeres y dicen: “Es tu hija”. Nuestros maridos no pueden entender que es imposible para nosotras cuidar a nuestras familias y lidiar con todos estos problemas al mismo tiempo; dicen que somos perezosas”.
El CCDT (Chiadzwa Community Development Trust / Fideicomiso de Desarrollo de la Comunidad Chiadzwa) (7) se formó en 2005 con el fin de promover la responsabilidad y la transparencia en la extracción de diamantes. Comenzaron a trabajar con las mujeres que querían movilizarse para poner fin a la violación de sus cuerpos y derechos, al despojo de sus tierras y a la destrucción de sus medios de vida y subsistencia. Las mujeres comenzaron a organizarse para resistir la reubicación – le comunicaron a su representante local en el parlamento de que no respetarían la reubicación, especialmente si las enviaban a tierras donde no podrían cultivar y sostener a sus familias. Al principio debieron confrontar la reacción violenta de los ‘funcionarios’ locales, con sus intimidaciones y amenazas. Temiendo mayores represalias, algunos miembros de la comunidad eligieron reubicarse pero, a final de cuentas, no les dieron casas donde asentarse.
El CCDT continúa trabajando con las mujeres y las familias que quedaron atrás. Muchas de estas mujeres perdieron a sus maridos por asesinato o desaparición. En los casos en los que es posible, el CCDT colabora en los litigios con el apoyo de aliados, como el grupo de abogados Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR – Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos). En otros casos, el CCDT ofrece apoyo psicológico y psicosocial a las viudas y a sus familias a través de organizaciones como Counselling Services Unit (CSU – Unidad de Servicios de Consejería).
Para fortalecer la organización de las mujeres y la construcción de movimientos, el CCDT realiza capacitaciones en la comunidad para posibilitar a las mujeres a conocer sus derechos sociales, económicos y culturales. A través de estas actividades de sensibilización, el CCDT espera que las mujeres puedan construir colectivamente un análisis y movilizarse juntas.
“… Quiero un mundo donde …”
Los contextos pueden ser diferentes pero las luchas son las mismas - desde la lucha por agua potable, la lucha contra las amenazas de intimidación y represión a manos de las fuerzas de seguridad de las empresas mineras u otros actores poderosos, hasta las luchas para proteger sus vidas y medios de sustento. La alianza WoMin (African Women Unite Against Destructive Resource Extraction - Mujeres africanas unidas contra la extracción destructiva de recursos) trabaja con mujeres de estas y de otras comunidades en toda la región con el fin de apoyar sus iniciativas de resistencia y creación de movimientos, mientras aspira a un mundo donde, como dice Gladys Mavhusa, “las mujeres y las comunidades estén empoderadas. Y creo que debemos construir ese empoderamiento juntas, para que todas las mujeres puedan resistir por sí mismas y en conjunto con otras”.
Nicky Le Roux y Maggie Mapondera,
WoMin, http://www.womin.org.za/
WoMin es una alianza de organizaciones que abarca el continente africano y trabaja junto con movimientos nacionales y regionales y organizaciones populares de mujeres, comunidades y campesinado afectados por la minería, así como aliados solidarios, para hacer visibles los impactos del extractivismo en las mujeres campesinas y de la clase trabajadora. Junto con aliados tanto locales como internacionales, WoMin trabaja para contrarrestar los impactos destructivos del extractivismo, tales como el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de comunidades, la contaminación y la erosión, la violencia contra las mujeres, y, fundamentalmente, para avanzar en un desarrollo alternativo justo y centrado en las mujeres.
(1) Africa Mining Vision, 2009, African Union and the UN Economic Commission for Africa (ECA),
http://www.africaminingvision.org/amv_resources/AMV/Africa_Mining_Vision_English.pdf
(2) Africa Mining Vision, Infomes y documentos, http://www.africaminingvision.org/reports.html
(3) Justiça Ambiental, World Bank Development Policy Finance in Mozambique, enero de 2017, https://issuu.com/justicaambiental/docs/mozambique-dpf-formatted-1.11.17-1
(4) Permanent Peoples’ Tribunal, http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=en
(5) New diamond merger commences work, posts profit, junio de 2016, http://nehandaradio.com/2016/06/23/new-diamond-merger-commences-work-posts-profit/
(6) Marange rape victims suffer in silence, 2015, https://www.thestandard.co.zw/2015/03/22/marange-rape-victims-suffer-in-silence/
(7) The Chiadzwa Community Development Trust, http://www.ccmt.org.zw/index.php/manicaland/88-chiadzwa-community-development-trust