El gobierno del Estado de Cross River, en Nigeria, ha autorizado la realización de grandes plantaciones de palma aceitera, incluso en tierras de uso comunal para las comunidades rurales. Uno de esos casos es el de la adquisición, por parte de Biase Plantations Ltd., de tierras utilizadas por los pueblos indígenas de la comunidad IBIAE, en la Zona de Gobierno Local de Biase. En 2011, Wilmar International, una de las mayores empresas de palma aceitera con sede en Singapur (1), obtuvo del gobierno del Estado de Cross River 5.561 hectáreas, por intermedio de su filial Biase Plantations Ltd. El 55% de esa superficie (es decir unas 3.054 hectáreas) es bosque, mientras que unas 2.419 hectáreas ya están plantadas – se trata de una plantación de palma aceitera que el gobierno realizó a principios de los años 1960 pero que fue abandonada en los años 1980 – y están siendo taladas para volver a plantarlas.(2)
En noviembre de 2012, la ONG nigeriana Rainforest Resource & Development Centre (RRDC) presentó una queja a la RSPO, en la que documenta que la privatización de tierras que habían pertenecido al Estado desembocó en violaciones de derechos humanos, destrucción ambiental e infracciones de leyes municipales.(3) La adquisición de tierras para la realización de grandes plantaciones de palma aceitera por parte del miembro de la RSPO Wilmar representa una amenaza para el futuro y la supervivencia de la comunidad indígena IBIAE. Además de la demanda a la RSPO, RRDC también presentó demandas judiciales en Nigeria, referentes a los errores e incoherencias que implicó la privatización de las tierras adquiridas por la filial de Wilmar.
La compra de tierras en la Zona de Gobierno Local de Biase no es la única adquisición controvertida que ha realizado Wilmar en Nigeria, si bien esto no está incluido en la demanda presentada a la RSPO sobre las operaciones de Wilmar en el Estado de Cross River. Wilmar está implicada en al menos otras dos adquisiciones controvertidas. También compró tierras, por intermedio de su filial nigeriana, a Obasanjor Farms Ltd, una compañía perteneciente al ex presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo (ver el artículo Stolen Land: Nigerian Villagers Want Their Land Back From Wilmar, http://intercontinentalcry.
Un comunicado de prensa de RRDC de fecha 24 de abril de 2014 denuncia otra apropiación de bosques cometida por Wilmar International en el Estado de Cross River, en las cercanías de la Reserva de Fauna de Afi. RRDC señala que esto “ha planteado serias cuestiones éticas referentes a la declaración de Wilmar International del 5 de diciembre de 2013, en la que se compromete a proteger a las comunidades y los bosques”.
La demanda presentada por RRDC a la RSPO
La demanda presentada por RRDC a la RSPO se centra en cinco problemas principales, que deberían haber impedido a un miembro de la RSPO respetuoso de los principios y criterios de dicha organización comenzar trabajos preparatorios en el sitio previsto para la plantación. Esos cinco problemas principales son los siguientes:
1) Biase Plantations Ltd. no llegó a un acuerdo con las comunidades, como lo estipula la cláusula 4(4) de los “Términos Fundamentales para la Privatización de la Propiedad de Ibiae” de mayo de 2012. Según ese documento gubernamental, Wilmar debió “asistir a las comunidades propietarias de tierras a proveer las facilidades que hayan sido definidas de mutuo acuerdo entre el inversor y dichas comunidades”.(4) Si bien se realizaron reuniones, nunca se llegó a ningún acuerdo entre Biase Plantations Ltd. y las comunidades que viven en las tierras adquiridas por la compañía.
2) Es ilegal la adquisición por parte de Biase Plantations Ltd. de tierras arrendadas a agricultores que participan en el programa CARES del gobierno.
3) Las comunidades migrantes instaladas en la propiedad adquirida por la compañía no fueron tenidas en cuenta.
4) La negativa a entregar los documentos clave solicitados por las comunidades afectadas por la privatización implica que la empresa no se compromete a actuar con transparencia; a pesar de los reiterados pedidos dirigidos al gobierno y a Wilmar, ninguna de las comunidades propietarias ha recibido copia del documento “Términos Fundamentales de la Privatización”, lo cual RRDC considera “contrario al espíritu de transparencia recomendado por la RSPO”; otro documento que la compañía se negó a presentar fue la Evaluación de Impacto Ambiental requerida por la legislación nigeriana antes de poder comenzar a trabajar en las plantaciones.
5) No se aplicaron las leyes y reglamentaciones municipales y federales pertinentes, inclusive las referentes a las Evaluaciones de Impacto Ambiental.(5) En el documento presentado al comité de reclamaciones de la RSPO, RRDC propone “que Wilmar detenga todas sus actividades en la propiedad hasta que todas las observaciones hayan sido atendidas de conformidad a lo previsto en el protocolo de la RSPO”.(6)
Con relación al punto 1), el documento presentado por RRDC constata que la aceptación de que Wilmar estableciera plantaciones de palma aceitera estaba supeditada a que las mejoras de la caminería solicitadas por la comunidad fueran incluidas en los “Términos Fundamentales para la Privatización”. Las comunidades suponen que esos pedidos fueron incluidos, pero en realidad no lo fueron. El hecho de no entregar ese documento clave a las comunidades hace que éstas supongan, erróneamente, que sus pedidos fueron aceptados. Por consiguiente, RRDC considera que el consentimiento de la comunidad al ingreso de Wilmar en la propiedad fue obtenido por medios fraudulentos.
Con respecto al punto 2), RRDC explica cómo la tierra arrendada a los agricultores que participan en el CARES (Cross River State Agricultural and Rural Empowerment Scheme) fue ilegalmente incluida en la venta a Wilmar de la antigua plantación.
CARES es un programa para la reducción de la pobreza por el cual, en 2009, unas 1.100 hectáreas fueron otorgadas a agricultores por un plazo de 25 años para que realizaran plantaciones de palma aceitera a pequeña escala. Cada agricultor recibió entre 10 y 20 hectáreas. Según el Ministerio de Agricultura, en el momento en que la propiedad fue privatizada a favor de Wilmar, 32 agricultores tenían 470 hectáreas plantadas con palma aceitera. La queja presentada por RRDC afirma que a esos agricultores se les informó que no siguieran invirtiendo en las tierras que se les había concedido porque iban a ser privatizadas. “Si bien se prometió indemnizarlos – lo cual aún no se ha concretado el 5 de noviembre de 2012 – como estaba previsto en los contratos de arriendo del CARES, el gobierno no tiene derecho a rescindir el contrato a menos que el arrendatario: (i) no pague el arriendo, o (ii) infrinja las cláusulas del contrato. Dado que la privatización no figura en la cláusula de rescisión, la adquisición de la tierra y su adjudicación a Wilmar es ilegal”, concluye RRDC sobre este punto.
Con respecto a la presencia de comunidades migrantes instaladas dentro de la propiedad (punto 3), RRDC comenta que no fueron tenidas en cuenta como correspondía por Wilmar. “Basándose en los datos del censo nacional de población de 1991, y suponiendo un crecimiento demográfico acorde al crecimiento promedio en el país (3,0%), unas 3.696 personas viven en la propiedad de Ibiae. Esas personas provienen del Estado vecino de Akwa Ibom, y la mayoría de ellas llegó a comienzos de la década de 1960 en busca de trabajo cuando se estableció la plantación original. Cuando la plantación fue abandonada en la década de 1980 y hubo menos oportunidades de trabajo, se permitió a los trabajadores migrantes cultivar partes no explotadas de la propiedad. Si bien Wilmar prometió indemnizar a esos trabajadores, hasta ahora no se ha entregado suma alguna, ni ha habido un proceso de consulta apropiado para determinar la naturaleza y el monto de la indemnización”, dice el documento de RRDC. También explica las consecuencias sociales que tuvo la privatización para esas 3.700 personas: “Dado que la mayoría no tiene títulos de propiedad legales ni tradicionales sobre las tierras, una vez que pierdan la posibilidad de acceder a ellas les quedarán pocas posibilidades de trabajo, salvo el empleo en la plantación. Como Wilmar tiene la intención de reconstruir los campamentos de trabajadores pero sólo tendrán derecho a alojarse allí quienes trabajen en la plantación, las familias de migrantes que no puedan conseguir empleo allí (por ejemplo, los que sean demasiado viejos o estén físicamente incapacitados) se verán obligadas a irse. En otra propiedad adquirida por Wilmar en el Estado de Cross River, esas personas sólo recibieron una “prima de retiro” que en ningún caso excedió 10.000 nairas (equivalente a unos 50 euros). Es evidente que eso no basta para que una familia pueda rehacer su vida. Como muchas de esas personas han perdido todo contacto social con Akwa Ibom por haber emigrado hace varias generaciones, y pocas tienen otras posibilidades de ganarse la vida en el Estado de Cross River, su expulsión de la propiedad podría tener consecuencias nefastas. La Evaluación de Impacto Social realizada en abril de 2012 por ProForest no hace mención alguna a este grupo de personas, lo cual plantea serias dudas sobre la calidad de dicha evaluación”.(7)
En mayo de 2013, el Comité de Reclamaciones de la RSPO determinó que Ibiase Plantations Ltd. no cumplía con el criterio 1.1 de la RSPO relativo a la transparencia, por no haber entregado, tal y como se le pedía, la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) necesaria para la realización de la plantación. La EIA, que Wilmar recién presentó a las autoridades nigerianas responsables el 13 de marzo de 2013, no contenía información crucial lo cual, desde el punto de vista de RRDC, la invalidaba. El Comité de la RSPO decidió además que se contratara a un abogado familiarizado con la legislación de Nigeria para analizar si Biase Plantations había respetado la ley referente a la EIA. Finalmente, la compañía recibió la orden de “detener toda actividad” hasta que se hubieran aclarado y resuelto las cuestiones referentes a la EIA a satisfacción del Comité de Reclamaciones de la RSPO.(8)
Dos cosas se destacan. Primero, los puntos sobre los cuales la RSPO pide consejo legal forman parte también de casos presentados por RRDC a los tribunales nigerianos. Por lo tanto, sorprende que la RSPO acepte una opinión jurídica sobre esos mismos puntos antes de que el tribunal nigeriano se expida. Aparte del problema de procedimiento que esto plantea, la opinión jurídica que pidió la RSPO a una firma de abogados nigeriana sólo cubre parte de los problemas planteados por RRDC en su demanda ante la RSPO. La cuestión a la que se refiere es si se ha respetado la legislación nigeriana sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, la publicación de avisos y el mandato preciso de una comisión gubernamental referente a la privatización de tierras. No se pide opinión jurídica sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los “Términos Fundamentales para la Privatización”. Sin embargo, sobre la base de dicha opinión jurídica que sólo abarca algunos de los puntos planteados en la demanda, la RSPO decidió permitir que Wilmar retomara sus actividades en las “tierras no controvertidas”. Cuando la RSPO decidió permitir a Wilmar que continuara los preparativos para la plantación de palma aceitera, no pareció importarle que no se hubiese llegado a ningún acuerdo con los ocupantes informales de la propiedad, que las comunidades hubiesen podido ser engañadas en cuanto al contenido de los “Términos Fundamentales para la Privatización”, o que los tribunales nigerianos no hubiesen llegado todavía a una decisión sobre los problemas que también figuraban en la opinión jurídica preparada para la RSPO por una consultora.
La última información sobre el caso publicada en la página web de la RSPO data de diciembre de 2013, y consiste en una carta de Wilmar que explica cómo se aplicará en las plantaciones adquiridas en Nigeria la nueva “política de no deforestación” de la compañía. En diciembre de 2013 Wilmar publicó una declaración (9) en la que dice que “tiene el placer de anunciar que la revisión ha concluido y que el Comité de Reclamaciones de la RSPO opina que las actividades de plantación en Nigeria cumplen con las legislación de dicho país, que la adquisición de tierras fue legal y que se siguió el debido proceso para la realización de la evaluación de impacto ambiental (EIA)”.
Es muy posible que las comunidades afectadas por las operaciones de Wilmar en Nigeria no estén de acuerdo con ese punto de vista. RRDC exige que Wilmar detenga todas sus operaciones en el Estado nigeriano de Cross River hasta que todas las leyes pertinentes, los intereses y los derechos comunitarios hayan sido plenamente respetados, y que Wilmar dé a conocer al público interesado y a las comunidades afectadas mapas que indiquen claramente cuáles son las comunidades que están siendo afectadas o que lo serán en el futuro por las operaciones de palma aceitera de dicha empresa.
(1) www.wilmar-international.com.
(2) http://www.rspo.org/file/RSPO-
(3) http://www.rspo.org/en/status_
(4) RRDC Submission of complaint in respect of Wilmar Nigeria Ltd. 10 de noviembre de 2012.http://www.forestpeoples.org/
%20Wilmar%20NPP%20in%
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) http://www.forestpeoples.org/
2014May2013_Nigeria.pdf
(9) http://www.wilmar-