Papúa Nueva Guinea: madereo a gran escala y violaciones de los DDHH

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La historia social, política y económica de Papúa Nueva Guinea llevan la impronta de sus bosques tropicales. Estos bosques, que cubren el 60% de la masa terrestre del país y son en su mayor parte impenetrables, han limitado el comercio, han definido las leyes consuetudinarias y han perfilado la vida y la cultura. Cuando el mundo piensa en Papúa, imagina sus bosques.

En la actualidad el madereo de estos sistemas de vida sin par está corroyendo la sociedad y la política papúas, dejando a cambio beneficios económicos mínimos y una seguidilla de efectos alarmantes en la región.

La industria maderera de Papúa Nueva Guinea está dominada por un puñado de empresas malayas, la mayor de las cuales es Rimbanan Hijau. Esta industria es sinónimo de corrupción política, extorsión policial y represión brutal de los trabajadores, las mujeres y todo aquél que cuestione su proceder. En sus operaciones, la destrucción de las fuentes de agua y alimentos y la propiedad cultural de estas mismas comunidades es de rutina. Son caldo de cultivo del contrabando de armas, la corrupción y la violencia en todo el país. A cambio, la industria no genera beneficios económicos duraderos a las comunidades de los bosques, ocasiona considerables costos a largo plazo y contribuye con un modesto 5% al presupuesto nacional.

Este historial está lejos de cumplir con el cuarto Objetivo Nacional de Papúa Nueva Guinea, establecido al obtener la independencia en 1975 – de que sus “recursos naturales y medio ambiente ... se conserven y utilicen para el beneficio colectivo de todos nosotros y que se renueve en aras del beneficio de las generaciones futuras”.

La industria maderera compra influencias en Papúa mediante donaciones políticas, patrocinio público, grupos de presión y los medios de comunicación que poseen. Las empresas simplemente “compran” los derechos a las zonas de madereo, sin más trámite. Los jerarcas del gobierno interponen proyectos madereros en favor de estas empresas. La influencia de la industria sobre el gobierno de Papúa se extiende mucho más allá de lo forestal. Una empresa, Rimbunan Hijau, controlada por la multimillonaria malaya Hiew King Tiong, tiene acciones en los sectores financiero, medios, tecnología de la información, inmobiliario, minorista, imprentas comerciales, viajes y transporte marítimo. Estos intereses trascienden las fronteras de Papúa. El grupo Tiong tiene inversiones en medios de comunicación en China, Malasia, Camboya, Hong Kong, Papúa Nueva Guinea, Canadá y EEUU, así como una radio en Nueva Zelanda. Entre las inversiones de Tiong en Australia se cuentan el complejo comercial Harbourside, en Darling Harbour, Sydney, y empresas que dan cuenta del 10% del cultivo de mango de ese país.

Sin una acción internacional concertada, la reforma de la industria maderera de Papúa es una perspectiva lejana. Dentro del país la corrupción ha sofocado la voluntad de hacer valer las leyes existentes contra los intereses de las empresas madereras. En los casos en que se inició acción legal, quienes lo hicieron fueron atacados física y comercialmente.

En Papúa, la capacidad y la voluntad política de defender los derechos jurídicos y los derechos humanos están siendo socavadas por, entre otros, la propia industria maderera. Siguen algunos ejemplos de circunstancias perturbadoras de violaciones de los DDHH:

* Denegación del debido proceso de apropiación de la propiedad. El proceso mediante el cual el gobierno de Papúa Nueva Guinea compra derechos sobre la madera a las comunidades propietarias de las tierras y luego emite “licencias de extracción” a las empresas madereras tiene graves errores y termina significando la apropiación ilegal de tierras boscosas por parte de los madereros.

* Detención arbitraria de propietarios de tierras y brutalidad física por parte de la policía. A los intentos de restringir esta apropiación se está respondiendo con brutalidad. A veces la policía hace doble jornada y trabaja también para las empresas madereras. Entre las atrocidades documentadas se cuentan golpizas a los pobladores que iniciaron acciones legales, encarcelamiento sin cargos, quema de viviendas y cultivos, matanza de animales domésticos con fusiles M16 y hombres obligados a punta de revólver a realizar actos homosexuales entre sí.

* Intimidación a las mujeres y abusos. Las mujeres sufren la vuelta siguiente de esta violencia. Los “hombres grandes” de la comunidad manejan los tratos con las empreas madereras y algunos de ellos consideran que las regalías del madereo son “plata dulce” para gastar en alcohol y armas. Hay casos documentados de abuso sexual por parte de los trabajadores de las madereras así como de matrimonios por conveniencia entre trabajadores extranjeros y mujeres locales.

* Contaminación de fuentes de agua y alimentos. Lejos de brindar los beneficios prometidos, el madereo está quitando a la gente su derecho a una calidad de vida adecuada. Los sedimentos de bosques talados y carreteras abiertas están contaminando los ríos y lo mismo ocurre con los productos químicos que se usan para matar las plagas de la madera y preservar los troncos talados. Peces, langostas, cerdos salvajes, casuarios, canguros arborícolas y aves en general, todos ellos alimentos esenciales para las comunidades locales, han abandonado las zonas taladas.

* La destrucción de sitios culturales, objetos religiosos y cementerios. Es muy raro que haya compensaciones por tales actos de profanación, que niegan los derechos de las comunidades a utilizar su propia tierra con fines culturales y espirituales.

* Condiciones de trabajo injustas. Las lamentables condiciones de trabajo de muchos campamentos madereros vuelven a salir a la luz. En la Provincia del Golfo han muerto trabajadores y la empresa los enterró allí mismo en lugar de gastar en la devolución de los cuerpos a sus familias. A algunos trabajadores de la industria de la madera no se les pagó, otros han vivido en condiciones de hacinamiento y antihigiénicas, han trabajado de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde o, puesto que la única opción es el transporte de la empresa, han sido forzados a permanecer en el área de trabajo más allá de su voluntad de quedarse.

Las violaciones de los derechos humanos florecieron gracias al aislamiento físico de las comunidades madereras y a la corrupción y los recursos inadecuados del gobierno de Papúa Nueva Guinea. Estas mismas condiciones han permitido el tráfico internacional de armas, madera y seres humanos. Se está socavando la seguridad de la región y no apenas la administración y el gobierno de Papúa Nueva Guinea.

En Papúa, quienes más saben de manejo forestal sustentable son los habitantes locales. Sin embargo no se permite que este saber entre en el proceso de la administración forestal, contrariamente a los Objetivos Nacionales y Principios Directivos de Papúa Nueva Guinea.

Debe establecerse de inmediato una moratoria al otorgamiento y la renovación de todos los permisos de madereo. El modelo actual no está funcionando.

Extraído de: "Bulldozing Progress: Human Rights Abuses and Corruption in Papua New Guinea's Large-scale Logging Industry", por The Centre for Environmental Law and Community Rights y The Australian Conservation Foundation, 2006, http://www.acfonline.org.au/uploads/res_ACF-CELCOR_full.pdf