Estamos presenciando un proceso mundial de expansión del agronegocio y apropiación de tierras en el sur. A través del arrendamiento, la concesión, incluso la compra, empresas y estados se apoderan de grandes superficies de tierras agrícolas en condiciones de largo plazo, para producir alimentos básicos o agrocombustibles con destino a la exportación. Se estima que aproximadamente 1.000 grupos inversores se han instalado en más de 50 países de Asia, Oceanía, África y América Latina (1).
Para que eso sea posible se necesita que se movilicen grandes cantidades de dinero, se firmen acuerdos comerciales y se introduzcan cambios en los sistemas jurídicos, para crear así la infraestructura que permitirá la apropiación privada de la tierra, que en muchos países del sur sigue siendo manejada por las comunidades con sus sistemas tradicionales.
En este contexto, IRIN informó (2) que el 28 de mayo, el parlamento de Papua Nueva Guinea enmendó secciones de la Ley 2000 de Medio Ambiente y Conservación, que regula los principales proyectos vinculados a recursos del país. Las enmiendas conceden al director de la Oficina de Medio Ambiente y Conservación amplio poder para autorizar los planes ambientales presentados por inversionistas. La autoridad otorgada es tan amplia que la decisión final del director “no puede ser impugnada o revisada en ninguna corte o tribunal, salvo a instancias de un Instrumento de Autorización”.
La enmienda tiene muchas consecuencias para los derechos a la tierra y a la protección ambiental de seis millones de personas. Durante muchos años, los habitantes de Papua Nueva Guinea podían individualmente o conforme a derechos consuetudinarios, proteger su tierra mediante juicio o reclamación de compensación en caso de deterioro ambiental. Ahora, con las enmiendas, perdieron esos derechos.
Los grupos indígenas de Papua Nueva Guinea han luchado largamente por su tierra y sus derechos ambientales. En 1997, 1998 y 1999, hubo fuertes enfrentamientos a las actividades mineras de las empresas Freeport-Rio Tinto en Bougaiville y OkTedi (ver Boletín Nº 7 del WRM). IRIN informa que en ese entonces más de 5.000 personas perdieron la vida.
Además de la minería, las actividades de madereo destruyeron o degradaron los bosques con impactos muy perjudiciales en los habitantes de los bosques. Y más recientemente, otra presión se agregó a los bosques y su gente: las plantaciones a gran escala de palma aceitera, promovidas por préstamos del Banco Mundial, que han aumentado en un país donde el 97 por ciento de la tierra es de propiedad comunal y la mayoría de su población de 6 millones sigue viviendo en zonas rurales y depende de la agricultura de subsistencia como forma de sustento (ver Boletín Nº 40 del WRM).
En este contexto, las nuevas enmiendas que le quitan a la gente local los derechos a proteger su tierra parecen muy convenientes para las empresas en su búsqueda de nuevos territorios.
Sabemos el alto costo que esto tiene: mayor pobreza por la destrucción de los medios de sustento, concentración de la tierra y desplazamiento, pérdida de soberanía alimentaria para las comunidades locales, más emisiones de carbono tanto por la deforestación como por el agronegocio industrial. Ése es el alto precio de la arquitectura comercial mundial. ¿Quién rendirá cuentas por la destrucción?
(1) “Land grabbing and the global food crisis,” GRAIN, November 2009,http://www.grain.org/o_files/landgrabbing-presentation-11-2009.pdf
(2) “PAPUA NEW GUINEA: Indigenous people lose out on land rights,” IRIN,http://www.irinnews.org/PrintReport.aspx?ReportId=89322