En diciembre de 2000 la compañía Pluspetrol con sede en Argentina ganó la concesión para extraer gas natural de la cuenca de Camisea en el sudeste de Perú. Sin embargo, la intención de Pluspetrol de realizar operaciones sísmicas y de perforación dentro de la reserva estatal de los Nahua/Kugapakori ha dado inicio a una controversia debido a los impactos potenciales que sufrirían los habitantes indígenas que viven en esa zona en aislamiento voluntario y en etapas iniciales de interacción directa con la sociedad nacional. El Bloque 88 se superpone con la reserva de los Nahua/Kugapakori, establecida por el estado en 1990 para proteger a los grupos indígenas Nahua y Kugapakori (también conocidos como los Nanti) de los peligros del contacto con la sociedad nacional. El grupo encabezado por Pluspetrol también incluye a la compañía estadounidense Hunt Oil y a la corporación coreana SK.
Las críticas apuntan a las consecuencias físicas del proyecto, que pueden ser potencialmente devastadoras: el aumento del acceso de personas ajenas a la reserva intensificará la presión sobre sus recursos y expondrá a sus habitantes a enfermedades contra las que tienen poca o ninguna resistencia. En forma igualmente grave el proyecto viola derechos de los pueblos indígenas acordados internacionalmente, y atenta contra el derecho de negarse a tener contacto que actualmente ejercen estos pueblos, que viven en aislamiento voluntario. El proyecto está actualmente en el momento crucial para su aprobación o reprobación. En efecto, el apoyo de los bancos estadounidenses, que actualmente están evaluándolo, es esencial para que pueda seguir adelante, pero los activistas están presionando a los bancos para que nieguen la financiación hasta tanto el proyecto no resuelva el tema de los derechos de los pueblos indígenas dentro de la reserva.
La reserva de los Nahua/Kugapakori, con una superficie de 443.887 hectáreas, es el hogar ancestral de los pueblos Nahua, Nanti y Matsigenka. La mayoría de estos grupos están en las etapas iniciales de interacción directa con la sociedad nacional peruana. Estos grupos en interacción inicial (a excepción de los Nahua) no hablan español, tienen solo un contacto directo esporádico con algunas otras comunidades indígenas que viven fuera de la reserva, y son altamente vulnerables a las enfermedades introducidas y a la explotación de personas ajenas a la reserva. Al mismo tiempo hay algunos Nanti y otros pobladores de origen étnico no determinado que han elegido evitar todo contacto directo con la sociedad nacional y viven en estado de aislamiento voluntario. Al elegir el aislamiento voluntario, estos pueblos están ejerciendo su derecho de decir no al contacto directo con la sociedad nacional. Estos grupos son aún más vulnerables a las enfermedades introducidas y viven en las cabeceras más alejadas de los ríos Timpia, Serjali y Paquiria, incluida el área donde se realizan las pruebas sísmicas. La federación indígena peruana FENAMAD afirma que "el contacto de estos pueblos con personas ajenas a la reserva constituiría una grave amenaza contra su derecho a la salud, la identidad cultural, bienestar y posesión de tierras... y contribuye a su extinción como personas individuales y como pueblos indígenas". Se estima que la población total de la reserva es de entre 1.000 y 2.000 personas.
Pluspetrol ha admitido que son posibles los encuentros no deseados con los pueblos que viven en aislamiento voluntario en la zona de pruebas sísmicas en las cabeceras de los ríos Paquira y Serjali. Las pruebas en la reserva comenzaron en mayo de 2002 y Pluspetrol aseguró a sus críticos que "no se promoverán esos contactos", que se redujo el área sísmica para evitarlos y que se han puesto en marcha planes de contingencia. Los planes consisten en enviar grupos de pobladores indígenas locales antes de la llegada de los grupos de ensayo sísmico y en vacunar a todos los trabajadores contra enfermedades potencialmente contagiosas. En realidad no está claro qué es lo que está sucediendo en el lugar. Algunos trabajadores locales de Pluspetrol dicen que hay informes que reportan haber visto "indígenas desnudos o no contactados" pero que no así encuentros directos.
El análisis independiente de la evaluación ambiental (EA) realizada por Pluspetrol, que solicitaran las federaciones indígenas nacionales y locales COMARU y AIDESEP, concluyó que "no es posible asumir que el plan (de contingencia) podrá evitar en forma efectiva los impactos perjudiciales, como la difusión de enfermedades introducidas, que podrían resultar fatales para estas poblaciones aisladas". De hecho, cuando la empresa Shell Oil realizó exploraciones preliminares en la región en los años 1980, más de la mitad de la población Nahua murió como resultado de enfermedades respiratorias contraídas de los madereros. Pluspetrol respondió afirmando que están en proceso de crear un programa de control ambiental comunitario independiente, 3 meses después de comenzados los trabajos en la reserva. Los informes de haber avistado indígenas no contactados, si bien fueron negados por Pluspetrol en Lima (cuyos representantes declararon que los informes se refieren a las poblaciones "tradicionales Matsigenka" en la parte inferior del Camisea, dejando sin explicar la desnudez de los indígenas o que se los avistara en zona sísmica) confirman la conclusión del análisis independiente: "no importa cuántas precauciones se tomen, la única política totalmente efectiva es evitar trabajar en áreas que se sabe que están habitadas por esos grupos". Aparte de los riesgos físicos de encuentros inadvertidos, el trabajo en áreas que se sabe que están habitadas por estos grupos perjudica el derecho de estos pueblos a evitar todo contacto directo con la sociedad nacional, que actualmente están ejerciendo.
La EA de Pluspetrol reconoce que los habitantes de las reservas se verán afectados directa e indirectamente por el proyecto, que tiene planteada la construcción de tres pozos y la exploración sísmica en un área de más de 800 km² de bosque tropical, dentro del territorio de la reserva. La revisión independiente de la evaluación ambiental identifica, sin embargo, muchas amenazas, como, por ejemplo, el aumento de la colonización, la reducción de la base de recursos y el deterioro de la salud que no fueron reconocidos por la evaluación ambiental. En consecuencia, existe en forma correspondiente una falta de medidas concretas para abordar adecuadamente estos problemas. El Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT se refiere a los derechos de los pueblos indígenas a participar en la formulación, instrumentación y evaluación de planes de desarrollo que puedan afectarlos. Asegurar una consulta adecuada no es simplemente una responsabilidad de la compañía, sino una obligación del estado peruano, que ratificó el Convenio 169 de la OIT.
Si bien Pluspetrol ha realizado algunas visitas a los asentamientos de los Nanti, Nahua y Matsigenka, no se han divulgado detalles de esas visitas ni se han identificado o creado metodologías de relacionamiento con grupos, que, en general, saben poco o nada de español y mucho menos de explosiones sísmicas. Uno de los grupos Matsigenka que vive entre los ríos Paquiria y Camisea afirma que fueron persuadidos de dejar sus hogares por los grupos de avanzada de Pluspetrol. Los ex residentes de Shiateni dicen que se mudaron cuando uno de estos grupos de avanzada les dijo que el ejército los arrestaría o serían diezmados por las enfermedades si no se reubicaban en otro lugar. Estas afirmaciones fueron negadas por Pluspetrol que afirma que sus grupos de avanzada solo establecieron contacto para informarles sobre los planes de Pluspetrol. La compañía sostiene que la reubicación fue una decisión independiente tomada como parte de un movimiento tradicional y estacional. Una conclusión posible es que esto ilustra los desafíos de comunicar los impactos de la exploración de gas a pueblos que casi no comprenden el español y que mucho menos pueden comprender conceptos que les son ajenos como propiedad, dinero o explosiones sísmicas. No está claro si se trata de un caso genuino de reubicación forzosa. En cambio sí resulta evidente la naturaleza apresurada, asistemática y poco transparente de estas visitas, cuyo propósito es instrumentar el proyecto con el menor reconocimiento posible de los derechos de los pueblos indígenas de la reserva.
Los trabajos en la reserva comenzaron en mayo de 2002 y sin embargo el relacionamiento con sus habitantes ha estado regido hasta el momento por las presiones de los cronogramas de trabajo, más que por el respeto a sus derechos reconocidos internacionalmente, o la preocupación por su salud y seguridad. Los problemas más preocupantes son: las graves carencias de la EA con relación a los impactos indirectos para los habitantes de la reserva, los riesgos reales de encuentros potencialmente fatales entre los grupos sísmicos y los pueblos en aislamiento voluntario, y el incumplimiento, tanto por parte de Pluspetrol como del estado, de su obligación legal de realizar consultas, como explícitamente lo establece el Convenio 169 de la OIT. Y lo que quizás sea aún más preocupante, las actividades del proyecto violan los derechos de los pueblos que viven en aislamiento voluntario de negarse al contacto directo con la sociedad nacional. Teniendo presentes todos esos defectos, los grupos de activistas deben apoyar los hallazgos del análisis independiente, que llama al gobierno peruano a "proteger a estas poblaciones prohibiendo las actividades industriales dentro de la reserva". También es necesario exhortar a los bancos estadounidenses a rechazar las propuestas de financiación hasta que los consorcios de Camisea tomen en cuenta los derechos fundamentales de los habitantes de la reserva; la decisión de los bancos está prevista para diciembre de 2002.
Por: Conrad Feather, Shinai Serjali, correo electrónico: conrad@serjali.org . Para obtener más información sobre la reserva Nahua/Kugapakori y sus pueblos indígenas visite los sitios web http://www.serjali.org y http://www.onr.com/cabeceras/