Recientemente, el máximo tribunal de Colombia, la Corte Constitucional, emitió la sentencia T-248, de amplia relevancia, porque responde a una solicitud de pueblos afectados por proyectos REDD+. La Corte estudió la demanda de un pueblo indígena en la Amazonia, que argumentó cómo con el proyecto se violaron varios de sus derechos, lo que fue reconocido por el tribunal.
Además, la sentencia ratificó los impactos generados por los promotores de este tipo de proyectos y la responsabilidad del Estado en proteger los derechos de las poblaciones. Pero también, se dan orientaciones para la regulación del mercado de carbono. Ante ello, la organización colombiana Censat Agua Viva se pregunta: ¿deben regularse o eliminarse ese tipo de mercados?. Lee el artículo completo en español aquí.