Boletín 272 - Octubre 2024

Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.

Este artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.

La empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.

En Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo.

Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.

Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.

Uno de los temas centrales en discusión en Cali, Colombia, en la cumbre sobre Diversidad Biológica (CBD – COP 16) son los llamados “mecanismos de compensación por pérdida de biodiverisdad”, una estrategia para permitir a las empresas y sus aliados seguir aumentando sus ganancias y con ellas, la destrucción de los territorios.

En este reciente artículo, la organización Grain revela que el aumento de los proyectos de plantación de árboles, impulsado por la demanda de créditos de carbono por parte de las empresas, ha llevado a la conversión de más de 9,1 millones de hectáreas, principalmente en África y en países como Brasil e India.

En esta publicación, el Centro para la Integridad Pública (CIR, por sus siglas en inglés) revela que seis meses antes de su finalización, la iniciativa logró solo el 25% de la reducción de emisiones y el 14% de los objetivos de ingresos, con beneficios mínimos para las comunidades locales: alrededor del 3% de los beneficios esperados.

Reflexiones sobre una sentencia de bonos de carbono en la Amazonía Colombiana, por Censat Agua Viva.

La Articulação Agro é Fogo denunció el agravamiento de los incendios provocados, sistemáticos y orquestados, en la Amazonia y otros biomas.

En 2023, la administración del presidente indonesio Jokowi anunció un programa de producción de alimentos de 2 millones de hectáreas en el sur de Papúa, centrado en plantaciones de arroz y caña de azúcar. Esto supone ignorar que, en el pasado, programas similares resultaron un fracaso total, que solo produjeron ganancias para las empresas y un acaparamiento masivo de tierras así como violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.