En Uruguay, todos los bosques están protegidos por ley y su explotación está prohibida, salvo que medie autorización expresa de los organismos encargados de velar por su conservación. Por lo tanto, la certificación es en este país una herramienta totalmente innecesaria para asegurar la conservación de los bosques. Sin embargo, basta entrar a la "lista de bosques certificados " de la página web del FSC para descubrir que existen 75.000 hectáreas de "bosques" certificados en el país. Claro que al ver los detalles uno se entera de que en todos los casos se trata de plantaciones y no de bosques.
Más allá de nuestra discrepancia total con la pretensión de que las plantaciones sean consideradas "bosques", interesa mostrar algunas de las contradicciones entre la certificación de estas plantaciones y los propios lineamientos del FSC. Esa contradicción surge de la lectura de las dos primeras líneas de la introducción a los principios y criterios del FSC, donde se dice que "Es ampliamente aceptado que los recursos forestales, y las tierras relacionadas con ellos deberían ser manejados para atender a las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras".
Dado que el FSC equipara a las plantaciones con bosques y que en el principio 10 (plantaciones) establece claramente que "Las plantaciones deberán ser planeadas y manejadas de acuerdo con los Principios y Criterios del 1 al 9 y con los Criterios del Principio 10", resulta obvio que lo que se dice en la introducción es aplicable a las plantaciones.
La pregunta es entonces: ¿es que las plantaciones en Uruguay (y en particular las certificadas) atienden "las necesidades sociales, económicas, ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras".
Si bien en este artículo nos vamos a centrar en el tema de las necesidades sociales y económicas, cabe señalar que los monocultivos forestales a gran escala implantados en Uruguay atentan claramente contra su ecología. En efecto, en este país las plantaciones se instalan principalmente en ecosistemas de pradera, resultando en la destrucción de los mismos y de su fauna asociada. Por ende, es absurdo pensar que puedan "atender las necesidades ecológicas" del país, sino que se trata de un proceso equiparable al que todos denunciamos en los trópicos (la sustitución de bosques por pastizales), pero de signo inverso: la sustitución de praderas nativas por "bosques".
Establecido lo anterior, nos enfocaremos ahora sobre las necesidades sociales y económicas. El plan de promoción de la forestación lanzado en 1988 por el gobierno prometió la generación de empleos y el ingreso de divisas por un aumento de las exportaciones de productos forestales. Para lograr esos objetivos, el estado uruguayo realizó una fuerte inversión, incluyendo subsidios directos, exoneraciones impositivas, créditos blandos e inversiones en infraestructura. Al año 2000, el estado había destinado al sector US$ 69 millones bajo la forma de subsidios directos. El total de exoneraciones impositivas (al área plantada y a los bienes importados), ascendía a US$ 56 millones, en tanto que los préstamos blandos se estimaban en US$ 55 millones. Finalmente, la inversión en infraestructura totalizaba US$ 234 millones. En resumen, la sociedad uruguaya en su conjunto aportó 414 millones al desarrollo forestal. ¿Qué beneficio recibió esa sociedad?
En materia de generación de empleo, el resultado es desastroso. De todas las actividades agropecuarias, la ganadería extensiva de vacunos y de ovinos ha sido siempre considerada en Uruguay como la peor en cuanto a cantidad de empleos generados por hectárea. Ya no más: la forestación ha demostrado ser aún más negativa.
De acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2000, el número de trabajadores permanentes por cada mil hectáreas forestadas es de 4,49. La ganadería de vacunos de carne genera 5,84 empleos permanentes en la misma extensión de tierra, en tanto que la ganadería de ovinos provee 9,18 empleos. Y éstas, junto a la producción mecanizada de arroz (7,75) son las peores cifras. En el extremo opuesto se encuentran la producción para autoconsumo (262 empleos/mil hás), de aves (211), la viticultura (165), la horticultura (133) y la producción de cerdos (128), en tanto que en el medio se ubican la producción de vacunos de leche (22), los servicios de maquinaria (20) y los cultivos cerealeros e industriales (10).
En resumen, en un total de 660.000 hectáreas, la forestación ha generado apenas 2962 empleos permanentes. Si tomamos en cuenta que las plantaciones forestales han desplazado a otras actividades agropecuarias y que todas las demás actividades generan más empleos permanentes que la forestación, se llega a la conclusión de que esta actividad ha significado una pérdida neta de empleos permanentes en el sector agropecuario. En efecto, suponiendo que la superficie forestada hubiera continuado ocupada por la explotación vacuna u ovina, en el primer caso los empleos hubieran ascendido a 3854, en tanto que en el segundo habrían sido 6058. Queda claro entonces que el remedio ha sido peor que la enfermedad y que la forestación ha contribuido a expulsar trabajadores del medio rural. Si a esto le agregamos las malas condiciones de trabajo (bajos salarios, escasa seguridad, mala alimentación y alojamiento, dificultades de sindicalización), la informalidad (que implica la inexistencia de beneficios sociales) y la zafralidad, resulta claro que la forestación no atiende en absoluto las necesidades sociales de la población rural.
En materia económica, la situación no es mucho mejor. En efecto, la forestación prometió incrementar el ingreso de divisas, pero el 80% de las exportaciones vinculadas al sector forestal consiste en madera rolliza (o sea, troncos), en tanto que el 20% restante está compuesto por madera aserrada. Es decir, que el 80% de lo exportado no genera ningún puesto de trabajo industrial, en tanto que el otro 20% consiste en una transformación mínima de la materia prima que por ende tampoco resulta un generador de empleos de importancia.
A su vez, los ingresos provenientes de estas exportaciones tampoco significan ingresos de divisas importantes si se los compara con la superficie de tierra ocupada por el sector. En efecto, el sector forestal está exportando anualmente por valores que rondan entre los 35 y los 45 millones de dólares, cifras que lo ubican en los lugares más bajos de la canasta de exportaciones (que totaliza anualmente entre 2.000 y 2.500 millones de dólares). Si se lo compara con el arroz (sector que también genera pocos empleos por hectárea), vemos que éste, con una superficie sembrada promedio de unas 150.000 hectáreas (es decir, más de 4 veces menos que la ocupada por el sector forestal), llega a generar anualmente unos 200 millones de dólares por exportaciones (o sea, unas 5 veces más que lo obtenido por el sector forestal). Es decir, que la forestación tampoco cumple con el objetivo señalado en la introducción de los principios del FSC de "atender a las necesidades económicas" del país.
Las preguntas que se hace el movimiento ambientalista uruguayo son: ¿cómo es posible que el FSC esté certificando estas plantaciones, que no cumplen con ninguno de los requisitos planteados por el propio FSC? ¿Cómo es posible que las ONGs ambientales y sociales que participan en el FSC permitan que esto ocurra? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que cada plantación certificada debilita las campañas que hacemos para evitar que se siga destruyendo nuestro ambiente?
Es evidente que algo está funcionando mal y esperamos que los miembros del FSC se aboquen a buscarle soluciones, tanto para bien de la gente y el ambiente de países como Uruguay, como para asegurar la propia credibilidad de un sistema de certificación que fue creado para asegurar la protección de los bosques y no para darle un barniz "verde" a monocultivos forestales social y ambientalmente insustentables.
Por: Ricardo Carrere