Recursos Nicaragüenses y Australianos S.A. (RENAUSTRA), financiada por las empresas Mars Geosciencies y Boss Resources Corp. de Australia, está intentando desarrollar actividades de minería de oro en el área de amortiguación de la Reserva de Bosawas, donde se localiza uno de los mayores bosques tropicales remanentes de América Central. Esto ha generado preocupación entre las poblaciones locales y las ONGs ambientalistas, que denuncian que las fuentes de agua de la comunidad de Luz de Bocay se encuentran en peligro y que la empresa está intentando comprar el favor de la población de esta región donde impera la pobreza.
A medida que el tiempo ha ido transcurriendo los problemas se han incrementado y la población de Ayapal, del Municipio de Cua-Bocay tiene amenazado su sistema de agua potable, lo que ha generado una amplia movilización. Ha surgido entonces un Comité Cívico, que cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica y la Asociación de Mujeres y con la colaboración de la Cooperación Holandesa, con el objetivo de oponer resistencia a la minería en la región. Esta actividad constituye un peligro que atenta contra la vida de 36 comunidades mestizas y 24 indígenas. Los medios de prensa nicaragüenses han comenzado a interesarse en este conflicto y las emisoras de radio de la zona incluso emiten comunicados de oposición a las actividades de RENAUSTRA.
La empresa ha reaccionado intentando mostrar que su objetivo es el de "ayudar" a la comunidad, contratando, en las comunidades más pobres, a los líderes naturales y sus familiares, pagando sueldos que para la zona son desproporcionados e incluso proponiendo pagar el suelo del maestro. Con un estilo tipo mafioso, RENAUSTRA ha incluso influenciado las decisiones del gobierno local. La Alcaldía Municipal del Municipio de Cua Bocay, a través del Consejo Municipal, había aprobado por unanimidad una resolución, dirigida al Ministro del Ambiente y Recursos Naturales, en la que expresaba su rotunda oposición a las concesiones mineras de exploración y explotación dentro del Municipio Cua Bocay. Poco después, luego de "oportunas gestiones" llevadas a cabo por la empresa, la mayoría del Consejo Municipal decidió cambiar de opinión y emitió otra resolución a favor de la concesión minera. También se ha denunciado que la empresa está intentando con todos los medios posibles -incluso violentos- evitar que la gente local esté informada de los casos en que se han registrado consecuencias ambientales y sociales desastrosas a partir de las actividades mineras. Ha llegado al extremo de alterar los resultados del análisis del agua, pretendiendo que ésta contenía gran cantidad de metales pesados antes de la iniciación de la actividad minera en la región, ofreciéndose incluso a construir un sistema de agua potable alternativo. Un análisis de agua independiente, llevado a cabo por la ONG ambientalista ATDER-BL conjuntamente con los organismos competentes en la materia en Nicaragua, mostró que dichos resultados eran falsos.
Este es una caso muy claro de los impactos sociales y ambientales resultantes de las actividades de una poderosa empresa extranjera, que busca beneficiarse de la muy difícil situación económica que vive el país, de su débil legislación ambiental y de la falta de controles adecuados en lo concerniente a la conservación de los recursos naturales de un país como Nicaragua.
Fuente: Joshua Karliner, Corporate Watch, 9/6/99, basado en información provista por Jorge Ayala, ATDER-BL, 28/5/99.