Con el fin de enfrentar la crítica situación de las finanzas públicas y satisfacer las demandas del FMI, en marzo pasado el Presidente Jamil Mahuad envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para la denominada Racionalización de las Finanzas Públicas. Entre otras medidas, el proyecto allanaba el camino para la privatización de 60.000 hectáreas de tierras a lo largo de la costa del Pacífico en beneficio de la industria camaronera. La operación habría significado un ingreso de U$S 60 millones al estado ecuatoriano. Al mismo tiempo, el gobierno agregó que no sería desalentada la idea de abrir nuevas áreas para su entrega en concesión a las camaroneras. La iniciativa fue duramente resistida por las ONGs ambientalistas y la opinión pública en general, dado que significaba la promoción de una ulterior degradación de los recursos naturales para obtener beneficios de corto plazo (ver Boletín 21 del WRM)
Gracias a la oposición de varias organizaciones ambientalistas y comunitarias, el artículo del proyecto que se refería a la privatización de los manglares fue rechazado por el Parlamento. La lucha se vio facilitada por el hecho que los industriales camaroneros, que se ven enfrentados al problema provocado por la enfermedad de la mancha blanca, entendieron que el precio de U$S 1.000 por hectárea que figuraba en el proyecto de ley -a ser pagado una única vez por un contrato de 25 años de ocupación (U$S 1.500 para lo ocupantes ilegales)- era demasiado alto. Es interesante destacar que un reciente decreto del Ministerio de Medio Ambiente, referido al establecimiento de sanciones a la corta ilegal de los manglares, establece que a los fines de las multas el valor del manglar es de U$S 13.000 al año. Esta cifra es considerablemente mayor que la de U$S 1.500 la hectárea manejada en el polémico proyecto de ley, lo que muestra que el gobierno ecuatoriano tiene dos formas bien diferentes de valorar los manglares. ¿Por qué será?
Fuente: Late Friday News nr. 37, 18/6/99, tomado de: Instituto de Estudios Ecologistas.