Bolivia: Conservacionistas contra el ambiente y las poblaciones locales

Imagen
WRM default image

El proyecto de gasoducto San Miguel-Cuiabá de Enron-Shell, que atravesará la frontera entre Bolivia y Brasil, ha sido severamente cuestionado por ONGs ambientalistas y sociales bolivianas e internacionales debido a los impactos a largo plazo que la obra tendrá sobre el bosque seco de Chiquitano, al este de Bolivia, el cual es el mayor bosque tropical seco primario existente hoy en el mundo, y sobre la cabecera de cuenca del Pantanal, el mayor humedal del globo. Comunidades rurales y pueblos indígenas que habitan el área se verán igualmente afectados. Desde noviembre de 1998 representantes de comunidades locales, ONGs e instituciones científicas han estado exigiendo a la Corporación Privada de Inversiones en el Exterior (OPIC) –una institución financiera descentralizada del gobierno de los EE.UU.- que deniegue la financiación para ese destructivo proyecto (ver Boletines 20 y 21 del WRM)

El 4 de junio ppdo. un numeroso grupo de ONGs dirigieron una carta abierta al Sr. George Muñoz, Presidente y Director Ejecutivo de OPIC, explicándole una vez más las razones por las cuales dicho proyecto no debe ser financiado. “Los patrocinadores del proyecto no han sido capaces de consultar ni involucrar en forma adecuada a los actores interesados a nivel local para la evaluación de los impactos que el proyecto traerá consigo y el diseño de medidas de mitigación. Ni la primera Evaluación de Impacto Ambiental ni la subsiguiente Evaluación Ambiental Suplementaria han sopesado los impactos ambientales y sociales directos y secundarios del proyecto” señala la carta. También se denunciaron violaciones a la normativa ambiental vigente en Bolivia, así como falta de voluntad por parte de los promotores de considerar trazados alternativos para el gasoducto. “En definitiva, proceder al financiamiento de dicho proyecto representaría un intento de burlar la Ley de Ayuda Externa y los términos de otras políticas de OPIC que prohiben la financiación de proyectos extractivistas y de infraestructura que afecten los bosques tropicales y que causen, de alguna manera, daños de envergadura e irracionales al ambiente. Hoy en día esa política se ha desechado en lugar de implementado. Exigimos que sean mantenidos las intenciones y el lenguaje de las nuevas políticas ambientales de OPIC, del compromiso asumido por el Presidente Clinton y de la Ley de Ayuda Externa, y que finalmente sea denegado el financiamiento al proyecto” termina diciendo la carta.

A pesar de todo, el 15 de junio OPIC decidió financiar el proyecto. Según OPIC tal decisión obedeció a que algunas ONGs “conservacionistas” bolivianas y estadounidenses –que también habían suscrito la referida carta unos días antes- como Wildlife Conservation Society, World Conservation Society, el Jardín Botánico de Missouri, la Fundación Amigos de la Naturaleza y el Museo Noel Koempff Mercado, habían negociado con los promotores del proyecto su apoyo al mismo si se implementaba un plan de conservación evaluado en U$S 20 millones.

Teniendo en cuenta que las comunidades locales y los pueblos indígenas que viven en la zona son los verdaderos guardianes de la conservación de la naturaleza, resulta sorprendente que dichas ONGs estén tratando de usurparles ese rol. Por sorprendente que parezca, Enron y Shell también participarán en el proyecto de “conservación”. Este enfoque de la conservación de los recursos naturales -elitista y orientado al mercado- ignora explícitamente los derechos de las poblaciones locales e indígenas, con el sólo fin de obtener algún dinero para “mitigar” o “compensar” los efectos del proyecto. ¿Es serio asignar valor monetario al último bosque seco tropical que queda en el mundo? ¿O al mayor humedal de la Tierra? ¿Cómo puede asignarse un valor al hogar de las comunidades rurales y de los pueblos indígenas? ¿Es posible mitigar los efectos del proyecto? ONGs preocupadas de Bolivia han expresado su oposición a este acuerdo, que es opuesto a la ética y a los intereses de la población local y del país.

Fuentes: Glenn Switkes, International Rivers Network, 8/6/99, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), 22/6/99.