El 23 de marzo el Gobierno del Estado de Espirito Santo, Brasil, emitió el Decreto nro. 4428 que contiene nuevas regulaciones para la "reforestación" (léase, plantaciones) en dicho estado. Las plantaciones que ocupen una superficie de 100 o más hectáreas requerirán un permiso emitido por el Instituto para la Defensa Agrícola y forestal (IDAF), en tanto aquellas de menor superficie no necesitarán de permiso alguno. Además el Decreto establece porcentajes máximos para establecer plantaciones en diferentes zonas, que pueden alcanzar hasta el 50% en las regiones central de colinas, del extremo norte y del noroeste. De acuerdo con su texto, el propósito de esta norma es lograr que el área de "bosques plantados" en el estado aumente del 3 al 6%. Se da una alta prioridad al género Eucalyptus, que ya representan el 97,8% de las plantaciones actualmente existentes.
El día siguiente Claudio Vereza, parlamentario estadual, presentó un proyecto de ley para anular el referido decreto. El Sr. Vereza sostenía que el decreto elaborado por el Ministerio de Agricultura infrigía la Ley Ambiental de Espirito Santo, donde se establece que debe realizarse una evaluación de impacto ambiental en los casos siguientes: plantaciones de más de 100 hectáreas, plantaciones que ocupen un porcentaje significativo de tierras independientemente de su extensión, y plantaciones establecidas en áreas ambientalmente sensibles. De acuerdo con el nuevo decreto una determinada compañía plantadora puede instalar, por ejemplo, 100 plantaciones diferentes de 50 hectáreas cada una -alcanzando así un total de 5.000 hectáreas- ¡sin necesidad de solicitar siquiera un permiso! Además, de acuerdo con la argumentación de Vereza, la Constitución del Estado establece que toda actividad de explotación de recursos forestales que comprenda superficies superiores a las 100 hectáreas requiere de un permiso expedido por la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa. Asimismo, biólogos y ambientalistas han expresado su preocupación por el objetivo manifiesto de promover la plantación de eucaliptos en la región del extremo norte del estado, con la finalidad de cubrir un 50% del total del área de la misma, puesto que dicha región es susceptible a intensas sequías.
Es importante destacar que la principal compañía plantadora en Espirito Santo es Aracruz Celulose, que posee el 70% de las plantaciones en dicho estado. Cabe señalar asimismo que el Ministro de Agricultura, Sr. Pedro de Faria Burnier, responsable del Decreto 4428/99, es un ex-ejecutivo de dicha firma. Esta persona sirvió eficientemente a Aracruz en ese cargo, y continúa haciéndolo desde otra posición.
Aracruz Celulosa lanzó una agresiva campaña en los medios procurando mostrar que no existe duda respecto a que los eucaliptos no provocan ningún impacto ambiental negativo. Según uno de los ingenieros forestales empleados de la compañía, sucede exactamente lo contrario: los eucaliptos pueden ser una solución para la región norte, altamente afectada por las sequías, pudiendo incluso "mejorar la distribución de las lluvias en la región, que pasaría a ser constante en lugar de estar concentrada solamente en algunos meses del año". Además, desde el punto de vista de la empresa, la producción de eucaliptos es mucho más rentable que la de cultivos tradicionales.
Por iniciativa del diputado Vereza, el día 15 de abril se celebró una audiencia de la Asamblea Legislativa del Estado. Durante la misma tanto el Sr. Vereza como miembros de la sociedad civil criticaron duramente el referido decreto. La Federación de Campesinos Rurales de Espirito Santo se sumó a las críticas. Ellos consideran que debe priorizarse la producción de alimentos para el mercado antes que la de eucaliptos para Aracruz. El Procurador General también fustigó el decreto por considerarlo inconstitucional. Dado que sólo tres representantes de la sociedad civil pudieron hacer uso de la palabra, el Sr. Vereza solicitó una nueva instancia de audiencia.
Teniendo en cuenta la estrecha relación existente entre Aracruz Celulose, el gobierno del Estado, la Asamblea Legislativa, la Asociación de Forestadores y los medios de prensa, resulta difícil que la oposición al decreto logre la cancelación del mismo. Tal es el poder de la compañía que los medios decidieron boicotear la aludida audiencia pública del 15 de abril, que pasó prácticamente inadvertida en la prensa. En pocas palabras: el poder de Aracruz Celulose se extiende ahora a todo el Estado de Espirito Santo. Ello explica las dificultades que los indígenas locales tupinikim y guaraní han debido enfrentar para que la compañía les devuelva sus tierras. Las secuencias de su lucha han sido destacadas en varios artículos publicados en el Boletín del WRM (para una perspectiva general del asunto, ver Boletín 13).
Fuente: Conselho Indigenista Missionario (CIMI) - Espírito Santo